La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) subrayó este martes que entre la ley islámica sharía y el Convenio Europeo de Derechos Humanos hay «incompatibilidades muy claras».
La resolución del informe «La sharía, la Declaración de El Cairo y el Convenio Europeo de Derechos Humanos» fue aprobada por 69 votos a favor, 14 en contra y ocho abstenciones.
El texto refleja la preocupación de los legisladores europeos porque Turquía, Azerbaiyán y Albania sean firmantes de la Declaración de El Cairo de 1990, que defiende la aplicación de la sharía.
En el mismo se pide a los 47 Estados del Consejo de Europa que «protejan los derechos humanos independientemente de las prácticas o tradiciones religiosas o culturales» y a los tres países firmantes de la citada declaración «a considerar su retirada» de ese documento.
La petición es extensible a Jordania, Kirguizistán, Marruecos y el Consejo legislativo palestino, que tienen el estatuto de «socios para la democracia» de la APCE y también firmaron la Declaración de El Cairo.
El ponente del informe es el diputado español del PSOE Antonio Gutiérrez Limones, que no pudo defenderlo en el hemiciclo por tener que viajar a Madrid «por motivos parlamentarios».
Su sustituta, la islandesa socialista Thorhildur Sunna Aevarsdottir, resumió la incompatibilidad alegando que la sharía impone a la mujer «heredar la mitad que un hombre, que su palabra valga la mitad o que el marido tenga derecho a pegar a su esposa».
El diputado holandés del PPE Piotr Omtzig señaló que «si creemos que Arabia Saudí avanza porque las mujeres pueden recibir un SMS cuando su marido quiere divorciarse, nos equivocamos».
Su compañera de grupo, la senadora Esther Muñoz, declaró que «las mujeres llevamos décadas luchando por nuestros derechos y no podemos olvidarnos de las más vulnerables, las musulmanas».
La parlamentaria de Podemos Miren Gorrotxategi recordó que «la laicidad es uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas», mientras que el senador del PNV Jokin Bildarratz, afirmó que «la comunidad que no respete el Convenio Europeo de Derechos Humanos no puede estar» en el Consejo de Europa.
