Es jueves, 21 de julio y en el despacho de Juan Fernando López Aguilar, en el palacio de la calle de San Bernardo (Madrid) que sirve de sede al Ministerio del Justicia, el aparato de aire acondicionado emite un zumbido gélido. El ministro, sin quitarse la chaqueta, habla muy concentrado. Mide sus palabras, realiza largas exposiciones y clava la mirada en el interlocutor.
Pregunta. Cuando usted hacía oposición, acusaba al Gobierno de legislar a golpe de titular. El Consejo de Ministros ha aprobado reformas para combatir los incendios. ¿No es eso legislar a golpe de titular?
Respuesta. Como portavoz de Justicia yo denuncié un estilo de Gobierno propagandístico que incidía de forma recurrente sobre el Código Penal y califiqué ese estilo de irreflexivo e intempestivo. En esta ocasión, el Gobierno intenta responder a un acontecimiento que impacta a la sociedad española, pero no a través de reformas intempestivas del Código Penal. Lo hace en congruencia con la importancia que le hemos dado a la protección del medio ambiente y a la prevención de incendios en un verano extremadamente caluroso y de sequía. Yo he dicho como ministro de Justicia que, a pesar del impacto y conmoción que produce un incendio con costes de vidas humanas, la respuesta no está en el Código Penal porque el Código Penal está bien armado en lo que respecta a delitos contra la seguridad colectiva y contra el medio ambiente, con penas privativas de libertad que pueden alcanzar 20 años de cárcel.
P. ¿Qué pensó al ver juntos en la manifestación contra el matrimonio gay al PP y a los obispos?
R. Respeto el derecho de manifestación que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, incluidos dirigentes del PP y obispos. Y esto debe subrayarse teniendo en cuenta que en la legislatura anterior las manifestaciones eran descalificadas como actos de lesa patria y oposición de pancarta. Nosotros recordamos muchas veces al Gobierno del PP que la pancarta es un derecho fundamental, y lo respetamos, ejerza quien lo ejerza.
P. ¿Prevén ustedes nuevos enfrentamientos con la Iglesia por iniciativas legislativas?
R. El Gobierno está cumpliendo su programa y su compromiso con la ciudadanía, y así va a seguir. La Iglesia ha manifestado su oposición a iniciativas que estaban en nuestra agenda y que expusimos antes de nuestra llegada al Gobierno y explicamos en la campaña electoral y, desde luego, en la investidura del presidente. No es esperable que hagamos otra cosa.
P. ¿El compromiso electoral de despenalización del cuarto supuesto del aborto, lo llevarán a término durante esta legislatura?
R. Hemos manifestado que en este punto no existirá una prioridad legislativa por parte del Gobierno, y por tanto es un punto en el que hemos lanzado un mensaje de reflexión y de contención, a la vista de otras prioridades que tendrán mayor importancia.
P. ¿Por qué siguen manteniendo para la Iglesia una financiación por encima del IRPF recaudado o privilegios como la exención del IVA?
R. Hay unos acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede desde 1979. Han pasado 26 años y en este tiempo se han producido acontecimientos de gran impacto, como la adhesión de España a la UE, lo que nos plantea interrogantes en relación con la sostenibilidad de esas excepciones tributarias cuyo marco se estableció entonces y no se ha revisado. Además, las soluciones específicas en que se han traducido los acuerdos, como el mecanismo de contribución tributaria con cargo al IRPF, se han sometido a emplazamientos temporales sucesivos (trianuales), al término de los cuales se ha planteado la posibilidad de establecer una solución de mayor sostenibilidad y, por tanto, perdurable en el tiempo. Yo diría que éste es el desafío que nuevamente deberá abordar el Ministerio de Hacienda con la Conferencia Episcopal, cuando en diciembre próximo caduque la prórroga. Éstos son los términos. Los propios acuerdos calificaron de provisional la contribución tributaria del Estado, en tanto en cuanto la Iglesia se procurase la propia suficiencia financiera. Pero sucede que por la propia naturaleza bilateral del régimen jurídico, articulado en un tratado internacional, ninguna solución puede ser impuesta unilateralmente, toda solución debe ser dialogada, negociada y acordada para modificar un convenio.
P. ¿Y la financiación será superior al actual 0,52% del IRPF?
R. Todos los Gobiernos de la democracia, desde luego todos los socialistas de Felipe González y también éste de Rodríguez Zapatero están apostando por la cooperación y un cumplimiento amplio, profundo, e incluso generoso, de los acuerdos con la Santa Sede. Y expresan una voluntad de lanzar un mensaje de tranquilidad y seguridad en lo que respecta a eso.
P. ¿Piensan mantener esa generosidad el resto de legislatura?
R. Es una decisión del equipo económico del Gobierno. Pero no ha habido variación que permita anunciar un cambio.
P. ¿Considera ético y admisible que en España se despida a profesores de religión pagados por el Estado por casarse, por ejemplo, con una persona divorciada
R. Éste es un aspecto que está en la agenda, y que deben ser negociados con la Iglesia desde el Ministerio de Educación a la luz de las reformas educativas. Está claro que en lo relacionado con los derechos de los profesores de religión, debe haber una garantía esencial de derechos fundamentales de todos los trabajadores de la enseñanza conforme con la Constitución y las leyes del Estado.
P. Un mes después del 11-M, el Gobierno anunció medidas legislativas para el control de mezquitas, rezos de imanes. ¿En qué ha quedado, un año después, ese anuncio?
R. Un mayor conocimiento y seguimiento operativo de la presencia de comunidades islámicas en España no puede incidir negativa ni discriminatoriamente sobre una determinada religión sino sobre las manifestaciones socialmente relevantes que planteen alguna amenaza potencial a otros valores constitucionales, como la seguridad colectiva. Y a este respecto estamos haciendo dos cosas: la primera, articular la cooperación con las manifestaciones socialmente relevantes de religiones minoritarias, y dentro de ellas, del islam, a través de la fundación Pluralismo y Convivencia. Y segundo, potenciar el conocimiento y la inteligencia en todos los ámbitos en los que se puedan plantear amenazas potenciales a la seguridad colectiva en España. Y para ello, tanto Interior como el CNI han incrementado los recursos dirigidos a obtener mayor información. Tanto a través de traductores e intérpretes, como especializando agentes de inteligencia y reforzando la comunicación de los servicios de inteligencia con otros extranjeros.
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