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La presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, en una marcha con motivo del 28S en Andorra, en una imagen cedida por la asociación.

El aborto es ilegal en Andorra y contarlo puede costarte 30.000 euros

Vanessa Mendoza Cortés está a la espera de juicio después de que las autoridades de Andorra la denunciaran por difamación tras declarar ante la CEDAW. El Código Penal de este país contempla penas de hasta 30.000 euros por difamar a las instituciones, en un artículo que Amnistía Internacional pide retirar.

La activista Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la Associació Stop Violències, referencia en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en Andorra, aun no sabe la fecha del juicio en el que enfrentará la acusación por difamar a las autoridades del país, donde el aborto es ilegal en cualquier supuesto y está castigado con penas de prisión.

En octubre de 2019, Vanessa Mendoza Cortés participó en la 74º sesión de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sis siglas en inglés) donde se llevaba a cabo el examen periódico de Andorra ante el Comité de Naciones Unidas. Allí presentó el informe de su asociación sobre la situación de la protección de mujeres y niñas, y el efecto dañino de la actual prohibición total del aborto en Andorra documentado por la Associació Stop Violències. 

El Gobierno de Andorra denunció a la activista Vanessa Mendoza Cortés por calumnias hechas con publicidad, calumnias contra los copríncipes y por difamar a las instituciones, aunque el fiscal retiró los dos primeros cargos

Poco tiempo después, las autoridades andorranas presentaron una denuncia contra ella ante la Fiscalía argumentando que sus declaraciones estaban socavando el prestigio y el buen nombre del Gobierno. En julio de 2020, la Fiscalía andorrana instó al juzgado a incoar diligencias previas contra Vanessa Mendoza Cortés por los presuntos delitos de “calumnias hechas con publicidad” (artículo 172 del Código Penal), de “calumnias contra los copríncipes” (artículo 320 del Código Penal) y “delitos contra el prestigio de las instituciones” (artículo 325 del Código Penal). 

En 2021, el fiscal retiró dos de los cargos que acarreaban penas de prisión, pero mantuvo la acusación por desprestigiar a las instituciones en base el artículo 325, por lo que Mendoza Cortés sigue enfrentándose a una posible multa de hasta 30.000 euros y a tener antecedentes penales en caso de ser declarada culpable.

Linchamiento a una activista

“Retiraron dos de los delitos porque en ese tiempo hicimos mucho ruido, pero llevan años linchándome”, explica a El Salto la activista. Sobre qué es lo que molestó tanto al Gobierno de su país como para interponer una denuncia, la activista prefiere no dar detalles mientras dure el proceso, pero sí da algunas pistas. “Se sienten muy ofendidos porque decimos que hay niñas violadas pariendo en Andorra, o porque hablamos de la amplia adopción que hay de niños y niñas que arrebatan de entorno, o por cuestionar el papel del obispo”, indica.

La comparecencia de la activista se produjo el 23 de octubre en Ginebra. En el informe completo, de 26 páginas, se repasa la situación del país no solo con respecto a los derechos reproductivos sino que se exponen situaciones de desigualdad en otros ámbitos.

Con respeto al aborto, Stop Violències informa en esa comparecencia de que el aborto está totalmente penalizado y prohibido en Andorra, incluso en los tres supuestos básicos —riesgo para la madre, malformaciones fetales o violación—. También indica que, si una menor se queda embarazada, el Estado no proporciona ningún medio por lo que “la obliga a parir” y denuncia cómo las mujeres adultas se ven abocadas a abortar en Cataluña o en Fopix (Francia).

“En Andorra, a las brujas no las quemaban porque hay mucha nieve, como no se podría encender un fuego las colgaban en la plaza; eso es lo que nos están haciendo a nosotras”, lamenta la activista

“Las mujeres con un embarazo no deseado en Andorra pueden parir y darlo en adopción o pagar entre 300 y 6.000 euros para irse fue raa interumpirlo”, resume la activista en conversación con El Salto. Tras el ruido generado por esta asociación, hoy en día también pueden acceder al aborto farmacológico en una farmacia cercana a la frontera, pero “es solo farmacológico, no dan asesoramiento sobre cómo expulsar y si hay algún problema de desresponsabilizan”. Además, Stop Violències asegura que este fármaco tiene un coste desorbitado: “Te cobran 300 euros por unos fármacos que tienen un coste de 15”.

“En Andorra, a las brujas no las quemaban porque hay mucha nieve, como no se podría encender un fuego las colgaban en la plaza; eso es lo que nos están haciendo a nosotras”, lamenta la activista, que cree que su país está anclado en la Edad Media, ya que conserva un sistema de Gobierno, el coprincipado, del siglo XI.

Stop Violències atiende a unas 40 mujeres al año, según explica su presidenta. “La mayoría de ellas hasta el 2021 eran mujeres temporeras; en el año 2022 la mayoría ya fue local”. Además, la asociación denuncia que les han llegado casos de mujeres que han sido agredidas sexualmente en por sus parejas o exparejas, una situación que no contempla el Código Penal de Andorra.

Criminalizar la crítica, una anomalía

El artículo del Código Penal por el que deberá responder esta activista es el 325, que recoge los delitos contra el prestigio de las instituciones y castiga a quien “con conocimiento de su falsedad o desprecio temerario hacia la verdad, realice públicamente imputaciones relativas a la actuación del Consejo General, el Gobierno, el Consejo Superior de la Justicia, los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal o los comunes que puedan perjudicar su prestigio”. Las penas contemplan multas de hasta 30.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de cargo público hasta cuatro años.

Mónica Costa Riba, encargada de campañas de Amnistía Internacional a favor de los derechos de las mujeres, explica la posición de esta organización, que pide dos cosas al Gobierno de Andorra. Con respecto al caso de Vanessa Mendoza Cortés, que retire los cargos. Y, con respecto al artículo 325, que lo elimine. 

El proceso judicial contra Vanessa Mendoza Cortés, mantiene esta organización, viola su derecho a la libertad de expresión y parece ser una medida en represalia por sus acciones como defensora de derechos humanos. “Nos preocupa las consecuencias que esto también puede tener para otras personas y otras activistas”, asegura Costa Roba. En cuanto al 325, Costa Riba razona que las disposiciones legales para proteger el derecho al honor y la reputación están diseñadas para proteger a las personas, no valores abstractos ni instituciones estatales. Las leyes penales o de otro tipo que brindan protección especial contra las críticas a los funcionarios e instituciones públicas son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión y, por lo tanto, deben derogarse y, mientras tanto, no utilizarse.

Amnistía Internacional no solo ha pedido que se retiren los cargos contra la activista sino que también ha instado al Gobierno del país a que elimine la difamación del Código Penal, ya que atenta contra la libertad de expresión

Por eso Costa Riba describe este artículo como una “anomalía democrática” y recuerda que Andorra está obligada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (PIDCP) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) a respetar, proteger y realizar el derecho a la libertad de expresión. Y no solo eso, sino que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el organismo de expertos que supervisa el cumplimiento del PIDCP, señala que las figuras e instituciones públicas deben tolerar un mayor grado de crítica que el público en general. Además, el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, en su informe de 2020, insta a Andorra a despenalizar la difamación e incorporarla en un código civil, de conformidad con las normas internacionales.

Pero, lejos de escuchar esta recomendación, el parlamento de Andorra mantuvo un debate a finales de 2022 sobre la pertinencia de modificar el Código Penal para que los delitos de difamación fueran castigados con las penas más altas si incluían la difusión en medios de comunicación, una modificación que finalmente no se introdujo.

Solo un partido sostuvo en sede parlamentaria que Andorra debía escuchar a Amnistía Internacional y a las recomendaciones de Naciones Unidas: el Partido Socialdemócrata, del que es parlamentaria Judith Salazar. Lo que defiende su partido, explica a El Salto, es que los delitos contra el honor se resuelvan por vía civil y que se escuche la recomendación de Amnistía Internacional sobre el artículo 325. “Nos quedamos solos”, resume.

Salazar, que también es jurista, no conoce ningún otro caso en el país donde se haya utilizado este artículo contra activistas. Este periódico de ha puesto en contacto con el Ministerio de Interior del Gobierno de Andorra para saber si sus estadísticas recogen algún precedente, sin haber obtenido respuesta.

Lo que quiere el Obispo

Andorra es uno de los pocos estados en el mundo con una prohibición total del aborto en vigor. En Europa, solo comparte esta postura con Malta. La dificultad para hacer realidad la despenalización del aborto en este país se explica, entre otros factores, por una peculiar forma de organización del Estado que incluye dos copríncipes cuya existencia se remonta al siglo XIII: uno es el presidente francés y el otro es obispo de la Seu d’Urgell. 

El obispo de Urgell y copríncipe, Joan-Enric Vives, ha dado a conocer en diferentes ocasiones su opinión sobre el aborto y ha llegado a asegurar podría renunciar al cargo de copríncipe si se despenalizase, algo que a entender de los partidos conservadores, pondría en jaque la estabilidad del país. 

La frontal oposición del obispo de Urgell y copríncipe, así como la supuesta inconstitucionalidad, son las excusas que han servido para esquivar el debate sobre la despenalización del aborto en Andorra

Sin embargo en la última legislatura ha habido pequeños gestos. En 2019, el jefe del Ejecutivo andorrano, Xavier Espot, se pronunció —forzado por una pregunta del Partido Socialdemócrata— a favor de mantener un debate sobre la despenalización del aborto. Pidió, recuerda Salazar, que este debate fuera “más discreto” y esto motivó la creación de una mesa de trabajo. Sin embargo, dice Salazar, la mesa solo se ha reunido a petición del Partido Socialdemócrata, hay un partido —Terceravia, un partido ultraconservador al estilo de Vox— que se niega a asistir y los avances son nulos.

En esa mesa, el Partido Socialdemócrata pretende que se sienten las bases para despenalizar al aborto en tres supuestos. “Mi partido es feminista y lo que defiende es el aborto libre seguro y en casa, pero entendemos que sería un avance la despenalización en tres supuestos, que es lo que nos están pidiendo organismos internacionales”, explica Salazar en referencia a las recomendaciones de Naciones Unidas.

Sin embargo, los intentos de despenalización en el país se topan siempre con el mismo muro: la supuesta inconstitucionalidad que supondría una despenalización, ya que la Constitución recoge “el derecho a la vida en todas sus fases”, un concepto de inspiración católica.

“Sistemáticamente se nos dice que no por el conflicto que podría generar con el principado y porque la posible inconstitucionalidad”, lamenta Salazar, que cree esto es una excusa. Para empezar, Salazar mantiene que un informe jurídico encargado por el propio Gobierno argumenta que una interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 podría ser compatible con la “defensa de la vida en todas sus fases” que recoge la Constitución. Además, existe un Tribunal Constitucional que sería quien tendría que resolver un recurso de inconstitucionalidad, si se diera el caso.  

“Quien representa la soberanía popular es el Parlamento, y si existe mayoría en el Parlamente para hacerlo, se deben llevar a él cuestiones de interés social: el copríncipe no puede decir lo que se puede decidir o no en el país”, lamenta Salazar.

Mientras tanto, Vanessa Mendoza Cortés espera la fecha de su juicio por difamar a las instituciones de Andorra. La activista valora positivamente las redes que Stop Violències ha logrado tejer fuera de Andorra y la visibilidad que está teniendo la situación de los derechos reproductivos en el país. “Para Vanessa, este caso es una espada de Damocles”, dice Mónica Costa Riba, desde Amnistía, que pone en valor la valentía de la activista para continuar con el trabajo de la asociación, a pesar de todo.

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