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El canje de ‘votos por concesiones’ a Vox pone en riesgo en Madrid las políticas sociales, de igualdad y educación

La arrasadora victoria de Isabel Díaz Ayuso ha reforzado su posición en la cúspide, pero los cuatro votos que le faltan para la mayoría absoluta en Madrid anuncian un escenario incierto en cuanto a qué hará a la busca de un Gobierno apoyado por Vox. Tras la investidura a la que el propio Santiago Abascal ya ha prometido un sí indudable, el previsible canje de votos por concesiones a la formación de extrema derecha pone en riesgo en Madrid el rumbo de las políticas sociales, así como el de las de igualdad y educación. Y el gasto. Para la formación ultraderechista, todo lo relacionado con la llamada guerra cultural constituye el estandarte de su batalla por marcar territorio y no acabar como Ciudadanos: engullidos por el PP.

Hasta dónde cederá Ayuso es hoy la gran incógnita. La “grandísima líder”, como la acaba de definir este miércoles su antigua jefa, Esperanza Aguirre, no ha cesado de repetir más o menos camuflado el mensaje de que Vox nunca dará el paso de votar en contra de sus decisiones. Pero tanto Abascal como Rocío Monasterio han enfatizado que se mostrarán “firmes” en la defensa de su programa. Y que Ayuso tendrá que elegir entre el apoyo de Vox o del PSOE para sacar adelante leyes e iniciativas en la Cámara regional. 

De hecho, las intervenciones de la dirigente del PP en la campaña y las palabras con que este mismo miércoles ha dejado abierta la opción de incorporar miembros de Vox al Ejecutivo regional presagian que existe el peligro de un retroceso en determinadas políticas. Ideológico pero también en gasto. O al revés, porque ambos factores van aquí asociados de forma indisoluble.

Ayuso ya ensayó en marzo una fórmula que, de no producirse adelanto electoral, se habría traducido en el apoyo de Vox a los primeros presupuestos de la Comunidad desde que la legislatura echó a andar tras las elecciones de mayo de 2019. Difundido por El País, el contenido de aquel borrador de pacto  ya iba en la misma dirección que se barrunta ahora. Y preveía una bajada de gasto público. Pero una vez desaparecido del mapa Ciudadanos y su papel amortiguador, las exigencias de Vox ganan peso. Y protagonismo, aunque dadas las fechas el PP dispone de un margen de tiempo relativamente ancho para negociar los presupuestos: los de 2022, porque los de 2021, ya prorrogados, muy difícilmente saldrían adelante. 

De todos los propósitos que Vox promete cumplir en su programa electoral, el que se perfila lejano por cuestión de número es el de reducir a la mitad el número de diputados aunque no cabe descartar que ambos partidos enarbolen esa idea. Según fuentes parlamentarias, dar ese paso obligaría a reformar el Estatuto de Autonomía y ello requiere, primero, el apoyo de dos tercios de la Asamblea Regional. Y luego, el del Congreso. Pero en 26 años de gobierno ininterrumpido del PP, esa reducción nunca se ha llevado a cabo pese a que en 2012 Esperanza Aguirre amagó con ella: lo hizo en plena crisis económica, con la investigación sobre la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas en pleno apogeo y cuando disponía de una amplia mayoría absoluta. De momento, lo que ha anunciado Ayuso es que de 13 consejeros su Gobierno pasará a 10. Vox pide que haya solo siete. 

De implantar el pin parental a torpedear las clínicas de aborto

Desde el programa electoral al desarrollo de una campaña donde el cartel contra los menores inmigrantes, los menas, cartel que ha dejado al descubierto una faceta inquietante incluso para el PP, todo ha lanzado el aviso de anticipo: Vox quiere el pin parental en los centros escolares, a lo que hasta ahora se ha negado el PP: en Madrid, porque en Murcia aceptó implantarlo justo en vísperas de la moción de censura fallida que terminó desatando el terremoto. Durante la campaña, Más Madrid pidió blindar por ley la instauración del pin parental y garantizar así que los contenidos de educación sexual e incluso medioambiental no quedarán vetados. El PP no se pronunció. Pero el pin más famoso de la política podría terminar convertido en un facto que tense las relaciones de las dos siglas de derecha.

Pero Vox no se conforma con el veto de padres dispuestos a intervenir en la programación escolar: quiere también la liquidación de lo que sus dirigentes denominan leyes de “ideología de género”. Y eso, argumenta un antiguo diputado de la formación que lidera Inés Arrimadas, podría implicar, en última instancia, disminuir los fondos para la lucha contra la violencia de género. Por último, aunque en el imaginario colectivo aparece hoy en primer lugar, Vox quiere también el cierre de los centros que acogen a los menas. Las alarmas encendidas por el afiche donde, con datos falsos, Vox alentaba la aversión y el miedo a lo menas presagia que el PP intentará visualizar al menos una cierta distancia.

El documento destinado a captar el apoyo presupuestario de Vox y conocido en marzo prometía el “refuerzo de la seguridad en centros de menores“. Y un “análisis de costes de las distintas modalidades de acogimiento de menores” para su eventual revisión. No mencionaba la palabra “inmigrantes”. Ni migrantes. Pero el sobrentendido quedaba sobre la mesa. Y la posibilidad del recorte de fondos, también. ¿Unirán sus fuerzas los dos partidos de derecha para torpedear la aplicación de la Ley de Eutanasia con normas que protejan a los médicos objetores? ¿Aplicarán medidas que dificulten el acceso a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo? Aún es pronto para saberlo pero, desde luego, Vox ya ha prometido presionar en esa dirección.

Menos impuestos, menos gasto público

Con el triunfo electoral recién salido del horno, la que de nuevo es ya virtual presidenta de Madrid ha dicho que sí a una de las promesas en que coincide con la formación de extrema derecha: otra rebaja fiscal en el tramo de IRPF cedido a las Comunidades Autónomas y en sucesiones y donaciones. Si se lleva a cabo, para lo que solo se precisa mayoría simple, habrá consecuencias en lo que Ayuso ya ha anunciado que será “un presupuesto más austero pero muy eficaz”.

Vox, que colocó una “bajada radical e inmediata de impuestos” en el segundo punto de su decálogo programático la ha seguido exigiendo a machamartillo, no ha dado cifras de en qué cuantía se verían mermados los ingresos públicos de Madrid. El PP tampoco. En Madrid, las grandes fortunas se ahorran 905 millones de euros al año al bonificar la región el 100% del Impuesto de Patrimonio. O sea, al ser el único territorio del país que no aplica ese tributo. Tal como publicó infoLibre, según los datos de la última liquidación de la Agencia Tributaria (AEAT), 18.587 personas con un patrimonio medio de 9,4 millones de euros por contribuyente se ahorraron 905.334.624 euros en 2018. “Para modificar la ley de tributos cedidos no hace falta mayoría cualificada sino solo simple”, explica José María Mollinedo, portavoz de la asociación de técnicos de Hacienda, Gestha. Pero sí hay una limitación: el presupuesto de la Comunidad, que “debe cumplir con los objetivos marcados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.

“La bajada de impuestos –ilustra Mollinedo– es una cara de la moneda. La otra es que si tienes menos ingresos has de reducir el gasto”. Y es ahí donde entran las políticas sociales respecto a la inmigración. Y las de igualdad de género. Y las de defensa de los derechos LGTBI. O sea, las de las áreas que Vox cree llamadas a la extinción.

Y también Telemadrid debería extinguirse, opina Vox. ¿Cederá el PP en lo que concierne a la cadena pública, cuya desaparición propugna el partido de Monasterio en el primer punto de su programa electoral? Las fuentes consultadas lo creen muy poco probable aunque no descartan que el nuevo Gobierno meta otra vez la tijera en la cadena pública como ocurrió con el ERE de diciembre de 2012 e intente ejercer un mayor control. Pero la ley impide descabalgar al director general antes de que expiren sus seis años de mandato salvo que el cambio coseche el respaldo de dos tercios de la Cámara. O sea, 91 diputados. En este caso, PP y Vox se quedan en 78 escaños. Y fuentes sindicales recuerdan que el periodo del director general de la radiotelevisión madrileña, José Pablo López, no finaliza hasta enero de 2013.

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