Sede de la facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia. MÒNICA TORRES
Duro varapalo al Gobierno de la Comunidad Valenciana, formado por PSOE y Compromís. El Tribunal Constitucional ha anulado la parte de la ley autonómica de Salud que prohibía a los alumnos de Medicina de las universidades privadashacer prácticas en hospitales y centros sanitarios públicos. Según considera el pleno del tribunal de garantías en una sentencia difundida este martes, el Ejecutivo regional había vulnerado la Ley Fundamental al contradecir la normativa estatal, que insta a los Gobiernos a cooperar con todas las universidades, sin distinguir entre públicas o privadas.
Los magistrados reprochan al bipartito que la norma valenciana únicamente impone al Ejecutivo «el deber de colaboración» con las universidades de «titularidad pública». Además, insisten en que la legislación nacional insta a las autonomías a sellar convenios con las privadas para establecer vínculos con las instituciones sanitarias públicas. «Siendo la realización de las prácticas imprescindibles, además, para completar el período de formación y la obtención de los títulos académicos», apostilla el tribunal. El recurso fue presentado por un grupo de senadores del PP.
Un conflicto de 2016
La Generalitat prohibió a las privadas el acceso a las prácticas en 2016, excepto para aquellos alumnos que ya habían empezado la carrera. Lo hizo a instancias de las universidades públicas, que habían traslado al Ejecutivo autonómico los problemas que encontraban para que sus estudiantes se formaran en los mismos espacios y con el mismo personal que los de los campus privados. Un conflicto que también se produce en otros lugares de España, como Murcia, y que en la Comunidad Valenciana resultaba especialmente grave en Castellón.
Esto se producía porque durante los 20 años del PP al frente de la Generalitat, y sobre todo durante la presidencia de Francisco Camps, el Gobierno valenciano apoyó el crecimiento de las privadas. Y el permiso para abrir nuevas facultades de Medicina fue uno de los ejes de ese respaldo. A partir de 2015, el Ejecutivo autonómico integrado por socialistas y Compromís dio un giro a favor del sistema público y empezó a reducir las ayudas que recibían las privadas.
La Generalitat justificó entonces el veto a los centros privados, entre otros motivos, para impedir que los profesionales sanitarios públicos tutelaran a estudiantes de las privadas en su horario laboral y cobraran por ello.
Antecedentes judiciales
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ya declaró en octubre contraria a derecho la exclusión de los estudiantes de las privadas de los hospitales públicos tras un recurso de la Universidad Católica San Vicente Mártir, privada y propiedad del Arzobispado de Valencia. Pero la decisión no era definitiva porque después de presentado el recurso judicial, la Generalitat había aprobado la Ley de Salud valenciana, que consagraba la exclusión y contra la que, por su rango, solo podía pronunciarse el Constitucional, como ha sucedido ahora.
Una portavoz de la Consejería de Sanidad Universal que dirige la socialista Ana Barceló ha indicado que, desde que conoció el fallo del TSJCV, el departamento está trabajando «en un convenio con las universidades» privadas para que puedan realizar las prácticas, y que este estará listo antes de abril para que dispongan «de tiempo suficiente para preparar el próximo curso».
El rector de la Universidad Católica San Vicente Mártir, José Manuel Pagán, ha instado a la consejería a firmar los acuerdos y ha celebrado la sentencia del Constitucional: «Siempre hemos defendido el derecho de nuestros alumnos de Ciencias de la Salud a tener la misma formación práctica que los de Derecho, por ejemplo». El rector ha considerado contradictorio que sus alumnos de Derecho sí puedan hacer prácticas en los juzgados, que son dependencias de la Administración, y los de Ciencias de la Salud, en cambio, no.
Rafael Ballester, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universad Jaume I de Castellón (pública), ha advertido, por su parte, de que en los hospitales y ambulatorios públicos no hay sitio para sus estudiantes y los de la privada —que en Castellón es el CEU—. «Hoy día no hay recursos para todos. Si se fuerza la entrada, se reducirá la calidad docente y existe el riesgo de que los médicos acaben saturados y se perjudique, incluso, la calidad de la asistencia sanitaria». Ballester considera que los estudiantes de la pública deben tener prioridad por una cuestión de «justicia social». «Nuestros alumnos llegan a Medicina por un criterio solamente de mérito, después de mucho esfuerzo y con un expediente excelente. Una empresa tiene derecho a intentar ganar dinero, pero no a costa de la calidad de la educación».
