El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado por 16 votos a favor y 9 en contra la solicitud al Gobierno canario de un inventario de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en la isla e impulsar un estudio del impacto de esas matriculaciones para la corporación. A petición del grupo político Podemos y con el voto a favor del grupo de Gobierno -NC y PSOE-, se ha aprobado que la institución reclame al Ejecutivo regional un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, además de la defensa jurídica del patrimonio de dominio público o comunal que haya sido inmatriculado.
Asimismo, impulsará el estudio de las consecuencias económicas derivadas de la gestión, conservación y difusión de los bienes patrimoniales culturales para el Cabildo insular. Como ha indicado el portavoz del grupo político Podemos, Miguel Montero, la Iglesia católica «tuvo por un tiempo la posibilidad de inmatricularse cualquier tipo de inmueble», dentro de «sus privilegios, entre los que figuraba que podía hacerlo sin necesidad de pasar por el registro»-
«Eso permitía que pudiera apropiarse de inmuebles como ha sido el caso de plazas, casas del cura y anexos a las iglesias», ha añadido. Ha agregado que, a pesar de que esa prerrogativa ya ha sido limitada, «a día de hoy no se sabe cuantos inmuebles han sido robados por la institución católica», ya que, como ha indicado parafraseando a la coordinadora de la organización «Recuperando», estos bienes «fueron inscritos sin garantías y de forma arbitraria, haciendo uso del subterfugio jurídico que atribuía al obispo funciones de fedetario público».
En este sentido, Montero ha solicitado «saber en qué situación se encuentra Gran Canaria y, tras conocerla, poder defender los bienes incorrectamente robados». El portavoz de CC, Fernando Bañolas, en cambio se ha mostrado en desacuerdo con la moción por ser esa «una competencia del Ministerio y no del Gobierno regional» que, según ha expuesto, «no le corresponde esta cuestión».
Con todo se ha mostrado «favorable al hecho de fondo», aunque no haya coincidido en la gestión de la competencia. En la misma línea ha opinado el portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, quien se ha mostrado a favor de estudiar la cuestión, pero no en la redacción del texto «que tiene un propósito propagandístico», ha destacado.
Por su parte, el portavoz socialista Ángel Víctor Torres y su grupo se ha mostrado a favor de la moción «con una serie de correcciones en el texto», al igual que ha expresado en nombre de Nueva Canarias, Pedro Justo Brito, quien ha solicitado «modificaciones» en el documento antes de votar a favor.
