¿Qué sabemos sobre si el Gobierno «maniobra» para «suprimir» a los capellanes de hospitales?
«El Gobierno maniobra para suprimir en la Sanidad Pública a los Capellanes de Hospitales«, afirma un texto que se viralizó en redes sociales en 2020 y por el que ahora nos habéis vuelto a preguntar a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319).
La polémica comenzó en enero de 2020, cuando el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, presentó dos preguntas escritas al Gobierno sobre la asistencia católica en los centros sanitarios, que es financiada con dinero público. Tras la insistencia del senador, el Gobierno explicó que los Acuerdos entre el Reino de España y la Santa Sede, que datan del año 1979, no se pueden modificar «siguiendo los trámites legislativos ordinarios«, que no basta con «una simple derogación» y que tienen «carácter bilateral«. Es decir, que para derogar el acuerdo sobre la asistencia católica en hospitales es necesario que intervengan ambas partes.
Además, según apunta el Gobierno, se ha abierto «un espacio de diálogo con la Iglesia Católica» que permite «actualizar el marco de sus relaciones«.
Os contamos lo que sabemos sobre el tema.
El acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede
La asistencia religiosa en hospitales es un derecho que está recogido en el Artículo IV del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 1979.
En 1985, se firmó la orden por la que se dispone la publicación del acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos, que entró en vigor en 1986. En el artículo 6 de esta orden se establece que «corresponderá al Estado, a través de la correspondiente dotación presupuestaria, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica. El Estado transferirá las cantidades precisas a la Administración sanitaria competente».
Ya en el Anexo III se puntualiza lo siguiente respecto a la financiación: «No obstante lo dispuesto en el artículo 6.º, la obligación financiera relativa al servicio de asistencia religiosa católica seguirá correspondiendo a las Entidades que sean actualmente titulares de los centros hospitalarios públicos. En los centros hospitalarios que sean creados en el futuro por las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y Fundaciones Públicas, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica corresponderá a las Entidades fundadoras».
Carles Mulet, portavoz de Compromís en el Senado, presentó dos preguntas al Gobierno sobre la asistencia católica en los centros sanitarios españoles en enero
El 8 de enero, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet presentó, dos preguntas escritas al Gobierno sobre la asistencia católica en los centros sanitarios españoles. En una de ellas, el senador preguntaba qué cantidad se ha destinado a la asistencia religiosa desde 1986. En la otra, qué medidas iba a adoptar el Gobierno para derogar el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos y para derogar el acuerdo sobre la asistencia religiosa católica en hospitales, vigente desde la orden de 1985, «por atentar contra la aconfesionalidad del Estado».
En su respuesta, el Gobierno afirmaba que «un servicio de asistencia religiosa en los centros sanitarios públicos no supone un obstáculo para un Estado aconfesional» y que son las Comunidades Autónomas las encargadas de organizar este servicio:
«Ahora bien, al residir en las Comunidades Autónomas las competencias referidas a la organización y gestión de las asistencia sanitaria en su territorio, a ellas corresponde, por tanto, la organización de sus servicios de salud y el establecimiento de convenios que estimen oportunos para garantizar las asistencia religiosa católica en los centros sanitarios integrados en la red sanitaria pública que les competen.»
El Gobierno no puede derogar con una ley ordinaria los acuerdos con la Santa Sede, por los que se presta asistencia católica en hospitales
El 31 de mayo, Mulet reiteró su pregunta sobre derogar el acuerdo de entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 1979. El Gobierno respondió el 13 de julio y explicó que «los Acuerdos entre el Reino de España y la Santa Sede no son una ley estatal que se pueda modificar siguiendo los trámites legislativos ordinarios«.
Según el Gobierno, «al tratarse de convenios de naturaleza internacional, están sometidos a lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de la Constitución«. Según el artículo 96, las disposiciones de los convenios internacionales «sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional».
En su respuesta, el Gobierno insiste en que «no basta con una simple derogación» y que «la modificación de los Acuerdos con la Iglesia Católica tiene un carácter bilateral«. Además, manifiesta que «la voluntad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, en los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, permanece y el compromiso asumido por el Gobierno en este sentido es firme».
El Gobierno ha abierto «un espacio de diálogo» para «actualizar el marco de sus relaciones» con la Iglesia
El 21 de julio, Mulet volvió a insistir: «¿Ya pueden ambas partes ponerse de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera convenidos en unos Acuerdos con la Santa Sede considerados por los expertos como preconstitucionales, ¿por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado?».
El Gobierno respondió el 10 de septiembre y aseguró que «los propios Acuerdos prevén mecanismos de interpretación y modificación que requieren de la intervención de ambas partes«. En este sentido, en el documento destacan la reunión que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tuvo con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, el 24 de junio.
En esa reunión se acordó establecer una agenda de trabajo para «avanzar en un modelo que permita la colaboración y la resolución de las posibles discrepancias que pudieran plantearse«. Según el documento, «asuntos como la fiscalidad de la iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la Educación, figuran entre las cuestiones que serán abordadas». Según apunta el Gobierno, se ha abierto «un espacio de diálogo con la Iglesia Católica» que permite «actualizar el marco de sus relaciones«.
Desde Maldita.es hemos consultado a la Vicepresidencia Primera del Gobierno si entre las cuestiones que se van a abordar está la posible supresión de la asistencia católica en los hospitales, pero no hemos recibido respuesta al término de este artículo. Por su parte, la Conferencia Episcopal nos remite al Gobierno.
