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Un grupo antielección reza frente a la clínica Dator, en Madrid, en diciembre de 2020. Álvaro Minguito

El acoso a centros que practican IVE continúa pese a que lo prohíbe la ley y ante la indiferencia de Interior

Los grupos antielección convocan rezos ante las clínicas que practican abortos pese a que una reforma del Código Penal aprobada en 2022 prohíbe estas prácticas y ante la inacción de las administraciones.

“Queridos voluntarios de 40 días por la vida. ¡¡Estamos a las puertas de la próxima campaña!! El miércoles 27 de septiembre damos inicio a la próxima campaña de ayuno y oración de 40 días por la vida”. 

Así empieza el llamamiento que en estos días comparten grupos antielección y que llama a concentrarse en las puertas de centros que practican interrupciones del embarazo, para “rezar por el fin del aborto” durante 40 días, en una convocatoria que se repite dos veces al año —en septiembre y en torno a la Cuaresma—.

“En estos días vamos a ver cartelería que insiste en decirnos a las mujeres que nuestros cuerpos y nuestras decisiones no son nuestras y vamos a ver cómo quienes rezan elevan la voz cada vez que una mujer o una profesional entre o salga de la clínica”, lamenta Sonia Lamas, portavoz en Madrid de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (ACAI) y responsable de comunicación de la clínica Dator, uno de los centros más afectados por estas prácticas. “Habrá mujeres a las que les afecte más y a quienes les afecte menos, pero si una sola mujer se siente hostigada, será motivo de denuncia”, advierte Lamas.

Porque, pese a que en abril de 2022 fue aprobada una modificación del Código Penal para sancionar este tipo de concentraciones, estas prácticas no han parado. Y, no solo eso, sino que este año se han vivido algunas especialmente graves: en mayo de 2023, un centenar de personas acudió a rezar a la clínica Dator sin que ninguna administración intentara pararlo. En marzo el movimiento feminista de Barcelona protagonizaba una concentración en la Plaza de Les Corts tras detectar que se habían reavivado estas concentraciones en los centros de la ciudad, instigados por un cura de la parroquia que se encuentra en esa plaza.

El cambio en el Código Penal, impulsado en 2021 por el Grupo Socialista del Congreso, amplía el artículo 172 para establecer que es son punibles los actos de quien “para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”. La pena contemplada es de entre tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. El castigo se contempla también para quien acose a las trabajadoras de esos centros. Además, la pena se puede agravar con la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.

La asociación de clínicas ACAI se reunió en junio con el ministro de Interior, pero a día de hoy no se han tomado medidas a ante el hostigamiento a mujeres en los centros que practican interrupciones del embarazo  

Con este cambio, se trataba de dar respuesta a una petición histórica de los centros acreditados para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, que son quienes asumen buena parte de esta prestación sanitaria pública que la Sanidad Pública ha olvidado, algo que trata de corregir la reforma de la ley del aborto aprobada de manera definitiva en febrero de 2023. Pero, pasado más de un año de su aprobación, la ley ha demostrado no ser efectiva, algo que ACAI trasladó al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en una reunión en junio.

En ese encuentro, pedían a Interior que se implicara en la protección de las mujeres que acuden a sus centros del hostigamiento de grupos ultra, tal y como establece la ley. Entonces, Interior se comprometió a trabajar en la prevención, como transmitió ACAI tras la reunión. Pero, a día de hoy, y mientras estos grupos ultra hacen su convocatoria al rezo, la situación es la misma y no constan medidas.

Preguntado por este medio sobre si se ha puesto en marcha alguna medida tras la aprobación de la ley, si se han puesto en marcha alguna medida tras la reunión de junio y, de manera específica, sobre si se están tomando medidas ante la circulación de convocatorias para organizar rezos en las clínicas en estos días, la respuesta de Interior es lacónica: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan en todo momento para garantizar el cumplimiento de la ley”.

Grupos ultra adaptados a los nuevos tiempos

La convocatoria con motivos del 28 de septiembre en Barcelona, Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, llama a parar “la ofensiva contra el derecho al aborto” y ha modificado el recorrido habitual para pasar por Les Corts para señalar que, desde ese lugar, se instiga al hostigamiento contra un derecho reconocido de las mujeres, el derecho a decidir.

Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, explica cómo estos grupos ultra se han adaptado a la nueva normativa y tienen muy medido cómo actuar para no traspasar los límites: nunca son muchas personas, tienen mucho cuidado de no utilizar ni desgastar mobiliario urbano y hasta reciben instrucciones de cómo actuar si acuden los Mossos. “Saben lo que tienen que hacer y decir”, explica.

La Associació de Drets Sexuals i Reproductius explica cómo estos grupos ultra se han adaptado a la nueva normativa y tienen muy medido cómo actuar para no traspasar los límites “Saben lo que tienen que hacer y decir”

Sobre la utilidad de las denuncias, es pesimista: tanto su organización como las clínicas han interpuesto varias denuncias que jamás han prosperado, un extremo que confirma también ACAI. En el caso de Barcelona, Aldavert explica que la Conselleria de Feminismo también intentó la vía judicial para alejar a estos grupos, interponiendo una denuncia ante la Fiscalía. Fue desestimada.

Aldavert menciona una sola referencia en la que la ley se ha mostrado útil: en octubre de 2022, un juzgado de Donostia dictó medidas de alejamiento de una distancia mínima de 100 metros de la clínica Askabide de esa ciudad por las protestas antiabortistas, subrayando la reforma legislativa. El juez entendía que la medida cautelar era necesaria para salvaguardar los derechos de las posibles afectadas y que las personas investigadas tenían otra vías para manifestar “su postura legítima en contra de las prácticas abortivas”.

“Tanto el gobierno estatal como los autonómicos deberían actuar pero, ¿cuál es su respuesta? Volvemos a estar teniendo leyes que no se están aplicando y que no nos sirven para proteger a las mujeres y a las profesionales”, lamenta.

Querer es poder: el caso de Málaga

Para Aldavert, por tanto, la ley es insuficiente. Una postura que comparte Sonia Lamas, que además insiste en que la vía sería tomar medidas al estilo francés, donde las clínicas que practican IVE tienen establecido un perímetro para garantizar la seguridad y privacidad de las mujeres y donde además se establece que las mujeres agraviadas no tienen que personarse en el caso de que prospere una denuncia cuando este perímetro no se respete. Lamas recuerda además que la responsabilidad de hacer que frene el hostigamiento a las mujeres es de las administraciones de los tres niveles: local, autonómico y estatal.

Ambas expertas advierten además de que existen otra vías para actuar. Por ejemplo, a través de ordenanzas municipales, como ocurrió en Málaga donde, a raíz de una reunión entre representantes de ACAI y la delegada de participación ciudadana, la policía local empezó a vigilar el perímetro de Ginesur —lugar habitual de estas concentraciones— y a aplicar varias normativas locales para disuadir o alejar las concentraciones. En concreto, se aplicaban normativas sobre convivencia, movilidad o uso del espacio urbano.

Un estudio de ACAI publicado en 2019 ofrecía algunos datos sobre el efecto de estas concentraciones en las mujeres. Entonces, preguntó a una muestra de mujeres que habían acudido a sus centros cómo se habían sentido ante la presencia de estos grupos. Un 73% describió a estos grupos como molestos o muy molestos, un 89% dijo haberse sentido acosada y un 67% dijo haberse sentido amenazada.

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