El año pasado el Estado aportó a la Iglesia para el pago de sueldos de sacerdotes y obispos a razón de 11,8 millones al mes, unos 142 millones de euros, de los que sólo 106 correspondieron a la casilla del IRPF. El resto, unos 36 millones de euros, lo añadió el Gobierno con cargo a los Presupuestos. El saldo es parecido cada año y el Ejecutivo no exige su devolución.
La Unión Europea exige que se cancele este déficit y se supriman las exenciones en los impuestos IVA, IBI, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones que disfruta la Iglesia, al igual que otras instituciones, y que no son compatibles con las normas europeas. Y eso es lo que se ha intentado hacer ayer.
Queda por dilucidar si es el Estado el que financia a la Iglesia o son los contribuyentes; si deberían hacerlo sólo los católicos; si esa financiación debe de ser voluntaria u obligatoria, como en Alemania sólo por el hecho de ser bautizado salvo declaración de apostasía, y cuál es el verdadero saldo de la colaboración, si una diferencia a favor del Estado por la aportación pública que hace para garantizar el pago de conciertos con colegios católicos y sueldos de los profesores de religión, que suman unos 3.000 millones de euros anuales, o uno de 36.000 millones de euros a favor de la Iglesia, como calculó el Arzobispo de Zaragoza por lo que le ahorra al Estado en la prestación de servicios educativos, asistenciales y benéficos.
