Aunque desde hace pocos meses comenzó un lento proceso de acceso a los archivos del Vaticano, la CEA y las parroquias, cada nueva causa confirma que los secretos aún perduran.
Cómo un bumerang, la recuperación de la identidad biológica de Ana Libertad, la nieta 115 restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, volvió a rozar a la Iglesia Católica, la información que guarda celosamente y, esta vez, a Jorge Mario Bergoglio, el mismo que hace más de tres décadas atrás escuchó las súplicas de los padres de Elena de la Cuadra. La joven fue secuestrada el 23 de febrero de 1977 y dio a luz a una niña el 16 de junio, en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Comisaría 5ª de La Plata, bajo la órbita de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Poco después del nacimiento, Bergoglio era por entonces el joven provincial de los jesuitas en Argentina y fue una de las escalas eclesiásticas que hicieron Roberto De la Cuadra y su esposa Alicia Zubasnabar de De la Cuadra para saber el paradero de su hija. Por aquella época, "Licha" era la primera presidenta de Abuelas y había recurrido al superior de los Jesuitas en Italia para reconstruir el paradero de su hija. El titular de la orden, Pedro Arrupe los derivó al provincial argentino. Según el testimonio que el actual Papa brindó por escrito el 23 de septiembre de 2011 en la causa federal 1351, que investigó el plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura, el jesuita escuchó al esposo de Licha, le ofreció ayuda pero "no recordó que le haya mencionado que la misma estuviera embarazada y explicó que lo habitual en esos tiempos era recurrir a las autoridades eclesiásticas de la zona donde se había producido el secuestro de la víctima". La familia De la Cuadra sabía de la existencia de la niña y el embarazo gracias al testimonio de algunos sobrevivientes, pero Licha jamás alcanzó a leer las respuestas que Bergoglio le escribió al Tribunal Oral en lo Federal 6, porque el arzobispo porteño fue requerido por la justicia tres años después de su muerte y cuatro meses después de que Estela, la hija de "Licha" le reclamara al fiscal Martín Niklison que citara al cardenal primado de la Argentina. "¿Cómo es que Bergoglio dice que hace sólo diez años del robo de bebés? ¿Por qué no lo citan? ¿No amerita que diga qué pasó con Elena de la Cuadra?", bramó la mujer para convencer al fiscal.
Bergoglio finalmente contestó las preguntas por escrito. Fue la segunda testimonial que prestó ante los estrados federales, luego de declarar el 8 de noviembre de 2010 frente a los magistrados del Tribunal Oral Nº5. En esa oportunidad dijo que hacía diez años que se había enterado de la existencia del robo de bebés, y luego habló sobre los padecimientos de los sacerdotes jesuitas Jorge Yorio y Francisco Jalics, que fueron secuestrados durante seis meses en la ESMA, luego de haber quedado completamente desprotegidos por la Compañía de Jesús. Bergoglio sostuvo que ayudó a salvarlos. Lleva más de una década negando desprotección alguna, pero una serie de testimonios y pruebas documentales ponen sus afirmaciones en tela de juicio.
"¿Recuerda que se haya hecho alguna denuncia a las autoridades judiciales?", le preguntaron los miembros del tribunal. "No recuerdo –contestó– y creo que se optó por hacerlas vía eclesiástica, en el Arzobispado, o en la Conferencia Episcopal (CEA), para que se unificaran a las otras denuncias, y fueran juntas", retrucó el prelado. Los testimonios le sirvieron al actual Sumo Pontífice para dar por terminadas las sospechas en su contra ante la justicia, pero en cada testimonial, oral o escrita, Bergoglio habló de cartas, actuaciones, denuncias y documentaciones eclesiásticas que hasta la fecha nunca vieron la luz y que en muchos casos, continúan celosamente guardados dentro de los archivos del episcopado argentino y también, entre las añosas paredes del Archivo Secreto del Vaticano, uno de los depósitos documentales más antiguos del mundo.
El primer paso para abrirlos se concretó el 6 de febrero, hace seis meses, cuando Bergoglio recibió en el Vaticano a la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó para firmar un acuerdo de cooperación judicial, impulsado por la Cancillería, la secretaría de Culto, la secretaría de Derechos Humanos y la embajada ante el Vaticano. Gracias a ese acuerdo la Santa Sede comenzará a aportar información judicial sobre los requerimientos judiciales que reciba para casos vinculados con el "lavado de activos, financiamiento del terrorismo, crimen organizado trasnacional o graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en nuestro país durante el terrorismo de Estado". Los aportes documentales comenzarán a concretarse cuando lleguen los pedidos judiciales y oficiales por medio de la Cancillería, referidos a casos específicos. La necesidad de los archivos romanos también fue mencionada por la presidenta de Abuelas Estela de Carlotto luego de la conferencia que encabezó este viernes para anunciar el hallazgo de Ana Libertad. Sin embargo, fuentes oficiales que siguen de cerca el funcionamiento del nuevo protocolo judicial, explicaron que "sin perder de vista la importancia de los documentos vaticanos, la mayor incógnita no está en Roma, sino en Argentina, porque hasta ahora nunca se ha podido acceder a la documentación que poseen los obispados". "Las familias que buscaban a sus hijos y nietos desaparecidos muy pocas veces llegaban a la nunciatura, pero en la mayoría de los casos recurrían a los curas de sus parroquias, que luego transmitían la información a los obispados", repasó la fuente en referencia a los registros de bautismos y a las notas y pedidos que atesoran los organismos eclesiásticos. Esas piezas, que llevan cuatro décadas sin ver la luz, incluyen a las actas secretas de las asambleas de la Conferencia Episcopal Argentina. Entre 1976 y 1983, el mando de tropa del clero concretó una docena de asambleas, donde los prelados debatían e informaban, de manera reservada, las distintas novedades referidas a la desaparición de personas y las gestiones para saber su paradero. Hasta ahora la curia jamás fue requerida judicialmente sobre esas actas secretas, pero los pocos documentos aportados por el episcopado revelan la importancia de esas pruebas. Uno de ellos fue la carta que aportó el arzobispo de Santa Fe y titular de la CEA José María Arancedo en la investigación del asesinato de monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja el 4 de agosto de 1976. En la carta el prelado le contaba al arzobispo santafesino Vicente Zaspe los peligros y amenazas que 20 días después terminarían con su vida. El otro documento no proviene de Santa Fé, sino del del Vaticano y también fue aportado este año. Se trata del informe "Crónica de los hechos relacionados con el asesinato de los padres Longueville Gabriel y Murias Carlos, dos sacerdotes riojanos asesinados el 18 de julio de 1976, un mes antes de que Angelelli apareciera asesinado al costado de la ruta 38.
Ambas piezas, confiadas cuatro décadas después de los hechos, son parte de un enorme fárrago de archivos que siguen guardados bajo siete llaves dentro del país y que también incluyen los reportes de los obispados castrenses y las capellanías policiales, un eje de información secreta que tuvo un elenco privilegiado entre la CEA y La Plata conducido por Victorio Bonamín, vicario castrense durante la dictadura; Antonio Plaza, arzobispo de La Plata y capellán mayor de la policía bonaerense y Adolfo Servando Tórtolo, hombre promovido por Plaza, luego arzobispo de Paraná y nombrado por el Papa vicario general de las fuerzas armadas en 1975. Tórtolo fue dos veces presidente de la CEA en esa época. Los debates internos que condujo dentro de las asambleas que encabezó siguen sin ver la luz y quizás, para que la vean, haya que viajar al Vaticano con un requerimiento judicial en la mano.
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