En concreto, el auto suspende el apartado primero del acuerdo de 27 de marzo del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se decretaba que «se ejercitasen acciones administrativas y judiciales de dominio y de posible nulidad y rectificación registral practicada al respecto de la Catedral de San Salvador, conocida como la Seo, y de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena a favor del Arzobispado de Zaragoza con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio y la utilización pública de los citados bienes».
El auto «es insostenible desde el punto de vista jurídico porque ataca al derecho a defenderse», ha argumentado el alcalde para justificar la presentación del recurso al auto judicial de medidas cautelares.
En rueda de prensa, ha tildado de «lamentable» que se suspenda un acto de gobierno, que revela «miedo» y una «falta clara de disposición a ofrecer información». Lo ha comparado con la frase que se atribuye a los periodistas de «matar al mensajero».
Ha abundado en sus críticas al auto judicial porque «se nos priva el acceso a la información o ir al registro y es maniatar a este gobierno» y ha añadido que «es sorprendente y nos preocupa lo que pueda suponer de merma de acceso a la tutela judicial efectiva, que es lo más sorprendente de todo».
43 PROPIEDADES MÁS
Sobre la decisión de la jueza al señalar que no existe informe que fundamente jurídicamente la decisión del Gobierno municipal, Santisteve ha replicado que «dice que no hay, pero se mete con el que existe. Es incomprensible».
No obstante, ha indicado que estas medidas cautelares «llegan tarde» al informar de que el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC) «ya había actuado interesándose por unos datos que revelan que entre 1984 y 1988 hay unos 43 propiedades registradas por la Iglesia Católica en el término municipal de Zaragoza como parroquias, solares, campos de regadío, el cementerio de Monzalbarba y otro en Movera», entre otros que ha citado.
En concreto, se ha referido al 8 de abril de 1987, fecha en la que el entonces arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, llega a registrar más de 20 propiedades. Se produce en un contexto en el que la Ley Hipotecaria vigente entonces «debería ser tachada de inconstitucional y franquista», ha opinado.
Santisteve ha explicado que la finalidad del equipo de gobierno municipal con las inmatriculaciones de la Iglesia Católica es «plantear un debate sosegado».
QUE TAMBIÉN ACTÚEN OTROS
«Queríamos un acto de conciliación para hacer un debate y no ha ocurrido, pero insistimos en el diálogo y no defendemos que los bienes pertenezcan al ayuntamiento, sino que son de dominio público y la jerarquía eclesial tiene que darse cuenta de que los tiempos cambian y tras más de 30 años de complicidad con la clase política ahora la ciudadanía exige otros modos y quiere saber y nuestra obligación es proporcionar ese debate».
Tras esta exposición, ha indicado que «ahora que opine la sociedad, pero nosotros mantenemos el respeto a la libertad de culto y este tema no se tiene que sacar de contexto», ha precisado.
El alcalde ha querido dejar claro que «nos duelen estos movimientos de judicialización, que redundan en más opacidad en un tema del que la ciudadanía quiere saber y conocer sobre bienes de dominio público y no pueden ser objeto de apropiación».
También se ha preguntado si el Gobierno central va a hacer algo por salvaguardar el interés general y ha pedido que «cada uno asuma su grado de responsabilidad». Así, ha emplazado a «ver la lealtad institucional porque no solo afecta a Zaragoza, sino a todas las provincias del Estado con una legislación presuntamente viciada».
Tampoco ha descartado hacer fuerza con otras instituciones para tener «más argumentos sopesados de todo tipo» y ha subrayado que estará «encantado de contribuir a ello».
Finalmente, ha señalado que tras poner de manifiesto este problema, la sociedad, el Gobierno de la Comunidad autónoma y el Estado deberían responder porque «los ciudadanos se merecen que otras instituciones den la cara y no solo el ayuntamiento en aras de la transparencia».
