Desvincular a los templos de las ayudas públicas cuando éstas supongan una amenaza para el uso cultual. Así podría resumirse el pensamiento expresado por el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, en la respuesta dada esta semana a un lector en el semanario Iglesia en Sevilla. El prelado hispalense aboga por la creación, a nivel estatal, de una ley de mecenazgo que favorezca la restauración del vasto patrimonio que atesora España y que incluye los bienes de la Iglesia católica.
La respuesta de monseñor Asenjo se recoge en la publicación que cada semana edita el Arzobispado de Sevilla. En ella un lector realiza la siguiente pregunta al prelado: «¿Las ayudas públicas para la restauración de bienes culturales de la Iglesia hipotecan de algún modo la finalida originaria y principal del culto?». El arzobispo defiende que la Iglesia reciba tales subvenciones «puesto que sus bienes culturales constituyen una parte importantísima del patrimonio artístico nacional y el Estado debe velar por él». Asenjo argumenta que «la Iglesia lo fue creando con sus propios medios y con la ayuda de los fieles y ostenta legítimamente su titularidad. Los poderes públicos deben ayudar a la Iglesia a mantener su patrimonio declarado Bien de Interés Cultural».
Matiza, sin embargo, que «esas ayudas no deben tener contrapartidas que desvirtúen el carácter sagrado de los monumentos». «Solamente deben destinarse a fines compatibles con su sacralidad y siempre con tino y prudencia», incide Asenjo, quien subraya que «dichas ayudas tampoco deberían suponer una hipoteca para la libertad de la Iglesia». Por tal motivo, defiende que en tal caso «sería preferible prescindir de las ayudas, si suponen una dependencia o endeudamiento con los poderes públicos».
Ante tal coyuntura, y abogando siempre por la libertad de uso sagrado, el arzobispo de Sevilla -quien, por cierto, fue nombrado hace poco presidente de la Comisión de Patrimonio y Cultura de la Conferencia Episcopal Española- «confía» en una futura ley de mecenazgo «a la altura de lo que España necesita y se merece por el volumen de su patrimonio artístico». Una ley encaminada a propiciar más ayudas individuales y de instituciones privadas en las restauraciones, lo que a la postre evitaría tener que acudir siempre a las subvenciones de las administraciones públicas.
Uno de los templos abiertos al uso turístico tras su restauración fue el Salvador, donde la Junta participó en su coste con la condición de que se estableciera un amplio horario para las visitas.
