La inscripción recoge los nombres de los “caídos” en el pueblo “por Dios y por la patria”, tal y como reza en la placa, motivo de polémica en la localidad desde hace tiempo.
Según la teniente de alcalde, los vecinos contrarios a la retirada de este elemento han efectuado diversos “insultos y amenazas”, lo que ha motivado “una situación de tensión a pesar de la presencia de la Guardia Civil”. El Ayuntamiento había previsto quitar la placa a las ocho de la mañana y varias horas después, a media mañana, los ediles del equipo de Gobierno acordaron conceder un plazo de diez días a la Iglesia para que esta desaparezca de la fachada del templo.
Desde el Obispado
Fuentes del Obispado de Ávila aseguran que la Iglesia quiere actuar “conforme a la legalidad” y está dispuesta a “negociar y evitar conflictos”, pero señalan también que, a pesar de estar promulgada la Ley de Memoria Histórica de España, falta el reglamento de aplicación y hasta entonces no se procederá a quitar la placa de la iglesia de San Pedro Advíncula.
Han explicado que no se puede “obligar a un particular a modificar un bien de propiedad privada”, aunque sea una medida aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Pedro Bernardo, por cinco votos a favor (cuatro de CI y uno del PSOE) y cuatro en contra (PP).
La Iglesia señala que arrancar la polémica inscripción ahora sería “un acto de vandalismo” y anuncia que, de producirse así, iniciaría medidas legales por tratarse de “un atentado contra la propiedad privada”.
La primera teniente de alcalde, quien tomó este jueves las riendas del municipio ante la ausencia del alcalde, José Manuel García (CI), asegura que lleva negociando la retirada de la placa con el Obispado durante los últimos cinco meses y que la Iglesia siempre mostró buena disposición hasta que, hace dos semanas, el Consistorio anunció que se quitaría el elemento franquista el 5 de junio.
Asociación Memoria Histórica.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ‘Nuestra Memoria’, presidida por la socialista Isabel Fernández, ha difundido un comunicado en el que se denuncia “la situación de crispación creada por el párroco, la Vicaría de Ávila, los concejales del PP y los trabajadores de Protomac”.
“Han acudido al lugar todos los miembros del grupo municipal del PP y los trabajadores de la empresa Protomac, que han coaccionado con manifestaciones de denuncias y de graves repercusiones sobre las personas que tenían encomendada la tarea a realizar”, dicen desde ARMH. Del mismo modo, se sostiene que el párroco a incitado “a sus feligreses y amigos a acudir para evitar la retirada mediante la directa intervención”.
Subdelegación
La asociación también acusa al subdelegado del Gobierno de Ávila, César Martín, de “negarse a atender la protección de la alcaldesa en funciones”, según este colectivo, “debido a las permanentes llamadas telefónicas e interferencias del Obispado de Ávila”.
La Subdelegación, por su parte, desmiente rotundamente estas manifestaciones y califica su actuación “de un rigor exquisito en lo que atañe a sus competencias”. Señala que las contradicciones no han partido de los representantes del Estado en la provincia, sino del Ayuntamiento de Pedro Bernardo, que en solo 24 horas envió varias resoluciones opuestas.
De esta forma, afirma la Subdelegación, el alcalde, José Manuel García, comunicó el miércoles su intención de retirar la placa, decisión que rechazó unas horas más tardes. Después, el regidor firmó un decreto delegando sus funciones en la primer teniente de alcalde durante tres días y esta, inmediatamente después, volvió a expresar su intención de quitar el polémico elemento de la iglesia de Pedro Bernardo.
