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El fiasco de las oficinas ‘antiabusos’ de la Iglesia: cero denuncias en la mitad y silencio en otro tercio

Dos especialistas y cuatro víctimas coinciden en que su diseño impide el necesario clima de confianza.

Vista en perspectiva, la carta apostólica del papa de 2019 Vos estis lux mundi (Vosotros sois la luz del mundo) es histórica, porque se erige en el primer conjunto de reglas globales contra la pederastia, la lacra que está arruinando el siglo XXI a la Iglesia católica. Francisco obligaba a todas las diócesis a abrir antes del 1 de junio de 2020 oficinas de atención a las víctimas, donde estas pudieran denunciar. Era su manera de decir: la pasividad no es una opción. Pero lo cierto es que el caso español, analizado en este artículo, revela un impacto de las oficinas mínimo en relación con la dimensión del problema de abusos que describen víctimas, especialistas, medios de comunicación, organismos internacionales como Ending Clergy Abuse y experiencias en otros países

No es que lo que el papa exigió cayera en saco roto. Antes de la fecha límite se habilitaron oficinas para las 70 diócesis. Es más, ahora el presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan José Omella, pretende que sean una pieza clave para la «auditoría» encargada a Cremades & Calvo Sotelo. «No sabemos lo que nos vamos a encontrar» en las diócesis, ha dicho Javier Cremades, jefe del despacho. Es normal que no lo sepa. La Iglesia ha sido parca en exposición de resultados de estas oficinas.

¿Qué balance cabe hacer de esas oficinas con las que se supone que los obispados llevan cerca de dos años respondiendo al problema de los abusos? infoLibre preguntó a la CEE, que se remitió al futuro resultado del trabajo de Cremades & Calvo Sotelo. De modo que para rascar datos hay que ir diócesis por diócesis. Este periódico ha preguntado a las 70 por su balance en cuanto a número de denuncias, casos atendidos, abusos detectados y víctimas.

Según la información recabada desde el 3 al 25 de febrero, un total 26 diócesis, más de un 37% del totalno responden a este periódico o su respuesta no aclara si han recibido o no denuncias. Otras 34 diócesis, casi el 48,6%responden que en sus oficinas no ha habido denuncias. Ni una. Por último, sólo diez diócesis (cerca del 14,3%) responden –generalmente de forma poco detallada– que en sus oficinas ha habido denuncias.

¿Qué indican estos datos? Mikel Lizarraga, profesor de Derecho de la Universidad Pública de Navarra y coordinador de un informe académico sobre los abusos en la Iglesia en la Comunidad Foral, afirma que son el resultado de una «pauta de respuesta» que ha servido «más para proteger al victimario que para generar una confianza» que pueda atraer denunciantes. Su propia experiencia demuestra la importancia del ambiente. En un entorno «seguro, independiente y objetivo» como el universitario, Lizarraga ha entrevistado a más de 50 víctimas sólo de Navarra. A su juicio, la condición de «juez y parte» de la Iglesia es especialmente inapropiada para narrar una experiencia que provoca «angustia» y a veces «sentimiento de culpabilidad». Refuerza el efecto disuasorio la falta de expectativas de reparación que provoca el discurso de la propia Iglesia, donde se relativiza el fenómeno. «Para que alguien, una persona mayor por ejemplo, se meta en algo así cuando además sabe que los hechos están prescritos, necesita un clima de mucha confianza», explica Lizarraga.

El catedrático de Derecho Penal Josep María Tamarit, coordinador de un estudio de tres universidades sobre la pederastia en la Iglesia, cree que las oficinas «no han ofrecido suficiente confianza a las víctimas». A su juicio, la Iglesia española ha actuado en todo momento de forma reactiva, sin iniciativa para el esclarecimiento.

Sin respuesta: 26 diócesis (37,14%)

26 diócesis no responden a la solicitud de información de este periódico o su respuesta no aporta información suficiente. En Andalucía son un total de seis: MálagaCórdobaGranadaCeuta-CádizJerez y Guadix. «Agradecemos su interés, pero por el momento no vamos a responder a su cuestionario», contesta Málaga. Guadix remite a la Conferencia Episcopal, que siempre ha sostenido que esa información es de las diócesis y ahora remite al futuro «mapa de los abusos» que se propone hacer Cremades & Calvo Sotelo.

En Madrid las diócesis de las que no hay respuesta son Alcalá y Getafe. «Confío poder informar en breve», señala un portavoz de esta. SantiagoMondoñedo-FerrolTui-Vigo y Orense en Galicia no responden, como en Cataluña UrgellTarragona Tortosa. En Terrassa la diócesis se limita a afirmar que no hay «ningún caso en estos momentos», pero –pese a las reiteradas preguntas de este medio– no aclara si los ha habido.

5 diócesis no contestan en Castilla y León: ValladolidÁvila, Ciudad RodrigoSigüenza-Guadalajara y Astorga. Esta última afirma: «No podemos facilitarle la información numérica que nos solicita». Tanto Ciudad Rodrigo como Ávila remiten para obtener información a la Conferencia Episcopal. En la Comunidad Valenciana no responde Orihuela-Alicante. En las Islas Canarias, ni el Obispado de Canarias ni el de Tenerife. En Extremadura, Mérida-Badajoz. En Castilla La Mancha, Toledo, que dará «toda la información» a Cremades & Calvo Sotelo.

Sin denuncias: 34 (48,57%)

Cuatro diócesis andaluzas responden que no han recibido en sus oficinas ninguna denuncia: SevillaHuelvaJaén y Almería. «No se ha realizado ninguna denuncia […]. Por tanto, tampoco hay víctimas que hayamos atendido ni se ha realizado ninguna indemnización», responde la Archidiócesis de Sevilla. «No se han presentado denuncias, ni, por lo tanto, hay constancia de víctimas, ni, consecuentemente, se ha abonado indemnización», señala Huelva. Las respuestas de este tipo, o más escuetas aún, serán habituales.

Tampoco en las diócesis de Jaén o Almería ha habido denuncias, pero ambas sí señalan que han tenido constancia de casos. La diócesis almeriense explica que, aun sin denuncias, su oficina está atenta a cualquier información para actuar «por iniciativa propia». A través de la prensa local, explica la diócesis, conocieron el caso de José Antonio Martínez Soler, que contaba haber sufrido abusos en el colegio La Salle. La oficina se puso en contacto con él, pero ni hubo denuncia ni el afectado quiso «acompañamiento», señala la diócesis, que afirma que La Salle está tratando de esclarecer los hechos. En cuanto a Jaén, la diócesis asegura que ha pedido a El País información sobre un supuesto caso «de abuso de autoridad».

LleidaGironaSant FeliuVic y Solsona (Cataluña) no han recibido denuncias en las oficinas abiertas tras la orden del papa, según se desprende de sus propias respuestas. Al igual que Jaén y Almería, las diócesis de Girona y Vic sí afirman tener constancia de casos a pesar de no haber denuncias. «Se conocen cinco víctimas de casos anteriores a la oficina», señala Girona. El caso de Vic es singular. Su obispado detalla su propia hoja de ruta, que incluye un «canal de acogida y de denuncia» y «una comisión interdisciplinar de expertos». La diócesis ha recibido «consultas», no denuncias. «Si la comisión llegara a la conclusión de que hay indicios de abusos, se darían los pasos pertinentes según el protocolo», añade el portavoz, al que le consta sólo un caso de abuso del año 2000, con un condenado. Solsona también reclama explicación aparte. Aunque no ha habido ninguna denuncia en el periodo 2020-2021, la diócesis reivindica su trabajo anterior, cuando aprobó realizar una investigación en abril de 2019, antes incluso que la orden papal, y la cerró en diciembre del mismo año, concluyendo que entre los 50 y los años 70 dos presbíteros, hoy difuntos, abusaron sexualmente de ocho menores.

En Castilla y León aseguran no haber recibido ninguna denuncia las diócesis de BurgosZamoraSegoviaLeónPalenciaOsma-Soria y Salamanca. Esta última añade en respuesta por escrito a infoLibre: «Desgraciadamente, en el seno de nuestra diócesis tenemos que lamentar los abusos cometidos por dos sacerdotes hace más de treinta años». Uno fue condenado a la prohibición del ministerio pastoral por la Congregación para la Doctrina de la Fe; el otro falleció. La diócesis señala que a las dos víctimas se les ofreció acompañamiento espiritual y psicológico. «En ningún caso ha habido indemnización», señala un portavoz, que aclara que quedan fuera del ámbito de la diócesis los «posibles abusos» en las congregaciones. Burgos, también sin denuncias, afirma conocer tres casos, entre ellos uno que afectaba a un sacerdote fallecido hace dos décadas y otro a un docente de un colegio religioso que «ya ha sido apartado de su cargo» y está a disposición judicial. En cuanto al obispado de Zamora, asegura haber hecho gestiones para profundizar en un posible abuso publicado por el El País, en Toro en 1956, pero no haber logrado obtener más detalle. «Consultados los archivos relativos a 1956, no hay constancia documental de ninguna situación anómala en las parroquias de Toro», señala el obispado zamorano.

Las seis diócesis aragonesas –ZaragozaHuescaJacaBarbastro-MonzónTarazona y Teruel-Albarracín– comparten una oficina contra los abusos, con sede en Zaragoza, que no ha recibido ninguna denuncia de víctima. No obstante, hay dos obispados a los que les han llegado denuncias desde la Santa Sede y la CEE por «hechos sucedidos entre los años 50 y 80». Zaragoza está investigando tres denuncias y Teruel-Albarracín una. «Se informará oportunamente», señalan las diócesis.

En la Comunidad Valenciana, no hay denuncias –aseguran los obispados– ni en Valencia ni en Segorbe-Castellón. No obstante, la archidiócesis valenciana precisa: «En dos años no hemos recibido ninguna denuncia formal sino información de casos que hemos recogido a través de los medios. De estos tenemos el nombre de una víctima, nos hemos puesto en contacto con ella y estamos esperando respuesta. Hace poco tuvimos noticia de otra víctima, de un caso publicado en un medio, con la que también hemos contactado y esperamos respuesta”. La oficina ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía.

Ni en la diócesis de Mallorca ni en la de Menorca, en Islas Baleares, ha habido casos denunciados, según las diócesis. «Aquí en Menorca, afortunadamente, hemos de responder negativamente a todas las preguntas», señala el vicario general. En cuanto a Mallorca, no ha habido denuncias, pero un portavoz recalca que hay constancia de cuatro casos que atañen a congregaciones. «Como diócesis, ahí sólo se nos permite investigar si nos lo solicitan las propias congregaciones», señala.

Al obispado de Santander (Cantabria) tampoco ha ido ningún denunciante, aunque la oficina hace seguimiento de un caso publicado por El País sobre un sacerdote ya fallecido. El denunciante, que reside en Canarias, no ha acudido a la oficina. En Asturias la Diócesis de Oviedo informa: «No ha habido casos reportados». No obstante, asegura tener constancia de dos casos, ambos anteriores a la oficina. «Uno de ellos quedó archivado, declarándose inocente el sacerdote acusado», explica un portavoz. El otro supuso la expulsión del estado clerical en 2015, por orden del papa, del cura Jesús María Menéndez, conocido como Padre Chus, según la diócesis. Menéndez mantiene que es inocente.

Albacete y Ciudad Real, en Castilla La Mancha, aseguran que los casilleros de denuncias en sus oficinas están a cero. En la misma situación están Lugo (Galicia), PlasenciaCoria-Cáceres (Extremadura) y el Arzobispado Castrense, que responde así: «El balance es cero».

Con denuncias: 10 (14,28%)

En Madrid el número de «víctimas de abusos» atendidas por su Proyecto Repara impacta por comparación: 103 sólo en 2021. Ahora bien, la cifra incluye abusos sexuales en cualquier entorno, no sólo eclesial, y abusos de autoridad en la Iglesia. ¿Cuántos son abusos sexuales a menores en la Iglesia? Según el arzobispado, hay cinco casos de abusos a menores de sacerdotes o religiosos atendidos en 2021, a los que se suman otros cinco cometidos contra adultos. «Repara ya anunció que las personas que hubieran sido abusadas, con independencia de que incluso hubieran prescrito los hechos, podían dirigirse al proyecto. Así lo han hecho varias cuyo interés no era reabrir causas o solicitar indemnización, sino ser escuchadas, que se les pida perdón y, sobre todo, saber que su relato […] es creído», explica un portavoz de la diócesis madrileña.

En Cataluña la Archidiócesis de Barcelona tiene «una causa abierta», que implica a un presbítero ya apartado. En el País Vasco, la Diócesis de Bilbao investiga ocho casos, cinco derivados del informe de El País entregado al papa y tres más aflorados tras la publicación de una nota de la Comisión para la Prevención de Abusos Sexuales. «En cuanto finalicen las investigaciones se publicará la información correspondiente», señala un portavoz. Otras explicaciones son más parcas. La Comisión Metropolitana que agrupa a cinco diócesis de Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón señala que en San Sebastián se han tratado casos de «religiosos» y no de «diocesanos», con lo cual se han derivado a las órdenes correspondientes. La Diócesis de Vitoria afirma que desde la apertura de esta oficina han acudido «dos personas que querían acompañamiento por haber sufrido abusos en el ámbito de la Iglesia». «No sucedieron en Vitoria pero han querido acudir a esta oficina», señala un portavoz, que también tiene constancia de un caso de un religioso del colegio de los Hermanos Corazonistas.

La Diócesis de Ibiza, en Islas Baleares, afirma haber «tratado» un caso. La Archidiócesis de Pamplona y Tudela (Navarra), en un balance de junio del año pasado, apunta que la comisión ha atendido a ocho denunciantes de abusos en un colegio de Estella y a un solicitante de asesoramiento para un familiar, entre otros. Cartagena (Murcia) ha atendido «una denuncia de una persona menor de edad por presuntos abusos por parte de un sacerdote». Además, la diócesis tiene constancia de 16 víctimas desde 1950. A la Oficina de Protección de Menores de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño (La Rioja) acudió una persona para contar que un sacerdote diocesano fallecido podría haber abusado sexualmente de un adulto. «También se atendió una llamada telefónica en la que se indicaba la necesidad de hablar sobre un posible abuso por parte de otro religioso, también fallecido, aunque sin concretar más detalles y sin que haya una denuncia judicial», señala un portavoz de la diócesis. Dos hechos comunicados a la Fiscalía por la Oficina de Abusos del Obispado de Cuenca (Castilla La Mancha) han resultado en sendas aperturas de diligencias de investigación penal.

infoLibre preguntó a todas las diócesis si habían pagado alguna indemnización a una víctima. Sólo dos respondieron que sí: Mallorca, 30.000 euros, y Cartagena, 47.000.

Críticas de cuatro víctimas

Miguel Hurtado, víctima en la abadía de Montserrat, afirma que las oficinas están funcionando «entre mal y muy mal» por un problema de origen. «A la hora de escoger a las personas que tienen que atender a las víctimas, [las diócesis] han priorizado la ideología, primando el criterio de cercanía con la Iglesia sobre lo profesional», señala Hurtado, que denuncia que las oficinas «no están gestionando indemnizaciones». Su resumen: «No son independientes, no están diseñadas para atender las necesidades de las víctimas, no están reparando económica ni moralmente el daño causado».

Más duro es Javier, víctima de un religioso abusador y con contacto con una de estas oficinas. A su juicio, las oficinas son «una tapadera» para «seguir encubriendo y frenando a las víctimas». Si acuden, «ya ellos se encargan de que no denuncien, de darles una palmadita en la espalda, de decir ‘lo siento mucho’ y ‘lloramos un ratito’».

«Las oficinas están mal planteadas», afirma Manuel Barbero, padre de un menor que sufrió abusos en los Maristas y fundador de Mans Petites. «A una persona que ha sufrido abusos no le ofrece suficiente confianza, más si cabe con el posicionamiento de la Iglesia de echar balones fuera y socavar el testimonio de las víctimas», añade.

Emiliano Álvarez, víctima de abusos en el Seminario Menor de La Bañeza (León), se sintió tratado en la oficina de la Diócesis de Astorga como «un enemigo». A su juicio, las oficinas son «un muro contención» para que «los obispos no den la cara» y para «controlar y silenciar a las víctimas». Cuando se topan con alguien como él, decidido a dar repercusión a su caso y a pelear, la oficina se vuelve hostil, afirma Álvarez, que se declara dolido por haberse enterado por un whatsapp de la diócesis del reconocimiento de su condición de víctima.

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