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El Gobierno andaluz de PP y Cs destina otra vez casi un millón a asociaciones antiabortistas por las exigencias de Vox

La izquierda rechaza el “negacionismo rancio y reaccionario, que se cuela por todos los rincones y que también se ha colado en los presupuestos de la Junta de Andalucía”.

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, presidido por Juanma Moreno, ha incluido de nuevo este año en su proyecto de presupuestos una partida destinada a implementar “medidas de apoyo a la natalidad mediante una atención integral a las mujeres embarazadas”, según se puede ver en el proyecto del ley, entre las partidas que gestiona la Consejería de Salud y Familias

Es la segunda vez que el Gobierno andaluz incluye en su presupuesto esta línea de ayudas, dotada con un millón de euros –700.000 para entidades sin ánimo de lucro y 300.000 para ayuntamientos–, pactada con Vox de cara al presupuesto del 2021 y que han permitido que en Andalucía se instale, por primera vez, una de las principales asociaciones antiabortistas del país, Red Madre. El año pasado no todas las subvenciones fueron a parar a asociaciones antiabortistas, católicas y antiderechos de la mujer, pero sí parte de ellas.

Mientras se sienta a negociar –aparentemente– con el PSOE los presupuestos del año 2022, el Gobierno andaluz incluye así partidas pactadas con la ultraderecha para las cuentas del año anterior. Los socialistas tienen previsto, si las cuentas superan el debate de totalidad el próximo 24 de noviembre, presentar una enmienda para que Hacienda retire esta partida y esos fondos, ese millón de euros, se dedique a salud, a pagar personal sanitario, según indicaron fuentes socialistas.

El PSOE considera que esta línea de ayudas es innecesaria, porque la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ya recoge las previsiones necesarias.

Hace unas semanas, la izquierda andaluza ya se movilizó contra el acoso al que organizaciones católicas someten a diario a las puertas de algunas clínicas que practican abortos con cobertura del sistema público y reclamó al Gobierno de Moreno que retirase esta línea de ayudas.

“Estamos ante una nueva ola del negacionismo más rancio y reaccionario, un negacionismo que se cuela por todos los rincones y que también se ha colado en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Asociaciones que supuestamente promueven la natalidad pero que en el fondo sabemos que son organizaciones que vienen desarrollando acciones de acoso a las mujeres y a los profesionales sanitarios que garantizan la prestación sanitaria del aborto”, consideró Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres y portavoz de la dirección de IU Andalucía.

“Es inadmisible que con fondos de dinero público se sufraguen a este tipo de organizaciones que cuestionan y están vulnerando los derechos humanos y los derechos de las mujeres. [Debe existir] tolerancia cero ante este tipo de organizaciones y que no reciban ni un euro de dinero público”, agregó Morillas.

Imprescindible

En aquel acuerdo del año pasado, Vox, PP y Ciudadanos firmaron lo siguiente: “Se considera imprescindible la puesta en marcha de un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades, con el objetivo de proceder a la atención de dichas mujeres […] Las mujeres embarazadas, sobre todo en situación de mayor vulnerabilidad, dispondrán por tanto de una asesoría en el embarazo y posparto que les preste apoyo durante el proceso, en su entorno cercano”.

Las ayudas, obviamente, tal y como fueron convocadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no hablan explícitamente de asociaciones antiabortistas, sino que se expresan de este modo: van dirigidas a “entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años”.

Sin embargo, en las bases de la convocatoria –que se abrió en tiempo récord el año pasado– la Consejería de Salud y Familias establecía como requisito para otorgar la ayuda que las asociaciones y ONG que opten a la subvención tuviesen “recogido de forma expresa en sus Estatutos, en el objeto social, alguno o varios de los siguientes fines: la protección y defensa de la vida, el respeto a la vida del ser humano, el apoyo, asistencia o asesoramiento a la mujer embarazada y a la maternidad”. Esta exigencia dejó fuera de la línea, por ejemplo, a Cruz Roja y a la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, que optaron a ellas. Una vez presupuestados los fondos, está por ver la redacción a la que acude el Gobierno en la próxima convocatoria.

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