El titular del organismo, Ángel Gabilondo, recibió el encargo del Congreso hace tres meses de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito eclesiástico
El Defensor del Pueblo ha solicitado comparecer en sede parlamentaria para “dar cuenta” del estado de la investigación sobre la pederastia en la Iglesia que hace tres meses le encargó el Congreso de los Diputados. En un comunicado con fecha de este lunes, el titular del organismo, Ángel Gabilondo, informa de que el 8 de junio pidió reunirse con la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para detallar los avances de los trabajos que ha realizado en los últimos meses para elaborar “un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica”. Del mismo modo, señala un portavoz del organismo, entregará “toda la información que se tenga hasta ese momento”. La mesa y portavoces de la Comisión Mixta fijará, añade el comunicado, el día y la hora de la comparecencia.
El Parlamento confió el pasado marzo a Gabilondo poner en marcha una comisión de expertos para investigar el problema de los abusos en las instituciones religiosas. Por el momento, el defensor aún no ha concretado nada oficialmente, salvo que se formará una comisión de expertos para ello. Tampoco cuándo empezará a funcionar. No obstante, fuentes del proceso ya informaron a finales de mayo a este diario de su hoja de ruta. La entidad abrirá una oficina para atender a víctimas fuera de la sede oficial de la institución con el objetivo de garantizar su privacidad (el defensor ya tiene acordado el alquiler del local). También habilitará varias vías para que las víctimas y las personas que aporten información puedan ponerse en contacto con los investigadores (la principal será un buzón electrónico, accesible desde la página web del Defensor del Pueblo).
Otra de las claves será la división del trabajo en dos equipos. Uno será una unidad integrada por 10 personas asalariadas a tiempo completo para atender a las víctimas. Todas ellas tendrán experiencia en este tipo de entrevistas. El otro será una comisión asesora, formada por entre 15 y 20 expertos de diversos ámbitos: psicólogos, victimólogos, historiadores, juristas, expertos en derecho canónico, informáticos… Se encargará de recopilar los testimonios recogidos, valorarlos y analizarlos, con el objetivo de elaborar un informe que refleje la dimensión real del problema de los abusos en la Iglesia y su encubrimiento. Ambos grupos de trabajo, matizan fuentes de la institución, serán flexibles y el número de los integrantes podrá variar conforme avancen los trabajos, incorporando perfiles que eventualmente vayan necesitándose.
La Fiscalía del Estado envió al Defensor el mes pasado un informe en el que analizaba el problema de la pederastia en la Iglesia y consideraba que la presencia del Ministerio Público en la comisión es “esencial”, ya que aportaría los criterios jurídicos oportunos para buscar una respuesta eficaz. Por lo que es posible que uno de los integrantes de la comisión asesora sea un representante de la Fiscalía.
Pese a conocer el esqueleto de cómo será su equipo, aún siguen abiertos varios interrogantes importantes sobre la puesta en marcha de la investigación: si colaborarán activamente los obispos, cuánto tiempo durarán los trabajos o su metodología, y si se realizará un estudio sociológico como en Francia para disponer de una radiografía amplia del problema o solo se cuantificará el número de afectados que logre contabilizar el defensor a través de sus canales y los casos publicados en los medios de comunicación.
Si conoce algún caso que no ha sido denunciado puede hacérnoslo llegar a través de la dirección de correo abusos@elpais.es
