Acusa a Manuel Almor de haber revelado su identidad en una nota. Dice que pidió la secularización y que Ureña no le presionó ni le condicionó
Daniel Peruga, el exdiácono de Épila cuya secularización e indemnización de más de 100.000 euros se considera una de las causas de que el Papa cesara al arzobispo de Zaragoza exime a este de toda responsabilidad en el proceso y asegura que actuó «libre y voluntariamente» y que Manuel Ureña nunca le ha «impedido, limitado o condicionado el ejercicio de sus derechos». Además reprende al arzobispado y acusa al administrador diocesano, Manuel Almor, de haber revelado su identidad en una nota de prensa, por lo que exige «disculpas públicas».
A través de un comunicado –que ya se iba a hacer público la semana pasada y fue pospuesto hasta ayer–, el joven, de 27 años, asegura que solicitó a Ureña la pérdida «del estado clerical» el pasado 6 de noviembre y que este le ofreció una ayuda económica para incorporarse «a la vida seglar». La cantidad, más de 100.000 euros, sería el equivalente a una carrera universitaria de cuatro años, más el sueldo de este periodo, a través de una transferencia bancaria, según fuentes del arzobispado.
Peruga se desvincula de las informaciones que apuntaban a que había sido víctima de abusos por parte del párroco de Épila y asegura que no ha realizado declaraciones «verbales ni escritas» a nadie y tampoco ha autorizado a «terceros» a que hablen por él.
INVESTIGACIÓN
Sin embargo, reprueba al arzobispado, a través del administrador Manuel Almor, por haber publicado su identidad en una nota de prensa (disponible aún en la web de la archidiócesis), le exige disculpas públicas y se ofrece a colaborar en la investigación. Asimismo, también se reserva acciones legales contra los medios de comunicación que hayan podido dañar su reputación y honor.
En el folio y medio del comunicado, Peruga no hace ninguna referencia a los presuntos abusos que supuestamente sufrió de su párroco, Miguel Ángel Barco, y que propiciaron que este le denunciara por calumnias.
Pero con su declaración siembra la duda sobre quién remitió a los medios de comunicación varias cartas, en las que él, supuestamente, narraba los hechos en primera persona. En una de las misivas –con formato de declaración jurada– se adjuntó hasta la copia de una denuncia que interpuso en la comisaría del Actur por unas pintadas contra su intimidad. Además se referían episodios familiares, datos personales y mucha información sobre personal del arzobispado, con nombres y apellidos, así como de otros sacerdotes de la diócesis.
«VENGANZA»
El caso de este diácono se destapó después de que se conociera que había recibido más de 100.000 euros del arzobispado tras negarle la ordenación como sacerdote. Un informe elaborado por el párroco de Épila así lo recomendaba atendiendo a cuestiones de carácter y de homosexualidad.
Paralelamente se dieron a conocer unos presuntos abusos a los que habría sido sometido y esto motivó la denuncia del párroco, que le acusó de haber preparado «un montaje» como «venganza».
Ambas partes estaban intentando un acuerdo que bien podría zanjarse con la retirada de la denuncia si, tal y como recoge el comunicado, el diácono niega públicamente todo y colabora con la investigación que el arzobispado estaría realizando para aclarar los hechos.
