Mientras el activista residente en Reus sigue en el CIE, su caso y el de Amarouch abren una brecha entre las posiciones de la sociedad civil y el Parlament y la decisión de proceder con su expulsión.
Ha pasado una semana desde Amarouch Azbir y Mohamed Said Badaoui, vecinos de Vilanova de la Geltrù y Reus, respectivamente fueran detenidos por la policía para ejecutar la orden de expulsión que pesaba sobre ambos. Los activistas se encontraban en esta situación después de que solicitaran la nacionalidad española tras 30 años de residencia en el país, una nacionalidad que les fue denegada en base a su presunta radicalización como musulmanes.
Cuando Badaoui y Azbir impugnaron la denegación, en lugar de justificar su decisión, el ministerio de interior optó por otro camino, el de la Ley de extranjería que permite expulsar a residentes en el país sin necesidad de un juicio. Los activistas, sus familias, y la amplia red que les apoya, llevaban meses pendiendes de su eventual detención, que finalmente se produjo el pasado 18 de octubre, que finalmente se produjo el 18 de octubre. Sin embargo, a una semana de los hechos, que pusieron en marcha manifestaciones y concentraciones para evitar su expulsión del país, la situación de ambos es distina: mientras Badaoui está en el CIE de Zona Franca, después de que la Audiencia Nacional diera vía libre a su proceso de expulsión, Azbir fue liberado el pasado sábado 22 de octubre.
“El abogado de Amarouch y Badaoui presentó las mismas razones para que ninguno de los dos fuese recluido. Pero los jueces respectivos respondieron de forma diferente”
Helios F. Garcés, entrecomilla la idea de que Amarouch esté “liberado”, pues tendrá que ir tres veces por semana a comisaría. Para este activista antirracista, que integra el grupo de apoyo a Badaoui y Amarouch, ni el internamiento del primero, ni la “liberación” del segundo, tienen explicación. “El abogado de los dos presentó las mismas razones para que ninguno de los dos fuese recluido. Pero los jueces respectivos respondieron de forma diferente”. Muchos de los acontecimientos que rodean este caso quedan al albur de la interpretación, lo que entienden quienes apoyan a los activistas es que se han dado dos posturas diferentes por parte de los jueces, el de Badaoui “se limitó a amplificar el relato de la policía que está liderando esto y el juez de Amarouch llegó a la conclusión correcta: ninguno de los dos representa un peligro para la seguridad nacional”.
Este es el argumento que gran parte del tejido asociativo catalán, o los actores de las instituciones locales y autonómicas llevan remarcando desde que se conociera la decisión de interior de apostar por la expulsión de ambos residentes del país: las razones aportadas para justificar la presunta radicalización no estarían fundamentadas y reproducirían una batería de lugares comunes islamófobos y racistas para respaldar su tesis. Se trata del mismo argumento que, un día después de las detenciones, se esgrimiría en el Parlament, en una declaración histórica que ponía el foco en la islamofobia y el racismo estructural.
“El parlamento autonómico ha señalado que estas dos personas son víctimas de ‘la represión política y la islamofobia del Estado’ al tiempo que han denunciado que su procedimiento ha sido ‘irregular’”, explica Youssef M. Ouled. Este periodista y activista antirracista señala lo inédito de esta declaración que vendría a señalar desde las instituciones algo que el movimiento antirracista lleva denunciando desde hace años, “hay un racismo de Estado que en este caso concreto se ceba con las poblaciones musulmanas”.
“El Salafista amigo de los independentistas”, “Los activistas islámicos que defiende el Parlament”, “El salafista de reus”, los titulares de muchos medios de comunicación de la órbita conservadora se refieren en estos términos a Badaoui y Amarouch, desde que su caso y los esfuerzos para paralizar los procesos que apuntaban a su expulsión saltaran al debate público. Garcés define esta estrategia como una “instrumentalización ultraderechista del “salafismo”, que basa sus acusaciones en una “caracterización del musulmán como peligro”. El “salafismo” deviene, denuncia, en estos titulares, una “categoría vacía” que tiene por objetivo poner bajo sospecha a todo lo musulmán.
“Para la caverna mediática este caso es un hueso muy jugoso porque les permite cargar contra el independentismo al tiempo que se criminaliza a la población musulmana”
Hay un segundo elemento que estimula el encarnizamiento de la prensa de derechas. “Para la caverna mediática este caso es un hueso muy jugoso porque les permite cargar contra el independentismo al tiempo que se criminaliza a la población musulmana. Si Badaoui y Amarouch han sido apoyados en Cataluña es porque residen allí y quien los conoce sabe de la injusticia que se está cometiendo contra ellos”.
En una entrevista con el Salto el pasado verano, Badaoui incidía en la abstracción y deshumanización que permitía hablar desde lejos. “Quienes forman la administración local, o las personas de un tejido asociativo muy amplio que me conoce, dicen que he colaborado en la convivencia, en tejer puentes entre las diferentes comunidades, en ayudar y mediar. Es desde la distancia que me acusan de lo contrario que dice la gente que me conoce porque trabajamos codo a codo diariamente”. Mientras Badaoui dirige la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana, Amarouch está al frente de Al-Forkan, una asociación cultural islámica sin ánimo de lucro de Vilanova i la Geltrú. El activista de Reus trazaba paralelismos con los precedentes recientes en Francia donde se criminalizó a organizaciones históricas musulmanas acusándolas de suponer un riesgo para la seguridad nacional.
En el caso del estado español, la policía opta por el camino de la ley de extranjería para defender estas tesis y convertirlas en un castigo contra los activistas. “La indefensión es absoluta, al no haber ningún proceso judicial de por medio, los afectados no se pueden defender. Después de eso, solo queda el juicio social y ese, por mucho que esto quede desmentido y desenmascarado, nadie podrá deshacerlo”, lamenta Ouled. La cancha libre para los medios abunda en este daño. “Hemos visto y leído artículos que hacen graves acusaciones que atentan contra los derechos más básicos de Amarouch y Badaoui, no hay presunción de inocencia alguna para ellos”, apunta el activista, quien señala que el daño se ejerce sobre los acusados, pero también sobre sus familias y entornos.
En cuanto se refiere a la islamofobia de estado, no solo opera la ley de extranjería, cuyo artículo 54 permite la expulsión sin necesidad de celebrar juicio, sino que en Catalunya opera el muy controvertido PRODERAI, un protocolo contra la radicalización surgido tras los atentados de 2017, y que ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos, o docentes, por trasladar la sospecha de radicalización y violencia a los alumnos y alumnas musulmanas que conforman la comunidad educativa: “de lo que se trata es de alimentar ese relato del enemigo interno, que no deja de ser un relato islamófobo que a su vez sirve para implementar un marco legal que facilita el control y la represión de la disidencia de la que no escapa después toda la sociedad en su conjunto”, sentencia Ouled.
El grupo de apoyo a Badaoui ha convocado este martes 25 de octubre una manifestación a las 18:30 ante el CIE de Zona Franca en Barcelona. Sarahi Boleko, presidenta de SOS Madrid explica a El Salto las limitaciones que ha enfrentado el movimiento antirracista en la capital para solidarizarse con sus compañeras y compañeros en Catalunya en la denuncia de este caso. El pasado 19 de octubre, se prohibió la concentración convocada frente al Congreso de los Diputados. Aún más, en la zona se dieron casos de perfilamiento racial a la hora prevista para la concentración, como denunció posteriormente Sos Racismo junto a la plataforma estatal Defender a quien defiende en un comunicado en el que argumentaban que la denegación de permiso para la manifestación —una prohibición que solo se dio en Madrid — “viola el derecho de reunión y manifestación”. El acto, continuaban en el comunicado, suponía una reunión espontánea, entendida como “aquellas concentraciones de personas como respuesta inmediata a un suceso urgente” una movilización que “forma parte del núcleo esencial de derecho de reunión”, según avala el TEDH.
Tanto la prohibición de la concentración, como el perfilamiento que se dio, “implica una vulneración constante de los derechos civiles y políticos de las personas racializadas aquí en España”, denuncia Boleko, quien encuadra ambos hechos en una “persecución e hipervigilancia constante de los cuerpos y vidas racializadas”. Una hipervigilancia que explica la situación de Badaoui y Amarouch, dos residentes en el Estado español desde hace 30 años, que fueron a pedir la nacionalidad española y se toparon con una orden de expulsión.
