Cerca de la aprobación definitiva. El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la reforma parcial de la regulación del aborto que impondrá el consentimiento paterno a las chicas de 16 y 17 años, con un total de 184 votos a favor del Grupo Popular, los cinco diputados presentes de Unió y el de Foro Asturias.
Cuatro diputados del PP han roto disciplina de voto, ya fuese durante la votación del dictamen de la Comisión de Sanidad o al pronunciarse en la votación de conjunto que correspondía hacer por tener la norma carácter orgánico. Así se han dado posiciones distintas aunque el texto sometido a consideración en ambos casos, era el mismo.
En la votación de conjunto, Antonio Gutiérrez ha votado en contra, mientras que los también ‘populares’ Lourdes Méndez, Javier Puente y Eva Durán se han abstenido yJosé Eugenio Azpiroz, también opuesto a la iniciativa, ha votado a favor.
Sin embargo, al opinar sobre el dictamen, Méndez, Gutiérrez, Azpiroz y Durán han votado en contra, mientras que Javier Puente se ha abstenido, al igual que ha hecho en ambas votaciones el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador.
Con esta votación en la que han sido rechazadas las enmiendas parciales presentadas por PSOE, Convergència, Izquierda Plural, UPyD, PNV, BNG y ERC, la proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo viaja al Senado en los mismos términos en los que se presentó en abril.
FALTA EL SENADO
La intención del PP es que pueda completar allí su tramitación sin que se incorporen cambios, de forma que el texto no tenga que volver a ser refrendado en el Congreso de los Diputados y pueda estar listo para su publicación en el BOE a finales del mes de septiembre, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Se avanza así en el trámite de esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso después de que el Gobierno retirase la reforma del aborto que había planteado el Ministerio de Justicia, un proyecto que proponía la instauración de un sistema de supuestos más restrictivo que el vigente desde 1980 y cuya desaparición implicó la salida de Alberto Ruiz Gallardón.
La modificación sólo toca las leyes de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de Autonomía del Paciente para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto.
La forma escogida para impulsar la reforma ha sido cuestionada por los grupos parlamentarios y las ONG desde el principio, ya que al presentarla en forma de proposición de Ley Orgánica, no ha tenido que pasar el filtro de los órganos consultivos del Estado, encargados de informar las leyes.
