El tribunal de garantías acepta estudiar el recurso de Vox contra la reforma del Código Penal que castiga con hasta un año de cárcel el acoso a mujeres que acuden a una clínica a abortar
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por Vox contra la reforma del Código Penal que castiga con hasta un año de cárcel a quien acose a mujeres que acudan a abortar a una clínica. El tribunal de garantías ha admitido, con ponencia de María Luisa Balaguer, el recurso de la formación ultraderechista.
La reforma del Código Penal fue puesta en marcha el pasado mes de abril. Una reforma que castiga con hasta un año de cárcel a quien “para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”.
Tanto el Partido Popular como Vox mostraron su oposición a la reforma durante su tramitación parlamentaria, pero fue finalmente la formación ultraderechista que dirige Santiago Abascal la que dio el paso de cuestionar la medida ante el Tribunal Constitucional.
El acoso a mujeres que acuden a clínicas abortistas es denunciado por distintos colectivos y partidos políticos desde hace años. Grupos de gente con pancartas, megáfonos e incluso panfletos para intentar coaccionar a las mujeres y que finalmente no interrumpan su embarazo. Tal y como informó elDiario.es, grupos ultracatólicos se organizan para llevar a cabo este hostigamiento con mensajes como “al abortar, parte de ti también se muere”, rezan en su presencia e incluso instalan falsas ambulancias para que se hagan una ecografía y escuchen el latido del feto.
El recurso de Vox ataca el único artículo de la reforma, que partió de una proposición de ley del PSOE, y que castiga con penas desde tres meses a un año este tipo de hostigamiento, aunque también deja la puerta abierta a una condena de trabajos en beneficio de la comunidad. Las mismas condenas están contempladas para quien dirija su acoso a los trabajadores de estas clínicas y no es necesario que la persona agraviada presente una denuncia, por lo que se convierten en delitos perseguibles de oficio, por ejemplo, por la Fiscalía.
