La Comisión Islámica de España no es para los musulmanes lo que podría ser la Conferencia Episcopal. La CIE es, como la definen algunos musulmanes, casi un “órgano semigubernamental” en el que en la práctica el Estado español tiene mucho que decir a través del Ministerio de Justicia y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Justicia y el CNI inspiraron los estatutos de la Comisión en 2016 y supervisan las subvenciones que recibe; y si Ayman Adlbi, de 75 años, fue elegido su presidente, en julio de 2020, es porque contó con el beneplácito de ambas instituciones. Era el único candidato al cargo.
La detención, el miércoles pasado, de Adlbi y de dos de sus colaboradores por presunta financiación del yihadismo en Siria, en el marco de la segunda fase de la operación Wamor, empaña la imagen del órgano de dirección de los musulmanes en España, pero es ante todo un grave revés para la gestión del islam que el CNI y la subdirección general de relaciones con las confesiones minoritarias del Ministerio de Justicia desarrollan.
Esa detención “hará daño a aquellos que le eligieron: CNI y Ministerio de Justicia y a su rebaño de seguidores que le siguió (a Adlbi) sin saber quién es y en qué está implicado”, escribe, por ejemplo, el marroquí Younes Elkouarti, en Facebook, resumiendo una opinión bastante generalizada en redes sociales.
En junio de 2019 diez islamistas fueron detenidos en la primera fase de Wamor, por presunta financiación del yihadismo. Cuatro de ellos pertenecían a la familia de Riay Tatary, el anterior presidente de la CIE, que falleció en abril pasado. Para sustituirle fue elegido en julio, o más bien cooptado, Adlbi. Su perfil es muy similar al de su predecesor. Ambos son de origen sirio, se exiliaron en España a finales de los años sesenta, estudiaron medicina y se sitúan en la órbita de los Hermanos Musulmanes sin llegar a pertenecer formalmente a esa corriente del islam. Adlbi fue detenido a la vuelta de un viaje a Arabia Saudí, donde se desplazó para solicitar ayuda económica.
Los Hermanos Musulmanes no son una organización terrorista, pero en Siria han luchado contra el régimen de Bachar el Assad codo con codo con grupos yihadistas como el Frente Al-Nusra. Adlbi y sus colaboradores han querido ayudar a sus “hermanos” en Siria financiando una escuela en la que se impartía la sharia (ley islámica) –una enseñanza que se estudia en España– y se daba a los alumnos una formación militar. Es posible que adrede o a causa del caos que impera en ese país asolado por la guerra, parte de esos fondos hayan ido a parar a manos de terroristas. Las cuentas de la CIE se caracterizaban además por su “opacidad y falta de transparencia”, según denunció Said Ratbi, que hasta el año pasado fue miembro de la junta directiva.
Los Hermanos Musulmanes no son una organización terrorista, pero en Siria han luchado codo con codo con grupos yihadistas
Ayman Adlbi proclamó, en un comunicado, su “rechazo” a las “sospechas acusatorias” formuladas contra él, pero un puñado de personalidades y asociaciones musulmanas, como Junta Islámica, pidieron su dimisión o, por lo menos, que “abandone temporalmente su cargo como máximo representante de la ciudadanía musulmana española”. Aunque se resista a renunciar a su cargo Adlbi va a estar lastrado mientras dure la investigación. Es hora de ir buscándole un sustituto.
Al CNI y a Justicia se les plantea una disyuntiva. Podrían maniobrar para fomentar como sucesor a alguien del entorno de Ablbi. Son musulmanes de avanzada edad, originarios de Oriente Próximo, acomodaticios en su interlocución con el Estado español y las comunidades autónomas. No plantean con fuerza sus reivindicaciones. En sus 28 años de presidencia de la CIE (1992-2020) Tatary no logró que se cumplieran buena parte de los derechos recogidos en el acuerdo de cooperación firmado con el Ministerio de Justicia como la enseñanza del islam en la mayoría de escuelas públicas o espacios específicos en los cementerios.
La alternativa es buscar a alguien cuyo perfil se corresponda con la realidad del islam hoy en día en España. Más de la mitad de los dos millones de musulmanes residentes en el país son marroquíes y de origen marroquí aunque muchos nacidos en España. Si los sirios “poseen el poder y el dinero” los marroquíes “son los peones (…) que carecen de capacidad en la toma de decisiones”. Algunos de ellos sí han expresado estos últimos días su aspiración a ejercer mayor influencia en la gestión del islam.
Desde un punto de vista religioso la comunidad marroquí en España está a grandes rasgos dividida en dos grandes corrientes: aquellos que son sensibles a las indicaciones o presiones que se les puede trasladar desde el Ministerio de Asuntos Islámicos y los servicios secretos de Marruecos (DGED) y aquellos otros que se oponen al majzén (el Palacio Real y sus tentáculos) y que mayoritariamente se sitúan en la órbita del movimiento islamista moderado Justicia y Espiritualidad. Aunque lo niega, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) es afín a esta corriente fundada hace medio siglo.
“España teme mucho más compartir la gestión del tejido islámico con Marruecos, que adopta un islam malequita moderado capaz de adaptarse a la realidad occidental, que la presencia de organizaciones islamistas cercanas a los Hermanos Musulmanes (…)”, se lamentaba el periodista marroquí Rachid Elyounoussi, director del diario digital ‘Info Tal Qual‘ que se elabora en Barcelona.
Motivos tienen las autoridades españolas para temer la injerencia marroquí. La FEERI, que está integrada en la Comisión Islámica, tuvo hace más de una década una dirección entregada al servicio secreto marroquí. Por eso arremetió en sus comunicados contra la activista saharaui Aminatu Haidar, entonces en huelga de hambre en Lanzarote, y hasta puso en duda que los dirigentes argelinos fueran buenos musulmanes.
Marruecos, escribió en 2013 el entonces director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, ha elaborado “una estrategia de gran magnitud” en España. “Diseñada y desarrollada por el régimen, su objetivo es extender su influencia e incrementar el control sobre las colonias marroquíes utilizando la excusa de la religión”, señaló en un documento en el que justificó la expulsión de un agente marroquí que operaba en Cataluña.
Pero Justicia y el CNI tampoco desean que la FEERI, hoy en día en manos de islamistas críticos con el régimen marroquí, se haga con el poder en la Comisión Islámica. Generaría tensiones con el vecino del sur. Además, su presidente, Mounir Benjelloun, también puede acabar sentado en el banquillo aunque no por financiar el yihadismo sino por un asunto mucho menor. Está siendo investigado por emplear a dos trabajadores en la reforma de una mezquita en Mazarrón (Murcia) sin darles de alta en la Seguridad Social.
