El cardenal Juan José Omella presidirá esta tarde, a las 19.00 horas, en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona el funeral por las víctimas de la pandemia del coronavirus que no fueron despedidas como es debido durante los meses de confinamiento; un hecho que ha provocado un choque entre el Arzobispado de Barcelona y el Govern de la Generalitat que puede acabar en los tribunales.
El Procicat envió una resolución firmada por la consellera de Salut, Alba Vergés, el viernes a última hora que prohibía la celebración con base en una resolución de la Generalitat del 17 de julio que limita a diez personas la presencia en los actos religiosos; y las autoridades del Govern de la Generalitat comunicaron que no acudirían a la ceremonia.
Los representantes del Ayuntamiento de Barcelona han decidido que tampoco asistirán este domingo. En el consistorio, pese a no compartir la decisión del Ejecutivo de Quim Torra, consideran que no pueden desatender su resolución.
Con todo, en el Arzobispado han decidido mantener el responso con medidas adicionales de seguridad, como tomar la temperatura a todas las personas que entren al templo, donde también se ofrecerá “una acción de gracias” por aquellos que han superado la enfermedad.
La Iglesia de Barcelona lamenta y censura que el Govern ponga trabas a la celebración de la eucaristía y que en cambio sí avale que los turistas visiten el templo diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí, por ello ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Ejecutivo catalán. “Es una previsión que nos parece injusta y discriminatoria teniendo en cuenta que hemos sido muy cuidadosos y respetuosos para mantener las normas sanitarias exigidas para los espacios cerrados”, señala un comunicado emitido hoy por el Arzobispado, en el que se contrapone su situación a la de otros espacios cerrados que permiten un aforo del 50%, como los restaurantes.
El control de la temperatura se suma al cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes para que la Sagrada Familia estuviera abierta ayer y hoy a los turistas, algo que habían pedido con insistencia el Ayuntamiento de Barcelona y el Ejecutivo catalán para reactivar la vida económica de la capital catalana.
Fuentes consultadas de la iglesia barcelonesa lamentan el “sinsentido” de permitir la visita del templo a turistas –ayer pasaron por allí unas 1.200 personas– y que en cambio no se autorice la celebración del funeral, al que sólo se puede acceder con invitaciones numeradas, aunque no son nominales. Están invitadas a la ceremonia 500 personas, que suponen un aforo del 23% de la basílica.
El comunicado subraya que las medidas de seguridad previstas para el funeral “son incluso más rígidas que las aplicadas desde ayer por la mañana a las visitas del turismo”, y deja claro el malestar de la Iglesia con las decisiones de las administraciones, que habían presionado para la reapertura de la Sagrada Familia a todos los públicos porque es uno de los principales atractivos para el turismo en Barcelona y en Catalunya.
Además, se asegura que, “ante el poco previsible cambio de actitud” del Departament de Salut, se tomarán “las acciones legales oportunas contra la arbitrariedad e indefensión que sufren el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto, constitucionalmente protegidos”. La resolución del Procicat llegó el viernes a última hora y, según los asesores legales del Arzobispado, no la podrán recurrir hasta mañana lunes. Desde el departamento que dirige Vergés admiten que se comunicó la prohibición y que el Arzobispado informó de que celebrarían la ceremonia de igual modo para que la gente la pueda seguir por medios telemáticos, que ya fueron protagonistas la pasada Semana Santa en los hogares católicos.
El Arzobispado comunicó hace semanas la intención de celebrar el funeral y contaba con la autorización pertinente para ello de la Direcció d’Afers Religiosos de la Generalitat desde el 2 de julio. La petición formal, siguiendo las indicaciones del Departament de la Presidència y del consistorio de a capital catalana, se presentó el 21 julio. Otras administraciones como el Gobierno del Estado o el Govern junto al Ayuntamiento de Barcelona han celebrado ya las ceremonias laicas de homenaje a los fallecidos por la pandemia y las fuentes lamentan que no se permita la celebración religiosa, que se había previsto incluso antes.
Esta tarde solo pueden acudir de forma presencial a la basílica las personas invitadas, que son familiares de los difuntos –la mayoría– así como representantes del sector de la alimentación, de las residencias de ancianos, de los tanatorios, cementerios, periodistas y vendedores de prensa, hoteleros, entidades caritativas, las autoridades que lo deseen y feligreses que han recibido una invitación. La ceremonia se emitirá en los canales de televisión 8TV y 13TV, además de en Ràdio Estel.
Dado el embrollo, en el comunicado se insta a las personas invitadas al funeral y que quieran acudir al funeral de forma presencial “que consideren la conveniencia de asistir o participar a través de los medios”. El exconseller de Interior Ramon Espadaler, compañero de partido del concejal de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, asistirá a la eucaristía en nombre del grupo parlamentario PSC-Units y como dirigente de la formación heredera de los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Units per Avançar.
Tal como estaba previsto, el cardenal Omella, arzobispo de Barcelona, ha oficiado el funeral sin respetar las normas establecidas por la Generalitat.
