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España está entre los últimos países de su entorno en tener una investigación independiente sobre los abusos de niños por parte de sacerdotes, otros religiosos y profesores y cuidadores en instituciones católicas, algo que destacó el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Y por la experiencia de otros muchos países, sabemos lo lento que es el camino de dar una justicia adecuada a las víctimas cuyas infancias han sido robadas, creándoles décadas de traumas. Lo que parece claro es que el Estado tiene un papel moral a jugar a la hora de facilitar las reparaciones a las víctimas, que en muchos casos tienen necesidad de recibir tratamiento psicológico y de solucionar problemas actuales que son resultado de lo que les pasó.
Australia albergó una de las comisiones más rigurosas sobre los abusos en las iglesias católica y anglicana, que concluyó en diciembre de 2017 después de escuchar a 8.000 testigos en privado y haber recibido 1.344 testimonios por escrito a lo largo de unos cinco años. Como resultado salieron 189 recomendaciones. Unas iban dirigidas a la Iglesia Católica (de todos los abusos en una institución religiosa, el 61% sucedieron en una institución católica frente al 15% en una anglicana) en forma de llamamiento a la Conferencia Episcopal Australiana para que pidiera al Vaticano la posibilidad de contemplar el fin del celibato obligatorio y la modificación de leyes canónicas que obligan la destrucción de documentos en algunas circunstancias. La comisión recomendaba que las instituciones que trabajan con niños conserven los documentos relacionados con abusos durante un mínimo de 45 años y que el gobierno federal crease un fondo para atender a las víctimas.
Aquella comisión cambió mucho las actitudes sobre un tema hasta entonces poco tratado. Muchos estados australianos emprendieron cambios legales para ayudar a los supervivientes a recibir reparaciones más altas que las que la Iglesia les había concedido hasta entonces. Un hombre que sufrió abuso sexual reiterado por parte de un cura durante los años setenta, cuando era un monaguillo de 11 años, recibió una indemnización superior a los 20.000 euros que le habían dado unos años antes. Sus abogados lo describieron como “un punto de inflexión”, un precedente para que las víctimas consiguieran una compensación en los juzgados.
En Francia, la Conferencia Episcopal Francesa anunció que repararía a las víctimas después de que una comisión estimase en 2021 que 330.000 niños fueron abusados por personas en el entorno de la Iglesia. Hasta el 1 de octubre, 1.285 habían pedido una compensación económica, según la Instancia Internacional Independiente (INRR), y unas 190 la habían recibido; la mayoría de más de 20.000 euros y unas 40 del máximo de 60.000 euros.
Hay víctimas que pidieron otro tipo de reparaciones, como una mediación con familiares por las relaciones rotas dado su trauma o incluso la posibilidad de leer una carta delante de la tumba de un cura abusador, en presencia de la familia del sacerdote y el arzobispo de la diócesis. “Vi en su apariencia física que su sensación de vergüenza le abandonaba y se iba a la tumba”, contó Laure de Balincourt, de la INRR y que acompañaba al hombre que pidió tal reparación, a la agencia AP.
Hace unos días, el presidente de la comisión francesa pidió más medidas de prevención por parte de la iglesia y más cambios en su gobernanza. “En lugar de una respuesta global nos responden a menudo que es la responsabilidad de cada obispo”, se quejó Jean-Marc Sauvé.
Aquí en España, las víctimas y los fieles de la iglesia esperan una respuesta contundente por parte de la Conferencia Episcopal Española y del estado español. Los delitos atroces por parte de aquellos que tenían posiciones de poder en instituciones españolas, aprovechándose de niños, han dejado muchas víctimas con sentimientos de vergüenza, ira, depresión e incluso suicidio. La publicación del informe de Gabilondo es solamente el punto de partida para ofrecerles algo de alivio.
