El gobierno de la Junta de Andalucía, a través de la Consejera de Cultura, ha manifestado su voluntad de iniciar un diálogo con la jerarquía eclesiástica sobre el litigio surgido por la propiedad/gestión de la Mezquita-Catedral. Al mismo tiempo ha manifestado su objetivo de conseguir que el monumento sea de propiedad pública. Una voluntad loable para conseguir un fin al que aspiramos la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero no puedo evitar que me surja la inquietud sobre si el diálogo es el instrumento eficaz para resolver este conflicto.
Sin duda alguna el diálogo es un mecanismo necesario en un sistema democrático para alcanzar acuerdos y consensos entre posturas diferentes, es imprescindible en una sociedad democrática. Es cierto que en estos últimos cuatro años en Gobierno del PP ha impuesto su criterio y ha obviado este principio democrático, pero ya sabemos que a esta derecha le gusta más mandar que gobernar.
Mi escepticismo se debe a que la Iglesia Católica no se rige por los principios de la democracia. No puede. Sus creencias se fundamentan en dogmas inamovibles, por tanto innegociables y sus miembros solo rinden cuentas ante Dios. Esto también lo ha aplicado a sus bienes terrenales, basta un breve repaso a la Historia, pasada o reciente, para constatar el uso que ha hecho la jerarquía eclesiástica de ese poder divino en su propio beneficio material, aunque manifieste su predisposición para hablar, faltaría más.
El objetivo por el que se abre un diálogo es renunciar a las posturas de partida porque se considera que la búsqueda de un consenso es lo más importante. ¿Se da esta condición en el caso que nos ocupa? ¿Está la jerarquía eclesiástica dispuesta a renunciar a la apropiación que ha hecho de la Mezquita-Catedral, o a compartir la gestión con instituciones públicas, o simplemente a volver a denominar el monumento con su nombre oficial de Mezquita-Catedral? Existen serias dudas de que esto se pueda producir.
Cuando en un conflicto se habla de iniciar un diálogo, se abre una vía de esperanza en la ciudadanía. Sería lamentable que con esta oferta de diálogo sólo se pretendiera ganar tiempo hasta que se calmaran las aguas y se olvidara el asunto. La Junta de Andalucía debe iniciar esa aproximación cuanto antes y si no da resultado en un plazo razonable, buscar apoyos políticos, que los tiene, y adoptar medidas por la vía jurisdiccional. Eso sí daría credibilidad a las manifestaciones reiteradas que se han hecho de recuperar el carácter público de este monumento Patrimonio de la Humanidad. Esa es la actitud del Ayuntamiento con respecto a otros bienes públicos de los que la jerarquía eclesiástica se ha apropiado recientemente. Es la vía coherente con la obligación que tienen las Administraciones Públicas de defender los bienes que son de todos los ciudadanos.
Herminio Trigo Aguilar * Exalcalde de Córdoba
