Dos responsables del Colegio Sagrado Corazón de Jerez, entre ellos un sacerdote, son detenidos acusados de irregularidades en las subvenciones que recibió para impartir formación. La investigación destapa que el centro recibió elevadas adjudicaciones en los últimos años.
La Policía sospecha de trato de favor de la Junta hacia el colegio religioso. Una de las subvenciones recibidas por la formación a parados era de más de 650.000 euros
Desde cursos de auxiliar de farmacia a otros de técnico en energías renovables. El Colegio Sagrado Corazón de Jerez de la Frontera (Cádiz), dos de cuyos responsables fueron detenidos ayer dentro de la segunda fase de la ‘Operación Edu’ contra el fraude masivo en los cursos para parados, se benefició en los últimos años de millonarias subvenciones de la Junta de Andalucía por impartir, precisamente, formación para desempleados. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha empezado investigando las supuestas irregularidades en una adjudicación de 23.100 euros recibida por el centro educativo en 2010 para impartir un curso de instalación de energías renovables en edificios, pero las pesquisas les han llevado a descubrir que esta cifra es sólo una mínima parte de lo que el colegio llegó a embolsarse por este tipo de ayudas: cerca de 2 millones de euros. Todas ellas están ahora bajo sospecha, según reconocen fuentes cercanas a la investigación.
Las declaraciones que ayer prestaron dos responsables del centro, el sacerdote Diego A.M. y Diego M.M., no han aportado grandes avances a la investigación. El primero, que ejerce de director del centro educativo, aseguró a los agentes que no sabía nada sobre la existencia de supuestas irregularidades en los cursos de formación, aunque las pesquisas han permitido comprobar que recibió una retribución a cargo de la subvención por encargarse supuestamente de la dirección y coordinación del curso investigado. No obstante, la UDEF ya había recabado en los últimos meses pruebas sobre las numerosas anomalías detectadas. Así, ha detectado la existencia de lo que los informes policiales denominan «facturación circulante», es decir, el ‘intercambio’ de comprobantes de pagos con empresas vinculadas para que todas ellas pudieran inflar ante la Junta los gastos. Muchas de estas facturas han aparecido sin los sellos y firmas preceptivos.
Además, los docentes utilizados por el colegio para dar dichos cursos eran los propios profesores del centro educativo, a los que se les obligaba a darse de alta como autónomos ante la Seguridad Social sólo para impartir la formación a desempleados, pese a que todos ellos figuraban como trabajadores por cuenta ajena por su trabajo en las aulas. El propio coordinador del curso se sumó a esta práctica, por lo que los meses que duraban las enseñanzas recibió su nómina del colegio, facturó como autónomo por el curso y, además, recibió cerca de 1.000 euros por encargarse de coordinar el curso. Finalmente, la UDEF ha podido comprobar que en el curso no se cumplió el compromiso de contratación que exigía la convocatoria y que obligaba al colegio a conseguir un puesto de trabajo a al menos el 60% de los alumnos que habían asistido al mismo.
Adjudicaciones de más de medio millón
Fuentes cercanas a la investigación han mostrado a este diario su sospecha de que irregularidades similares pueden haberse cometido en las otras adjudicaciones que consiguió el centro educativo religioso y que le permitieron acaparar cerca de 2 millones de euros. Sólo en los dos últimos años, el centro ha conseguido cinco, de las cuales dos eran de más de medio millón de euros. En concreto, consiguió una en julio de 2010 destinada a impartir enseñanzas a desempleados por un importe de 652.901,25 euros. Ese mismo año también se hizo con la de 23.100 euros que ahora ha llevado a la detención de dos de sus responsables. Sin embargo, el grueso de las subvenciones las consiguió durante el año 2011. Así, el expediente 98/2011/V/28012 le permitió recibir de la Junta 104.520 euros para dar un curso a desempleados de más de 45 años.
También en 2011 recibió otras tres ayudas de la Junta. Una de ellas, recogida en el expediente 98/2011/F/2798, de 39.900 euros. Las otras dos, mucho más elevadas. Así. por el expediente 11/2011/J/551 recibió 278.805 euros. Por el 98/2011/L/2798, destinada a dar cursos de formación a jóvenes, 564.633,75 euros. La UDEF sospecha que detrás de esta lluvia de dinero público puede haber trato de favor por parte de algún responsable de Empleo de la Junta de Andalucía, lo que explicaría también la firma de un convenio en exclusividad con la misma. Miles de euros que debían haber servido para que se impartieran cursos de auxiliar de farmacia, de gestión de residuos urbanos e industriales, de administrativo de auditoría, de técnico de energías renovables, de montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas e, incluso, de venta de productos y servicios turísticos. Todos ellos con la expedición del correspondiente «certificado de profesionalidad». La Policía tiene serias dudas de que haya sido realmente así.
Las trampas
Las segunda fase de la ‘Operación Edu’ ha permitido confirmar a la Policía las ‘trampas’ utilizadas por las empresas adjudicatarias de los cursos que ya detectó en la primera fase, la que se desarrolló en la provincia de Málaga en el primer semestre del año pasado. Entonces los agentes encontraron, y así lo reflejaron en sus informes, incumplimientos «sistemáticos» de ley. En concreto, la UDEF localizó hasta siete tipos de irregularidades graves. Así, algunas empresas habían cometido falsedad en la documentación que habían presentado junto a las solicitudes para acceder a las ayudas con el fin de simular la experiencia en formación que se exigía en la convocatoria. En otras ocasiones aparecieron facturas falsas con las que algunas empresas investigadas justificaron gastos no realizados, que iban desde nóminas de algunos docentes hasta la «contratación o subcontratación de ciertos servicios». De hecho, «un altísimo porcentaje» de los propietarios de las empresas se declararon a su vez monitores o tutores de los mismos, cuando no lo eran «familiares directos».
También hubo falsedad en la adjudicación de contratos de las subcontrataciones declaradas ya que, pese a superaban los 12.000 euros, no se hicieron con la obligatoria concurrencia de al menos tres presupuestos. En otros casos, las otras dos ofertas eran realizadas por personas o empresas del entorno familiar del empresario. También se detectaron falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos e, incluso, se dieron casos de suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza «con el fin de inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia». La UDEF también descubrió que «en casi la totalidad de los expedientes se incumplía sistemáticamente el compromiso de contratación exigido en estos cursos» por ley. Para ello, se cometían una serie de irregularidades que iban desde la contratación por periodos inferiores a los seis meses contemplados hasta presentar contratos en sectores que no tenían nada que ver con la materia impartida en el curso o simular otros en empresas vinculadas a los administradores.
En otros casos el fraude fue más allá y a los parados se les dió «de alta en contratos simulados a cambio de pasar posteriormente a la percepción de alguna prestación por desempleo«. Por último, los agentes detectaron falsedad en el cumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones posteriores a la realización del curso, ya que la mayoría de las empresas adjudicatarias no presentaron la documentación requerida «para la liquidación y justificación». Además, cuando sí se hizo, estos papeles se entregaban «después de varios requerimientos por parte de la Junta y en el último día de la ampliación del plazo concedido«. La Policía duda de la veracidad de parte de estos documentos. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que las irregularidades detectadas en lo que se lleva de segunda fase de la ‘Operación Edu’ son idénticas a éstas.
