El Ayuntamiento de Barcelona ha regularizado las obras del templo de la Sagrada Familia que se han llevado a cabo sin licencia durante 137 años, fruto de un acuerdo entre el consistorio y la Junta Constructora de la basílica de octubre de 2018.
La Comisión de Gobierno ha aprobado esta semana la concesión de un permiso para gran rehabilitación con aumento de volumen y ejecución de obras a la Junta Constructora del templo, que deberá pagar 4,6 millones de euros al Ayuntamiento en concepto del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa de licencia de obras.
En un comunicado, la Sagrada Familia destaca que la licencia le permitirá “seguir construyendo el proyecto de Antoni Gaudí” que prevé terminar en 2026 y es “el resultado de un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Sagrada Familia, que han colaborado estrechamente en los últimos dos años”.
Según ha explicado en rueda de prensa la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, la licencia de obras establece una altura máxima de 172 metros y una superficie construida sobre rasante de 41.000 metros cuadrados y dos plantas sótano.
La licencia también describe una construcción del templo por etapas, y prevé un plazo de ejecución total que finalizará en el año 2026.
La licencia se circunscribe a la parcela que ocupa actualmente el templo, sin abordar la posibilidad de la continuidad del proyecto con la escalinata de acceso a la fachada de la Gloria por la calle de Mallorca, lo que obligaría a derribar algunos edificios.
Sobre esta cuestión, de la que están pendientes los vecinos, muchos de ellos porque sus viviendas y negocios deberían ser derribados, Janet Sanz ha asegurado que el ayuntamiento quiere que “los vecinos tengan las mínimas afectaciones” y “trabajar con todo el mundo”, por lo que el nuevo consistorio constituirá una mesa de trabajo con todos los actores.
En paralelo a la licencia de obras, el Ayuntamiento de Barcelona también ha tramitado los permisos de actividad con respecto a los usos de la basílica.
Así, la actividad principal del edificio es de centro de culto visitable, abierto al público más allá del horario de los actos litúrgicos, y museo, por lo que el uso es religioso y cultural.
Este permiso culmina el proceso que el gobierno municipal ha llevado a cabo a lo largo del mandato para regularizar un asunto pendiente desde 1885, cuando se solicitó la licencia al ayuntamiento de Sant Martí de Provençals, municipio anexionado hace más de un siglo a Barcelona.
En octubre de 2018 el gobierno de Ada Colau y el patronato del templo de la Sagrada Familia llegaron a un acuerdo para regularizar las obras que incluye, además de pagar las tasas e impuestos correspondientes, que los constructores aporten 36 millones de euros en 10 años para financiar los gastos municipales que generan sus actividades.
