Varios medios aseguran que el prelado no siguió las órdenes de la Santa Sede pese a reconocer que las acusaciones eran verosímiles
El arzobispo de Granada, Javier Martínez, solo habría interrogado a tres de los 12 imputados por el caso Romanones de abusos a menores en la diócesis, por lo que la investigación que abrió no fue del todo completa pese a la petición expresa de la Santa Sede tras destaparse el caso, en el que intervino el propio Papa Francisco, y pese a que el propio arzobispo, en sus escritos enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Secretaría de Estado, «reconoce que varios de ellos pudieron ser víctimas de abusos en el pasado, para convertirse posteriormente en cómplices, en mayor o menor grado, de las atrocidades cometidas contra Daniel (la víctima que denunció) y otros chicos y chicas». Siete de esos sacerdotes continúan ejerciendo en parroquias de Granada.
Así lo ha desvelado este fin de semana eldiario.es y Religión Digital, que recogen que Martínez abrió una investigación sobre los posibles abusos «únicamente después de que la Santa Sede, a través de Secretaría de Estado, le conminara a ello una vez el Papa Francisco llamase a la víctima de dichos abusos». Martínez respondió asumiendo la verosimilitud de las acusaciones contra los miembros del clan de los Romanones, aseguran en dichas publicaciones.
Sobre los Romanones, «el propio arzobispo reconoce que se trata de un grupo compacto y cerrado, aunque mostró su temor por el daño a la Iglesia que se podría producir dado el nutrido número de sacerdotes del que se hablaba». Esto, según el análisis periodístico realizado en sendos medios, explicaría que sólo se interrogase y también se suspendiera «a divinis» de su ejercicio parroquial en Granada a tres de los sacerdotes implicados, entre ellos el supuesto líder del clan, el padre Román. «Los mismos que Roma reconoce inicialmente como posibles autores materiales de los abusos».
Esta situación es importante porque en septiembre la Audiencia Provincial de Granada podría aceptar la petición de las acusaciones de considerar al grupo como «asociación ilícita» y corruptores de menores, «de modo que sus posibles delitos no hubieran prescrito desde el punto de vista penal», recoge eldiario.es. Canónicamente ninguno de ellos ha prescrito y de hecho se sigue a la espera de que salga a la luz el resultado de la investigación eclesiástica y sus consecuencias.
La información del pasado sábado asegura que el prelado admite expresamente ante Doctrina de la Fe que «este grupo de sacerdotes están desproporcionadamente presentes en el Consejo Presbiteral de la diócesis», y que uno de ellos era juez del Tribunal Eclesiástico. Advierte de su «actitud virulentamente defensiva y su distanciamiento doctrinal con la Iglesia, pese a dar la impresión de una radicalidad en su vida en común». Todos los imputados mantenían una vida en común.
