El cómputo total de personas que han acudido al organismo público para denunciar casos de agresiones sexuales en la Iglesia asciende a 616 desde que el Congreso le encomendó en 2022 una investigación sobre el escándalo
Las víctimas y testigos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia siguen acudiendo al Defensor del Pueblo para contar su historia. Desde que este dio por terminado el pasado octubre la encomienda del Congreso de los Diputados para investigar el escándalo y elaborar un informe detallado del problema, 129 personas han llamado por teléfono, escrito un mail o visitado las instalaciones del organismo público para aportar su testimonio. Así lo ha afirmado el titular de la entidad, Ángel Gabilondo, este jueves durante su comparecencia ante el pleno del Congreso para presentar los informes anuales de 2022 y 2023. “Desde la presentación del informe hasta el día de ayer, 22 de mayo, se han registrado 223 solicitudes de nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia. De ellos, se han considerado válidos 129 testimonios”, ha explicado Gabilondo. Estos relatos se suman a los 487 que el Defensor incluyó en su informe, por lo que el cómputo total de personas que acudieron la entidad asciende a 616.
El Congreso de los Diputados encomendó por mayoría absoluta al Defensor del Pueblo la elaboración de este trabajo en marzo de 2022, después de que la investigación de este periódico —emprendida en 2018 y que destapó cientos de casos de pederastia— llevara a las instituciones públicas a abordar el problema. Gabilondo creó dos grupos de trabajo, un equipo de escucha y atención a víctimas y una comisión de expertos para analizar los datos y redactar el informe. Los trabajos se alargaron un año y medio y los resultados fueron demoledores: un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima una encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio. La base de datos de EL PAÍS —la única pública que detalla todos los casos que han ido saliendo a la luz por cualquier vía, como prensa, sentencias judiciales o admisión de las instituciones eclesiásticas— contabiliza 2.608 víctimas y 1.460 acusados.
Gabilondo ha recordado durante su comparecencia que aún está pendiente la presentación del informe en sede parlamentaria: “Fue registrado y entregado a la presidenta del Congreso el 27 de octubre de 2023 y está pendiente de ser debatido en pleno. Un informe de 777 páginas más sus correspondientes anexos. Además de ofrecer un gran análisis en múltiples aspectos del asunto, subraya asimismo los factores de riesgo y las consecuencias de estos abusos. Expone las respuestas que ha dado la Iglesia católica y cómo se ha abordado la cuestión por parte de los poderes públicos”. Solo el grupo parlamentario socialista —partido con el que Gabilondo fue ministro de Educación durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero— ha valorado durante el pleno posterior a la presentación del Defensor su informe y la urgencia de indemnizar a los afectados. “Estamos ante un asunto en el que más allá de las creencias religiosas que se tengan o no, entran en juego principios de reconocimiento, reparación y justicia. Sentimos un gran respeto por las víctimas”, ha declarado.
De los relatos recopilados por el Defensor —algunos se remontan a los años cuarenta— se extrae el impacto devastador que los abusos han tenido en personas concretas y la nefasta actuación de la Iglesia ante el escándalo, silenciando a los afectados en muchísimas ocasiones y eludiendo su responsabilidad. Por esta razón, la institución ha decidido mantener los canales de escucha, seguir recibiendo testimonios y atender a las personas que lo necesiten. El organismo no ha explicado si hará públicos —como ya hizo en la primera versión del informe— los lugares donde sucedieron los episodios.
Entre 24 recomendaciones que aparecen en el informe, figura la necesidad de reparar económicamente a las víctimas. Una de las propuestas del Defensor sobre este asunto es la creación de un fondo estatal —en el que participe la Iglesia— para pagar indemnizaciones y un órgano especial de carácter temporal que las regule. De hecho, en abril el Gobierno presentó un plan para indemnizar a los afectados de abusos sexuales en el ámbito clerical, en el que incluía la creación de un órgano especial e independiente de carácter temporal para la reparación de las víctimas cuyos casos hayan prescrito, el agresor haya fallecido o “no se haya podido seguir un proceso penal contra este”. Este equipo estaría integrado por especialistas y “exigiría la colaboración de la Iglesia católica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”.
Ante el anuncio, los obispos arremetieron contra el Ejecutivo a través de un comunicado en el que anunciaron que no participarían en el plan si los resarcimientos no incluyen a todos los afectados, no solo a los de ámbito religioso. También replicaron que la iniciativa era “parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica” y que suponía “un señalamiento público” del Estado. Y es que la relación de los obispos con el Defensor no ha sido fluida durante la investigación. No todas las diócesis y órdenes religiosas cooperaron por igual cuando este les solicitó información de los casos que conocían. “No todos los obispos han colaborado, alguno nos ha reñido”, aseguró Gabilondo ante los medios cuando hizo público el documento en octubre.
