Ángel Gabilondo constituye oficialmente la comisión de expertos que estará al frente de la investigación sobre la pederastia
El Defensor del Pueblo ha dado este martes el primer paso en la investigación de abusos sexuales a menores en la Iglesia católica que hace cuatro meses le encargó el Congreso de los Diputados y ha constituido oficialmente la Comisión Asesora de 17 expertos que estará al frente de dichos trabajos. También ha anunciado los canales de contacto al que podrán acudir las víctimas de pederastia para trasladar sus testimonios: el correo electrónico atencionvictimas@defensordelpueblo.es, el teléfono gratuito 900 111 025, presencialmente en un local que la entidad ha alquilado para este cometido —su ubicación no es pública para proteger la intimidad de los supervivientes— y la dirección postal del Defensor (Calle Zurbano, 42. 28010). Estas vías de comunicación estarán operativas a partir de este miércoles, según ha precisado el organismo en un comunicado. El Defensor ha creado en su web —www.defensordelpueblo.es— el apartado “Atención a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica”, donde recogerá toda la información sobre cómo se realizará la investigación, cómo será el informe que le encomendó el Parlamento, los especialistas que ejecutarán los trabajos y cómo se protegerán los datos personales de las personas que escriban, entre otra cuestiones.
El contacto de las víctimas con la institución para relatar lo que sufrieron será la piedra angular de la investigación. Así ocurrió en otros países, como Francia y Australia, donde los testimonios de los supervivientes —lo que padecieron, su encubrimiento y sus peticiones de reparación— llenaron miles de páginas de los informes y permitieron arrojar luz sobre lo que sucedió en dichos países. Del mismo modo, la confianza y el trato que reciban serán esenciales para que den el paso y cuenten su historia.
Por ello, este pretende ser el objetivo principal de la Comisión Asesora: “Determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder”, precisó el pasado 20 de junio el titular del organismo, Ángel Gabilondo, en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. El equipo de trabajo está compuesto por 17 expertos externos de diversos ámbitos (victomólogos, juristas, canonistas, docentes, etcétera), el mismo Gabilondo y sus dos adjuntas, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena.
Durante esa misma comparecencia, el Defensor también anunció que junto a la comisión asesora trabajará la Unidad de Atención a las Víctimas, un equipo de 10 personas asalariadas a tiempo completo que escuchará a los afectados que escriban, llamen o acudan a la entidad. Todas ellas serán profesionales con experiencia en este tipo de entrevistas. El organismo también ha instituido un espacio —con el nombre de Foro de Asociaciones— donde los representantes de las organizaciones de víctimas puedan asesorar a ambas comisiones de trabajo. Sus recomendaciones las podrá incorporar, posteriormente, el Defensor en el informe final. “Es imprescindible contactar con las víctimas para conocer la verdad y para contrarrestar la injusticia. Solo a partir del reconocimiento de sus testimonios se puede propiciar una adecuada interpretación de lo sucedido. De ahí, que no pueda realizarse un informe sin ellas”, declaró Gabilondo en junio en sede parlamentaria.
No obstante, algunas asociaciones de víctimas dudan de la efectividad de esta investigación, ya que el Defensor no tiene poder legal para obligar a los responsables eclesiásticos —obispos, cardenales y superiores de órdenes religiosas— a declarar, ni tampoco a que abran sus archivos para recabar datos y corroborar las denuncias que le lleguen a través de sus canales o que hayan visto la luz en los medios de comunicación. Los obispos ya han advertido de que no abrirán sus archivos diocesanos de forma generalizada, aunque están dispuestos a ceder datos sobre los casos concretos que le solicite el organismo.
Tanto algunos expertos como la propia Iglesia subrayan que dentro de esos almacenes documentales no hay mucha información sobre sacerdotes abusadores y sus posibles traslados, táctica común que siguieron algunos prelados para tapar estos casos en sus episcopados. “Si de verdad hubiera encubrimiento, ¿se dejaría por escrito? Hay una expectativa sobre los archivos francamente desorbitada. Me da la impresión de que pareciera esto una especie de relato de película medieval, de pensar que uno va a entrar en un archivo y se va a encontrar allí algo de El nombre de la Rosa: un libro oculto, secreto. Las cosas son mucho más sencillas”, explicó hace dos semanas en rueda de prensa el secretario de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo Luis Argüello.
La realidad es que las diócesis y las órdenes religiosas no están obligadas a abrir sus archivos ante una comisión del defensor, ni tampoco a entregar los datos de los casos que han conocido o juzgado en sus propios tribunales. Un derecho recogido en los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979: “El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Curias de los Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades eclesiásticas”.
El Defensor también solicitó hace un mes a EL PAÍS acceso a los casos de pederastia que el diario haya verificado durante su investigación periodística desde 2018, además de los dos informes que este diario ha entregado al Papa que suman ya 351 casos inéditos y el contacto de las víctimas que accedan a hablar con el organismo público: “De esta forma, y siempre desde el máximo respeto a las víctimas, a la privacidad de sus datos y a su voluntad, le agradecería que, en la medida de lo posible, nos facilite la información de que dispongan, singularmente de casos verificados, así como cualquier otra, de naturaleza analógica, digital, base de datos, etc., que considere relevante para los trabajos que hemos de acometer”. En total, los casos que han salido a la luz en España se elevan a 840 acusados con al menos 1.594 víctimas, según la contabilidad que lleva este periódico, la única existente ante la ausencia de datos de la Iglesia.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es. Si es en América Latina, puede escribir a abusosamerica@elpais.es
