Un tribunal hizo lugar a la apelación de sus defensores y anuló, por «un error técnico formal», el fallo que disponía la privación de la libertad. El sacerdote acusado de abuso sexual y corrupción de menores ya está en libertad
Desde ayer por la mañana, luego de ser notificado de una resolución adoptada el jueves por la Cámara de Apelaciones de Morón, el cura Julio César Grassi está de nuevo en la calle, con libertad ambulatoria. Pudo salir, después de 82 días, de su casa de la calle Sarratea, en San Justo, donde cumplía una prisión domiciliaria ordenada el 21 de marzo pasado por el Tribunal Oral N0 1 de Morón. Se presume que ya se instaló de nuevo en La Blanquita, una quinta que es su segundo domicilio, su oficina y donde cuenta hasta con una capilla para dar misa. Ese predio está ubicado sobre la calle Gorriti al 4400, en Hurlingham, justo enfrente de la Fundación Felices los Niños, escenario de los hechos de abuso sexual y corrupción de menores por los que fue condenado, en primera y en segunda instancia, a 15 años de prisión. Grassi sigue con la prohibición expresa de tomar contacto con niños, ingresar a las instalaciones de la fundación y salir del país, pero los querellantes y los fiscales de Morón que lo acusaron y lograron su condena están perplejos frente a la novedad.
“La Cámara no se expide sobre la cuestión de fondo, sobre si Gra-ssi debe estar con prisión domiciliaria o no, pero considera que debe hacerse nuevamente la audiencia en la que el Tribunal N0 1 de Morón resolvió esa limitación ambulatoria. Nosotros creemos que es una barbaridad que una persona condenada por delitos sexuales contra menores tenga tantas libertades y hasta pueda pensar en darse a la fuga”, dijo a Página/12 el abogado Juan Pablo Gallego, que en el juicio representó al Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Daniel Cavo, uno de los abogados de Grassi, confirmó que el sacerdote “está de nuevo con el régimen original de libertad restringida porque cesó la prisión domiciliaria”. Consideró que la de la Cámara es “una decisión correcta” porque “todavía no hay sentencia firme”, ya que el fallo de segunda instancia fue apelado ante la Suprema Corte bonaerense.
El fallo del Tribunal Oral N0 1 que dispuso la prisión domiciliaria de Grassi había sido apelado por el querellante Gallego, que pedía que el cura cumpliera la medida en una cárcel común, y por la defensa del sacerdote, que solicitó que se volviera al régimen de libertad restringida. La Cámara de Morón resolvió anular la decisión tomada en marzo por el Tribunal Oral N0 1, de manera que no se inclinó en forma expresa a favor de ninguna de las dos posturas.
De todos modos, al declarar nula la decisión tomada en una audiencia con las partes realizada en la sede del Tribunal Oral N01 el 21 de marzo, la Cámara suspendió de hecho la prisión domiciliaria y ordenó una nueva audiencia. El trámite tendrá que estar a cargo del mismo Tribunal 1, pero integrado para el caso, en forma excepcional, por otros tres jueces que serán elegidos por sorteo. Esto deja al margen de la decisión a los miembros originales del Tribunal 1, Claudio José Chaminade, Daniel Alberto Leppé y Mario Daniel Gómez.
La nulidad de la prisión domiciliaria se debió a la existencia de un “error técnico formal”. El nuevo tribunal tendrá que determinar, cuando se haga la nueva audiencia, si Grassi debe ser detenido o no. Mientras tanto, el cura tendrá libertad ambulatoria. Gallego opinó que la decisión de la Cámara “no debería ser suficiente” para que recupere la libertad fuera de su domicilio, mientras que Cavo confirmó que Grassi “ya salió de su casa” luego de la notificación. Esto fue ratificado por fuentes judiciales. “Esto le brinda a Grassi la posibilidad de fugarse o de reincidir en los mismos delitos por los que fue condenado”, criticó Gallego.
Según la Cámara, el fallo del Tribunal Oral N0 1 se aparta de lo que dicen los artículos 371 del Código Procesal bonaerense y 171 de la Constitución provincial. El artículo 371 dice que pueden agravarse las condiciones de libertad de una persona condenada, aun cuando la sentencia no esté firme, pero “debe verificarse el peligro cierto de frustración del proceso” penal. El artículo 171 de la Constitución expresa que las sentencias “serán fundadas en el texto expreso de la ley”. Ante la decisión de la Cámara, querellante y fiscales dudan si deben apelar o no, ante la Cámara de Casación. “Si lo hacemos, Grassi seguirá libre hasta que Casación se expida y esto puede demorar mucho. La nueva audiencia del Tribunal 1 podría hacerse antes y allí volveremos a pedir que quede preso”, dijo una fuente consultada por este diario.
