En los primeros días del mes julio se celebrará el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos miembros de este organismo esperan que el cardenal Juan José Omella, Presidente de la Conferencia Episcopal, les informe de sus conversaciones con la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo, y de la estrategia que va a seguir la Conferencia Episcopal en sus relaciones con el Gobierno. Una información que confirmaría la voluntad de sinodalidad en la Iglesia española.
Según ha podido saber Religión Confidencial de varios obispos conocedores del día a día de los trabajos de la Conferencia Episcopal, hasta el presente el cardenal Omella no ha informado a sus hermanos obispos del contenido del encuentro con Carmen Calvo.
Comunicado conjunto
En determinados sectores de la Conferencia Episcopal ha sorprendido el hecho de que se hiciera un comunicado conjunto y no se explicaran a la opinión pública las distintas visiones de inicio. Una vez que se ha ratificado el entendimiento común y la buena voluntad de trabajo conjunto, “las distintas posiciones de partida en temas claves debieran haber quedado más claras”, señala un obispo.
Especialistas en Derecho Público Eclesiástico inciden en la relevancia del acuerdo de activar la Comisión Mixta, un instrumento jurídico recogido en los Acuerdos Iglesia y Estado que tiene una finalidad prescrita en dicho texto.
Pese a que el Gobierno insiste en que no quiere denunciar los Acuerdos, se teme que quieran “interpretarlos como forma de cambiarlos” a través de la citada Comisión.
Los especialistas consultados debaten sobre la naturaleza de esta Comisión. Al tratarse de una Comisión prevista en un Acuerdo Internacional deberá actuar por delegación de la Nunciatura Apostólica y de conformidad con sus indicaciones si los temas objeto de negociación se refieren al contenido de los tratado o Acuerdos con la Santa Sede. A no ser que el cardenal Juan José Omella actuara como delegado representante de la Nunciatura Apostólica.
Ley de educación
Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la inclusión de la Ley de Educación al mismo nivel que el resto de los temas, una vez que la aprobación de la citada Ley, una prioridad para la Ministra Celáa, es inminente y se ha elaborado sin el consenso que debiera.
Otro dato significativo es la designación de Antonio Hidalgo, subsecretario de la Vicepresidencia Primera, como interlocutor con la Iglesia. Sorprende que se haya dejado fuera, de momento, a la responsable de las relaciones con las confesiones religiosas, Mercedes Murillo.
