«El pin parental no es necesario». «Menos pin y más sentido común». «No hay necesidad de un pin parental, porque el sistema educativo ya tiene mecanismos para corregir y avisar de situaciones no adecuadas si se producen, aunque la Inspección Educativa nos confirma que no hay denuncias ni quejas de las familias». El consejero de Educación del Gobierno andaluz, Javier Imbroda, ha desmontado este miércoles todo el cuerpo argumental que Vox ha usado para reclamar un veto parental en la escuela. Se trata de un mecanismo, sin encaje en el marco legislativo actual, para obligar a los colegios a pedir una «autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias «.
La medida viene recogida con esta literalidad en el punto 19 del acuerdo político firmado por PP, Ciudadanos y Vox el pasado septiembre. Con esa rúbrica, el partido de Santiago Abascal se comprometió a apoyar los Presupuestos andaluces de 2020, garantizando la estabilidad del Gobierno de Juan Manuel Moreno prácticamente hasta agotar la legislatura. Después de un guirigay de declaraciones a favor y en contra de la medida de Vox por parte de consejeros andaluces del PP y de Cs, el titular de Educación ha querido zanjar el debate volviendo a la raíz del problema, esto es, la redacción misma del punto 19 del acuerdo. ¿Fue un error asumir el punto 19 en el documento?, le han preguntado en una concurrida rueda de prensa. «Efectivamente tiene usted razón. Hay que matizar ese punto del acuerdo, porque no se trata de las actividades complementarias, ya que el marco normativo actual ya tiene mecanismos para supervisar situaciones no adecuadas», dice Imbroda.
Las actividades complementarias o talleres que Vox ha puesto en la diana del debate forman parte de las asignaturas obligatorias, son evaluables, son diseñadas y elegidas por el claustro de profesores y expuestas y debatidas posteriormente en el consejo escolar, donde los padres tienen voz y voto. Las familias, ha reiterado el consejero, ya tienen acceso a esa información cuando empieza el curso, pueden decidir si su hijo entra o no entra en el aula durante una charla sobre diversidad sexual, por ejemplo. Y en caso de no hacerlo, la normativa dice que el centro debe ofrecer una alternativa a estos escolares.
Lo que los padres no pueden hacer, porque la legislación estatal y autonómica lo impide, es censurar esa actividad en el colegio de sus hijos. La viceconsejera de Educación, María del Carmen Castilla (jurista de profesión y que ha ejercido durante años como inspectora educativa), ha ido un paso más allá, desautorizando el acuerdo suscrito entre PP, Cs y Vox: «Yo creo que quien redactó el punto 19 de ese acuerdo con Vox no sabía cómo funciona la escuela por dentro».
Imbroda ha reunido este miércoles a toda la cúpula de su departamento para hacer balance del primer año de Gobierno en Andalucía. En el foro, que ha tenido lugar en el instituto Heliópolis de Sevilla, el consejero ha repasado las principales líneas de actuación y objetivos de su departamento. Pero, consciente de que la polémica sobre el llamado pin parental eclipsa todo el debate educativo, Imbroda ha querido ser más tajante esta vez: «Este es un debate artificial, absurdo, estéril e interesado», ha dicho, tras recordar que la escuela andaluza se enfrenta a una tasa del 22% de abandono escolar y a un 44% de desempleo juvenil.
Luego ha admitido que en su reunión del pasado lunes con el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández (que acudió con dos asesores), no logró «hacerse entender» sobre este punto. «El pin parental no es necesario, es muy jartible y muy cansino. No me gustaría que Vox fuera prisionero de su propio término ni que entendiera que el no aplicarlo sería una derrota política para ellos», ha sentenciado.
En los últimos días, el veto parental de Vox ha reavivado una polémica en todo el país, amplificada por la decisión del Ejecutivo de PP y Cs de Murcia de desarrollar la medida a través de unas instrucciones a los centros, y de la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez de amenazar con tumbarla en los tribunales. El debate ha vuelto a Andalucía con fuerza, desatando un torbellino de declaraciones contradictorias entre los consejeros del PP y los de Ciudadanos. El martes el portavoz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, anunció que la medida acordada con Vox era «perfectamente asumible», aunque nunca habló de pin parental, sino de «libertad educativa». Pese a todo, preguntado hasta en cuatro ocasiones, se negó a confirmar que el veto parental se implantará en las escuelas andaluzas. Fuentes del Ejecutivo andaluz explican que este matiz resitúa el acuerdo firmado con Vox en el marco normativo vigente: «Se cumplirá lo que se pueda y permita la legislación en vigor», dicen.
El veto parental de Vox ha abierto una fisura que no existía entre los socios del Gobierno andaluz. El PP mantiene viva la medida, con interés de que su socio de extrema derecha no se irrite más de lo que ya lo está, pero Ciudadanos cada vez es más tajante en el rechazo de la misma. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha vuelto a recalcar este miércoles que el veto parental «no tendrá el apoyo de Ciudadanos» en el Gobierno andaluz. «No coincidimos ni con el PP ni con Vox», sentencia.
