La Asociación Española de Abogados Cristianos tramitó una queja al Ayuntamiento de Castellón por medio del Defensor del Pueblo y ahora ha sido admitida.
La asociación presentó una queja contra el Ayuntamiento de Castellón tras hacer pública su intención de desplazar la Cruz de los Caídos que se encuentra actualmente en el parque Ribalta.
Abogados Cristianos presentó una queja en la que alegan que la institución «fomenta actitudes discriminatorias contra los cristianos», según la asociación.
El Defensor del Pueblo la aceptó este martes y anunció que se han iniciado actuaciones «contra las discriminaciones religiosas hacia el símbolo», añadió, indicando que inicia una investigación al gobierno municipal.
El pasado mes de junio la asociación realizó la queja por la intención por parte del Ayuntamiento, según Abogados Cristianos, de querer destruir la Cruz.
La asociación no ve motivo para querer eliminar el símbolo cristiano y considera que el Ayuntamiento quiere vincular la Cruz con el régimen franquista.
La admisión de la queja tiene lugar una semana después de que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, durante su visita al refugio antiaéreo reabierto en la plaza Tetuán, avalara al Ayuntamiento en su decisión.
Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, indicó que, además del beneplácito de la Conselleria de Justicia necesitaba que le diera luz verde la Conselleria de Cultura.
La Cruz se ubica en el parque Ribalta, que es un espacio BIC (bien de interés cultural), por lo que está protegido y es un caso especial. Los demandantes consideran que la Cruz a día de hoy no contiene ningún elemento político que recuerde al franquismo.
Además, la asociación alega que el Ayuntamiento de Castellón no toma medidas «para frenar los constantes ataques que sufre», añadió. Manifiestan que está expuesta a actos vandálicos que perjudican su imagen y su significado.
La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, declara que «la Cruz del Ribalta no tiene ninguna inscripción y por tanto, se trata únicamente de un símbolo religioso que no cumple la Ley de Memoria Histórica».
La presidenta de la asociación confía en que «la justicia llegue a tiempo y no pase como en Callosa, que después de iniciar el derribo del monumento, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia lo paralizó, para posteriormente cambiar de opinión», señaló Castellanos.
La asociación se refiere a la retirada de la Cruz de los Caídos en el municipio alicantino de Callosa del Segura el pasado enero, que se vio rodeada de cierta polémica.
En los últimos meses, según la asociación, la Comunidad Valenciana ha registrado varios ataques contra la libertad religiosa relacionados con el derribo de cruces. Uno de los mencionados ha sido la retirada de la Cruz de los Caídos de la Vall d’Uixó el pasado mes de junio.
La asociación insiste en que el Ayuntamiento quiere eliminar el símbolo cristiano. A pesar de que la institución anunció que no se quiere destruir, sino reubicar la Cruz, según la asociación es una excusa para alargar el proceso que acabará con su derribo.
