En cinco comunidades autónomas se cuentan con los dedos de una mano los abortos realizados en la sanidad pública; en total, 90.189 mujeres en 2021, una de las cifras más bajas de la última década
Hace apenas 12 días que el Congreso aprobó la reforma de la ley del aborto, que recupera el derecho de las menores de 16 y 17 años a interrumpir voluntariamente sus embarazos sin consentimiento paterno y que impulsa que estos procedimientos se realicen en la sanidad pública. Con la resaca de una votación que ha desbloqueado uno de los compromisos del Gobierno de coalición, y a la espera de su paso por el Senado, el Ministerio de Sanidad ha publicado este martes el número de abortos realizados en centros públicos y privados: en total, 90.189 mujeres interrumpieron sus embarazos en 2021, una de las cifras más bajas de la última década.
Esta cifra es superior a la del año anterior, pero el 2020 de la pandemia alteró todos los conteos y estadísticas oficiales. También este. “Hubo un cambio en las conductas sexuales y reproductivas en la medida que estábamos aislados en casa y las relaciones sexuales de la gente más joven eran más complicadas”, apunta la presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García. Aquel año se realizaron 88.269 abortos.
Pese a este aumento interanual, la tendencia es descendente. “Consideramos que en estos 10 años hay un cambio cualitativo, con una disminución progresiva de los embarazos no deseados, que es lo problemático”, señala García. Un comentario que comparte la la portavoz de la Federación de Planificación Familiar, Raquel Hurtado: “Aunque haya habido este aumento [respecto a 2020], es ligero y para nada significativo. Lo que vemos es una tasa estable, que se ha mantenido”.
Los números son tajantes y muestran una realidad que el Gobierno trabaja en revertir: la mayoría de los abortos siguen produciéndose en centros privados, ya sean puros o concertados con la Administración. Y ocurre pese a que el 71% se informaron en un centro público. En 2021, el último año con datos disponibles, pasaron por una consulta privada el 84% de las mujeres que optaron por interrumpir sus embarazos. Es una cifra elevada, pero levemente inferior a la de años anteriores. En 2020 fueron el 85%; en 2019, el 86%.
Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, en los años anteriores, hasta 2012, los abortos en centros privados han ido bajando en torno a un punto porcentual cada año. Como es lógico, a medida que uno desciende, el otro aumenta: las interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales o centros de salud públicos han ido creciendo. Y aunque no ha habido grandes saltos, la curva es clara, como puede apreciarse en este gráfico.
El año pasado, solo el 16% de mujeres que abortaron lo hicieron en la sanidad pública. Los obstáculos para acceder al aborto que asociaciones y partidos políticos han puesto en la agenda en los últimos meses, al calor del debate legislativo sobre la nueva norma, han hecho que miles de mujeres hayan tenido que salir de sus provincias para interrumpir su embarazo.
“Cualquier aumento en las tasas de abortos realizados en hospitales siempre son buenas noticias, porque eso significa que estamos cumpliendo con la ley, que dice que, salvo excepciones, son los hospitales los que deben hacer los abortos”, indica Hurtado, que califica el incremento en esta casilla de “anecdótico”.
La reforma de la ley de 2010 aprobada en el Congreso con el apoyo de los socios habituales de la coalición y el ‘no’ del PP, Vox y Ciudadanos pretende blindar el acceso a este derecho en la sanidad pública. En la nueva redacción, que debe pasar el trámite del Senado, se establece que todas las intervenciones deberán llevarse a cabo “en un centro sanitario público” y solo “excepcionalmente” en uno privado. Para garantizarlo, la norma contempla, entre otras cosas, una regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
“Debemos poner el foco en las comunidades autónomas en las que no se está realizando ningún aborto en el circuito público”, incide Hurtado. En 2021, este fue el caso de Aragón, donde se realizaron 1.909 abortos en centros extrahospitalarios privados, pero ninguno en la sanidad pública. Ocurre algo similar en Extremadura, donde no se realizaron interrupciones voluntarias del embarazo en centro públicos; en Castilla-La Mancha, donde solo se practicó uno; en Murcia; o en la Comunidad de Madrid, donde solo se hicieron dos de 15.188.
“Por supuesto se realizan interrupciones [en estas comunidades], pero no en el circuito público, conociendo como conocemos que hay situaciones de objeción de conciencia colectiva, a veces de un servicio entero, un hospital entero o una comunidad autónoma entera”, señala la portavoz de la Federación de Planificación Familiar. La nueva ley garantizará que no se produzcan estas objeciones de conciencia masivas, que en la práctica impiden el acceso con garantías y de forma equitativa a este derecho en la sanidad pública. Lo hace mediante la creación de un registro y la obligatoriedad de que en todos los centros públicos haya siempre profesionales que puedan brindar el servicio sin obligar a las mujeres a realizar un peregrinaje por otros recursos o provincias.
Actualmente, hay dos métodos para realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Por un lado está el instrumental o quirúrgico. Es el que eligen la mayoría de mujeres, aunque ha pasado del 90% en el año 2011, al 62% en 2021. Por otro, el farmacológico, que consiste en la toma de una combinación de pastillas. Aunque no hay un consenso sobre si esta técnica puede alargarse más, suele utilizarse hasta la semana 9 de gestación. Hasta el 90% de los abortos se producen antes de ese momento.
Desde ACAI denuncian que en los centros públicos los abortos se realizan “directa y exclusivamente por el método farmacológico”, poniendo el ejemplo de Catalunya y Balears, mientras “en centros especializados se ofrecen todas las técnicas”. El informe de Sanidad recoge que la sanidad pública sí realiza abortos instrumentales aunque, en comparación, el número es mucho menor, pese a que el total es claramente mayor. “Como la mayor parte de los abortos se realizan en las primeras semanas, puede parecer que solo se hacen farmacológicos”, aclara Hurtado.
El gráfico anterior es claro respecto a las técnicas en función de la titularidad del centro. Según los datos de Sanidad, el 97% de los abortos que se realizaron en la pública fueron farmacológicos, frente al 17% de la privada. En cualquier caso, desde la asociación de clínicas reclaman que también la pública permita a las mujeres elegir el método que quieran. “Son técnicas tan distintas que conviene que la mujer, informada, pueda decidir. Además, se deben hacer en el mismo espacio y el mismo lugar para que la accesibilidad sea la misma”, reclama García.
