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La asociación Cullera Laica se ha adherido a este comunicado: ver aquí.
Comunicado de Europa Laica Comunitat Valenciana
En el DOGV se ha publicado el Decreto 37/2022, de 25 de noviembre por el cual se crea una Comisión adscrita a Presidencia y de composición paritaria, entre la Generalitat y las diócesis de la Comunidad Valenciana y Tortosa, para tratar temas de patrimonio, cultura, enseñanza, asistencia sanitaria, social y justicia. Se trata de una comisión formada a partes iguales por representantes de la Generalitat y de la Iglesia Católica, para precisar los detalles de las relaciones Generalitat-Iglesia Católica recogidas en los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede pero a la luz del contexto de las competencias transferidas a las autonomías. O lo que es lo mismo, la Generalitat Valenciana, con su Presidente a la cabeza y bajo el pretexto de reivindicar competencias autonómicas, quiere asumir el papel de interlocutor directo con la Iglesia Católica sin poner en cuestión los privilegios de los que disfruta esta corporación religiosa
Esta comisión, presidida por el Presidente Ximo Puig, tiene como objetivo aclarar qué privilegios serán asumidos económicamente por la Generalitat Valenciana en lugar de por el gobierno estatal, dado que buena parte de los privilegios de los que disfruta la Iglesia Católica se centran en ámbitos (sanidad, educación, etc.) cuyas competencias han sido transferidas a las autonomías. La Generalitat no solo se hará cargo del coste de estos privilegios, sino también de todos los gastos que ocasionen sus miembros (funcionarios y representantes de la IC) con motivo del funcionamiento de esta comisión (desplazamientos, dietas, pernoctaciones, compensaciones económicas, etc)
Desde Valencia Laica denunciamos esta nueva “hoja de ruta” diseñada por la Generalitat Valenciana para un NUEVO CONCORDATO, “a la valenciana”, lo que supone un paso atrás en la laicidad de las instituciones, en la separación entre religiones y Estado. Los privilegios de la Iglesia Católica son privilegios, los pague quien los pague.
El Gobierno tripartito del Botànic debería atender como mínimo a los compromisos que adquirieron los diferentes partidos con sus votantes, y que están recogidos en sus programas electorales. Ya estamos acostumbrados a que los partidos del Gobierno valenciano aprueben en sus congresos la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, haciendo declaraciones en favor de la laicidad, pero cuando llegan al poder se dedican no solo a mantener los escandalosos privilegios de la Iglesia Católica sino a crear comisiones que legitimen esos privilegios pagando además todos sus gastos con dinero público, o sea, el dinero de toda la ciudadanía, independientemente de su credo o religión
La sociedad valenciana exige cada vez con más fuerza a la Iglesia Católica la devolución de los bienes apropiados por la Iglesia Católica gracias al mecanismo inmoral de la inmatriculaciones. Y a la Generalitat Valenciana, en representación del gobierno tripartito del Botànic, no se le ocurre otra cosa que montar una comisión de colaboración con la Iglesia Católica, corriendo además con todos los gastos que ocasione. En lugar de dar pasos hacia el laicismo, la libertad de conciencia y acabar con los privilegios de esta corporación privada, se inicia una hoja de ruta que nos recuerda al nacional catolicismo de otros tiempos.
La Generalitat Valenciana, por coherencia con las propuestas de los partidos que la mantienen actualmente debería exigir al gobierno central la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede en lugar de intentar legitimar sus privilegios con la creación de comisiones para coordinar la colaboración con esta corporación religiosa.
Valencia Laica Comunitat Valenciana.
Valencia 1 de Diciembre 2022
