El Ayuntamiento de Oviedo enviará en los próximos días una comunicación al Arzobispado en la que, en base a la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid el pasado 1 de enero, por la que el Consistorio de Getafe pudo cobrar el CIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) a una orden religiosa, le encomienda a «hacer un análisis de la situación fiscal en la que se encuentran las obras del Seminario Metropolitano» y «discernir» qué parte de las actuaciones que actualmente se están realizando en el inmueble «están sujetas a la tasa».
Precaución necesaria «al no estar todas las instalaciones dedicadas en su totalidad al culto o la vivienda de los religiosos». En los términos que maneja el concejal de Economía, Rubén Rosón, que emplazará al Arzobispo, Jesús Sanz Montes, a mantener una reunión «a disposición de la agenda» de monseñor, el edil hace extensiva su pretensión a «otros inmuebles de su propiedad que pudieran estar al margen de la fiscalidad municipal y regularizarlos».
El fin de la carta no es otro que cobrar el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cuya base imponible es del 4% sobre el coste material de cualquier obra que precise licencia municipal. La primera fase de la reforma del Seminario Metropolitano comenzó el pasado día 5 y su coste asciende a 2,18 millones de euros. Consiste en transformar 6.200 metros cuadrados del ala que ocupaba hasta 2005 el colegio de La Asunción en una nueva residencia para seminaristas, más moderna, con capacidad para cincuenta personas. En la parte baja se habilitarán una sala de comunidad, otra de formación y una biblioteca, aunque una parte se destinará a ampliar el área alquilada a los cursos de preparación del MIR.
A esto último es a lo que se sujeta Economía para querer cobrar el impuesto al Seminario, por entender que alquilar aulas es una actividad económica que quedaría fuera de la exención que la propia ordenanza municipal 403 que regula el impuesto dictamina para «la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas».
Sacando escuadra y cartabón para delimitar qué partes del antiguo colegio de La Asunción son susceptibles de pagar el impuesto, el Ayuntamiento estaría obligado, asimismo, a aplicar una bonificación en la tasa. El Seminario goza de protección de categoría parcial 2 en el catálogo Urbanístico de Oviedo y, para inmuebles de estas características, la ordenanza contempla una rebaja del 20%. De hecho, el nivel de protección fue uno de los escollos que tuvo que salvar la Iglesia para la concesión del permiso de obra por parte de Urbanismo.
Desde el Seminario descartaron ayer hacer declaraciones acerca de las intenciones del Ayuntamiento pero, por otro lado, recordaron que la institución está a la espera de que la administración local dé respuesta oficial a un escrito presentado el pasado 12 de septiembre en el registro general del Consistorio con el que solicitaban la exención del pago del impuesto en base a la citada ordenanza fiscal 403.
Por su parte, el Arzobispado, que en parte financia las obras a través de una subvención ordinaria, se remitió a meses atrás eludiendo la polémica. Concretamente a enero cuando, a raíz de la sentencia del Contencioso madrileño, se activaron los planes de Economía para cobrar tasas e impuestos a la Iglesia. «El concejal repite una y otra vez lo mismo. No queremos polémicas», indicaron fuentes eclesiásticas. En su momento, Sanz Montes la eludió colocando a Wenceslao López como único interlocutor válido y afirmando que la Archidiócesis, según la legislación vigente, no mantiene ninguna actividad lucrativa.
Arrancan las obras de mejora del Seminario Metropolitano, que durarán diez meses
Diez meses y dos millones de euros. Estos son los principales datos para convertir el antiguo colegio de la Asunción del Seminario Metropolitano en una moderna residencia para estudiantes. Los trabajos de mejora en el Prado Picón comenzaron ayer por la mañana después de que la dirección y los responsables de la empresa Iroca firmasen el acta de inicio de los trabajos: «Las obras arrancaron con la demolición de las primeras paredes. Durante este tiempo trabajaremos en estas tres plantas y también limpiaremos la fachada», según especificó el jefe de obra, Pablo Laruelo.
En concreto, las mejoras consistirán en transformar 6.200 metros cuadrados en una residencia para cincuenta personas. Las habitaciones contarán con unas modernas instalaciones, aseos individuales y en la planta baja se habilitará una sala de comunidad, otra de formación y una biblioteca. También se pretende ampliar el área alquilada a los cursos de preparación del Médico Interno Residente (MIR) y se le dará un lavado de cara a la fachada: «Estas tareas las dejaremos para cuando haga mejor tiempo. Nuestra intención es hacer ahora todo lo interior y en primavera lo exterior», informó ayer Laurelo.
Las obras en el Seminario, edificio catalogado con una protección parcial 2 en el Catálogo Urbanístico de Oviedo, están financiadas con un préstamo bancario de tres millones de euros, respaldado por los ahorros de la institución, parte de la subvención ordinaria del Arzobispado y las donaciones de los fieles y de las parroquias. Se espera, además, que la reforma en sí misma genere rentabilidad, al acabar con parte de las limitaciones que hay en la actualidad. La residencia tiene capacidad para 19 habitantes permanentes, la calefacción está sin sectorizar, la instalación eléctrica es antigua y cada poco tiempo existen problemas con las cañerías.
El proceso para reformar el Seminario comenzó en 2016 pero pronto llegaron los primeros problemas. El Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias pidió una serie de exigencias que en un principio no se contemplaban. El proyecto finalmente se adaptó y en agosto la concejalía de Ignacio Fernández del Páramo les dio la licencia.
Estas no serán las únicas obras que se acometer en este emblemático edificio. Se quieren mejorar las instalaciones de la zona académica y de acogida aunque estos trabajos tendrán que esperar. Fuentes cercanas apuntan que estas fases serán «flexibles» dentro de un plazo máximo de diez años.