EL COLECTIVO ESCUELA ANTE LOS SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN LA ESCUELA
Ante la polémica planteada en lo últimos meses por la persistencia en los centros educativos públicos de símbolos religiosos, nos parece oportuno echar la vista atrás para buscar las raíces de las cuales emanan los ordenamientos jurídicos democráticos, entre los que se encuentra nuestra Constitución.
Fue en el siglo XVIII con la Ilustración, cuando se establecen por primera vez los derechos del hombre y del ciudadano, de donde nacen los principios de un estado moderno y democrático en el que la libertad, la igualdad y la justicia fueran la base de su organización.
La Ilustración, surgida en Europa después de las guerras de religión que asolaron el continente en los siglos XVI y XVII, socava los cimientos del antiguo orden rígidamente establecido y fundamenta los principios de una ética civil sin la tutela de autoridad religiosa alguna.
Los ilustrados no estaban dispuestos a aceptar modelos de comportamiento ajenos a su conciencia. Pretendían tener su propia ética basada en la experiencia y en el deseo de ser honrados y nobles de corazón. Una ética que les permitiera vivir sin dogmas que condujeran a la intolerancia. Deseaban establecer formas de convivencia más humanas, apoyadas en la libertad y en la justicia, y que las diferencias ideológicas no fueran motivo de enfrentamientos ni de exclusiones.
La Ilustración confiaba en la capacidad del ser humano para analizar la realidad de manera libre y crítica, no mediatizada por dogmas de ningún tipo, que le permitiera construir una sociedad nueva, laica, tolerante en religión y democrática en política.
La supresión de la tortura, la lucha contra la esclavitud, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y la emancipación del juicio particular en los campos de la política y la religión fueron fruto de la Ilustración.
Las religiones han contribuido también a mejorar las condiciones de vida de las personas a través de unos preceptos humanitarios de obligado cumplimiento para sus fieles, pero al considerase cada una de ellas poseedora de la verdad absoluta hace muy difícil el diálogo con los otros, pues no se puede hablar de igual a igual con alguien al que se considera en el error.
Es en los países democráticos, herederos de la Ilustración, donde los ciudadanos gozan de un mayor grado de libertad y justicia, y en todos ellos la separación entre iglesias y estado está recogida en sus leyes fundamentales, aunque en algunos persisten ciertos sectores que de manera más o menos solapada se resisten a ello y pretenden conservar cierta influencia.
España, que se incorporó aunque de manera tardía con respecto a otros países de su entorno al grupo de naciones democráticas y que posee una constitución dónde se establece la libertad e igualdad de las personas, se garantiza la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la no confesionalidad del Estado, no cuenta con una escuela pública acorde con estos principios.
El ideario de la escuela pública debería ser la Constitución misma. Al no avalar ésta a ninguna creencia determinada, sino al respeto de unas normas jurídicas que hagan posible la convivencia entre todos, la escuela pública debería ser neutral en materia ideológica y religiosa y promover el aprendizaje de hábitos de diálogo y tolerancia entre sus miembros, donde no cupiera la ventaja de ningún grupo por mayoritario que fuese. Por ello la religión no debería formar parte de las áreas curriculares ni impartirse en la escuela. Serían las familias y la Iglesia las encargadas de transmitir las creencias religiosas, pues esa es su obligación moral y disponen de los medios necesarios.
En este modelo de escuela de todos y para todos, que debe fomentar la libre expresión y el intercambio de ideas en un ambiente de igualdad, resulta fuera de lugar la presencia de símbolos religiosos por muy respetables que estos sean.
De esta manera la escuela pública garantizaría la libertad de conciencia, la igualdad y el respeto estricto entre todos.
Pero sería necesario para ello que los poderes públicos se atrevieran a aplicar lo que claramente dicta la Constitución al respecto.
