El Nederlandsdagblad, recoge en un artículo del pasado 16 de Marzo, el escándalo de las inmatriculaciones y lo califica como ” el mayor escándalo inmobiario del mundo”.
Pocos países tienen tanta riqueza de catedrales, monasterios y capillas como España. Pero, ¿a quién pertenece realmente todo ese patrimonio cultural y religioso? Una controvertida enmienda a la ley otorgó a los obispos el poder de decidir por sí mismos. Veinte años después, un movimiento lucha contra “el mayor escándalo inmobiliario del mundo”.
El lugar podría ser peor. En la distancia a la izquierda los picos nevados de los Pirineos, a la derecha la montaña Montserrat con un famoso monasterio. Entre los bosques de pinos en una cresta, a las afueras de la ciudad catalana de Castellfollit del Boix, se encuentra la iglesia de Sant Pere. El hermoso edificio está hecho de piedra natural y data del siglo XI, al igual que la espaciosa rectoría de al lado, casi incluso más grande que la iglesia misma.
Durante mil años, la iglesia y la rectoría no pertenecieron a nadie. O mejor dicho, eran de todos. Desde tiempos inmemoriales, se han considerado propiedad de la comunidad local, que, después de todo, pagó y llevó a cabo la construcción. Por tanto, la iglesia y la rectoría de Sant Pere nunca fueron inscritas en el registro de la propiedad.
Una enmienda de 1998 a la ley cambió eso. A partir de ese momento, se permitió a los obispos españoles inscribir iglesias, ermitas y monasterios en el registro de la propiedad por primera vez, con el único requisito de una simple declaración de propiedad firmada por ellos mismos.
Según la ley de 1946 vigente hasta entonces, las diócesis sólo podían registrar parcelas no religiosas a su nombre por el mismo procedimiento. Se excluyeron los edificios para el culto porque el catolicismo romano era la religión del estado y se suponía que las iglesias servían al interés público.
La enmienda de 1998 a la ley, por ejemplo, dio luz verde a una ola sin precedentes de inscripciones en el registro de la propiedad. La iglesia y rectoría de Sant Pere de Castellfollit pasó a denominar la Diócesis de Vic. En un esfuerzo, el obispo registró simultáneamente el cementerio y la huerta adyacentes a nombre de la provincia eclesiástica. No se le dio publicidad. La sociedad civil tampoco sabía nada al respecto.
“Esto que ves aquí ha pasado en muchos pueblos”, dice Joan Casajoana (69). Es cultivador de cereales y proviene de una familia de agricultores con una larga trayectoria en esta comarca de la Cataluña Central. “Hasta 2015, los obispos podían actuar como si fueran notarios. Hicieron un certificado de propiedad, lo firmaron y eso fue suficiente para que un edificio se inscribiera en el registro de la propiedad a nombre de la diócesis”.
El segundo documento es de 150 años después. En 2012, la Diócesis de Vic, sin avisar al ayuntamiento ya los feligreses, vuelve a registrar la misma parcela. La iglesia de Sant Andreu, el rectorado, el cementerio y la plaza de la iglesia ya están registrados como propiedad de la diócesis.
La rectoría, una gran casa de tres plantas, está alquilada a una familia. Joan Casajoana no tiene idea de cuánto pagan los vecinos. “Pero al menos el capellán cobrará el alquiler”, dice. “Y no olviden que la rectoría también fue pagada y construida por los habitantes”.
Cuando Casajoana planteó el problema a la diócesis en 2018, la respuesta fue que todos en el pueblo eran católicos en ese momento. La iglesia, la rectoría y el cementerio fueron construidos por el pueblo cristiano. Por lo tanto, estas posesiones ahora pertenecerían legítimamente a la Iglesia Católica.
La Iglesia de Sant Pere en Castellfollit del Boix. – imagen Lex Rietman
El obispo de Vic no fue la única autoridad eclesiástica que se lanzó al mercado inmobiliario. En febrero de 2021, casi cuatro años después de que el parlamento español lo solicitara, el gobierno de Madrid publicó un informe que muestra que la Iglesia Católica había registrado cerca de 35,000 lotes entre 1998 y 2015.
Poco menos de 20.000 de estos eran edificios eclesiásticos y anexos. Los 15.000 restantes eran tierras de cultivo, solares edificables y agrícolas, viviendas, comercios, aparcamientos y otros inmuebles, repartidos por toda España.
La publicación provocó muchas reacciones, sobre todo en sectores críticos dentro de la iglesia. Encontraron que las acciones de los líderes de la iglesia eran contrarias a la moralidad cristiana de austeridad y solidaridad con los pobres.
Vendido
A fines de enero, casi un año después, los obispos publicaron un informe que examinaba la lista del gobierno. En él admitían que las diócesis habían inscrito erróneamente cerca de mil parcelas en el catastro a nombre de la Iglesia Católica.
Esto a menudo involucraba la propiedad de ‘terceros’. A veces se trataba de particulares, a veces de comunidades religiosas judías o evangélicas.
En una nota de prensa conjunta con el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española CEE expresó su disposición a hablar de ‘regularización’. En 122 casos, sin embargo, esto resultó ser bastante difícil, porque la diócesis en cuestión había vendido mientras tanto los edificios y sitios apropiados ilegalmente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, se ha mostrado notablemente distante. Aparentemente quería evitar un choque con la todavía poderosa Iglesia Católica. La coalición de gobierno progresista se limitó a remitir la lista de las mil parcelas polémicas a la Asociación Española de Municipios. Los propietarios legales tendrían entonces que reclamar su propiedad.
Los críticos dicen que el acuerdo entre la iglesia y el gobierno tiene serias fallas. Por ejemplo, la iglesia solo pretende devolver una pequeña parte de los 100.000 inmuebles estimados que ha puesto a su nombre desde 1946, según Antonio Manuel Rodríguez.
Es profesor de derecho civil en la Universidad de Córdoba y portavoz de Recuperando, una plataforma de una treintena de asociaciones nacionales y regionales -desde sindicatos de agricultores y organizaciones populares cristianas hasta asociaciones de municipios- que apuestan por devolver la polémica propiedad de la iglesia.
Dice que el trato entre la iglesia y el gobierno es un “fraude”. “Hay que recordar que las inscripciones en el catastro siempre se hacían a espaldas de las autoridades municipales”, dijo recientemente el profesor Rodríguez al diario Público. En 2006 salió a la luz que la Catedral de Córdoba, que fue mezquita hasta el siglo XIII, había sido registrada a nombre de la Iglesia Católica. “Luego comenzamos a buscar en el registro de la propiedad otros edificios que habían sido anexados por la iglesia.
Ilegal e Inmoral
El escándalo fue tan grande que hasta el alcalde conservador pidió una lista de todos los inmuebles que la iglesia había puesto a su nombre. Había 150 de ellos, mientras que solo hay 33 en la lista oficial del gobierno. Eso significa que la iglesia se quedará con muchos bienes raíces gracias al acuerdo con el gobierno”.
Sin embargo, Rodríguez también ve un punto positivo. Los obispos, a su juicio, han admitido implícitamente haber actuado “ilegal e inmoralmente”, al menos en los mil casos reconocidos.
Pero lamenta que el acuerdo legalice efectivamente las 34.000 asignaciones restantes desde 1998 por parte del gobierno. “Es inimaginable que en un estado de derecho una institución privada como la Iglesia católica tenga el privilegio de decidir qué le pertenece o no”, dice.
Según él, todas las inscripciones realizadas en el registro de la propiedad sobre la base de un certificado del obispo desde 1978 son inconstitucionales. En ese año, luego de cuarenta años de dictadura, entró en vigencia la constitución democrática. A partir de ese momento, la Iglesia católica dejó de ser una institución de gobierno y, por lo tanto, los obispos ya no podían actuar como notarios.
En 2015, la ley fue enmendada nuevamente. Desde entonces, la Iglesia Católica debe cumplir expresamente los mismos requisitos que las demás instituciones. En otras palabras, si la iglesia quiere registrar una parcela, un notario debe involucrarse a partir de ahora.
La Conferencia Episcopal Española niega que la Iglesia católica haya disfrutado de privilegio alguno. “El proceso de inscripción en la iglesia fue excepcional, pero también lo fue la situación”, escriben los obispos en su sitio web.
“Recordad que archidiócesis como la de Toledo y Tarragona datan del siglo I”. Los obispos tampoco creen que la iglesia se haya enriquecido en exceso. Según ellos, la mayoría de los edificios son ‘económicamente no rentables’.
Eso ciertamente no se aplica a la famosa Mezquita-Catedral de Córdoba. Es una mina de oro. En 2019, el año anterior a la pandemia del coronavirus, el edificio recibió 1,6 millones de visitantes de pago. Los adultos pagan una entrada media de veinte euros.
Perder la fe
Junto a la iglesia de Sant Pere de Castellfollit -al borde del precipicio, con una vista impresionante sobre el valle y las redondeadas cumbres de Montserrat-, Carles Martí (61) está reparando un muro. Él y su esposa han vivido en la rectoría durante mucho tiempo.
Allí han visto crecer a sus siete hijos. Martí, originario de la isla de Menorca, era amigo del párroco de Maians. Mientras visitaba al párroco, éste se ofreció a trasladar a Martí y su familia a la rectoría de Sant Pere. La enorme casa, utilizada en el pasado para excursiones escolares, había estado vacía durante algún tiempo y se había deteriorado.
Martí no tuvo que pagar renta. A cambio, renovó la casa y también mantuvo la iglesia de al lado. Todavía lo hace, también en un sentido inmaterial. “Si el párroco no puede venir, haremos misa”, dice Martí. “Sin comunión, pero leemos las Escrituras”.
¿Cómo siente que la iglesia, que no pertenecía a nadie desde el siglo XI, ahora está a nombre de la diócesis de Vic?
Martí, que se describe a sí mismo como ‘profundamente religioso’, responde con una contrapregunta. ¿Quién construyó la iglesia? La gente del pueblo, sí. Pero esos eran todos cristianos. Y si los cristianos lo construyeron, el edificio debe pertenecer a los cristianos.
Ahora todos quieren tener la iglesia, pero nadie va a misa. No entiendo. El problema no es de la Iglesia Católica, sino de la gente que ha perdido la fe”.
Joan Casajoana lo ve de otra manera. “Este es el escándalo inmobiliario más grande del mundo”, dice. “El gobierno de Madrid quiere encubrir el asunto lo antes posible, mientras que aún no sabemos el alcance total.
La lista del gobierno es poco fiable e incompleta. Toma la Catedral de Sevilla. Ese es un elemento en la lista de 35.000 paquetes. Pero si pides un extracto del registro de la propiedad -que cuesta tiempo y dinero- verás unas cuantas cosas más además de la catedral: 4.000 metros cuadrados de patio en el centro de Sevilla, más un edificio contiguo. ¿Sabes qué edificio es ese? La Giralda, construida en época musulmana como alminar de la gran mezquita de Sevilla. ¡Todo tomado por la iglesia! actuando arbitrariamente
Actuando arbitrariamente
Casajoana enfatiza que su lucha -junto con su sindicato campesino UP y las demás organizaciones de la plataforma Recuperando- no es contra la Iglesia Católica. Es una lucha contra “la acción arbitraria de los obispos”, que se dedicaron a sus asuntos en silencio sin informar a los involucrados.
Es significativo el apoyo que recibió del capellán de Maians. “El capellán habló abiertamente en contra de las acciones de la diócesis”, dijo Casajoana. “Dentro de la iglesia, muchas personas critican este tema. Dicen: ¿Qué predicaremos cuando la Iglesia se apropie de todas las riquezas?
A los afectados ya las autoridades municipales les queda poco más que acudir a los tribunales. Mientras tanto, Joan Casajoana, su sindicato de agricultores UP y diversas asociaciones de municipios continúan con las protestas callejeras, como últimamente en una veintena de lugares de España. Su lema: a Dios lo que es de Dios, al pueblo lo que es del pueblo. ◀
