Más de dos docenas de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses, desde la iglesia Episcopal Church y Union for Reform Judaism hasta Mennonites y Unitarian Universalists, presentaron una demanda en un tribunal federal el martes desafiando una medida de la administración Trump que da a los agentes de inmigración más libertad para realizar arrestos en iglesias.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Washington, sostiene que la nueva política está difundiendo el miedo a las redadas, lo que reduce la asistencia a los servicios religiosos y otros programas valiosos de la iglesia. El resultado, dice la demanda, infringe la libertad religiosa de los grupos, es decir, su capacidad para atender a los migrantes, incluidos aquellos que están en los Estados Unidos ilegalmente.
“Tenemos inmigrantes, refugiados, personas que están documentadas y no documentadas”, dijo el Reverendísimo Sean Rowe, el obispo presidente de la iglesia, Episcopal Church.
“No podemos adorar libremente si algunos de nosotros estamos viviendo con miedo”, le dijo a la Associated Press. “Al unirnos a esta demanda, estamos buscando la capacidad de reunirnos y practicar plenamente nuestra fe, para seguir el mandato de Jesús de amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos”.
La nueva demanda repite y amplía algunos de los argumentos presentados en una demanda similar presentada el 27 de enero por cinco congregaciones cuáqueras y posteriormente se unieron la Cooperative Baptist Fellowship y un templo sij. Actualmente está pendiente en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Maryland.
Los demandados en la nueva demanda son el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, y sus agencias de aplicación de la ley de inmigración. La secretaria asistente de asuntos públicos del DHS, Tricia McLaughlin, ofreció esta respuesta por correo electrónico: “Estamos protegiendo nuestras escuelas, iglesias y estadounidenses que asisten, para impedir que delincuentes extranjeros y pandilleros exploten estos lugares y se refugien allí porque estos delincuentes sabían que bajo la administración anterior, las fuerzas del orden no podían entrar”.
“La directiva del DHS da a nuestras fuerzas del orden la capacidad de hacer su trabajo”, agregó.
Un memorándum presentado el viernes por el Departamento de Justicia, oponiéndose al impulso de la demanda cuáquera, describió argumentos adicionales que también pueden aplicarse a la nueva demanda.
En esencia, el memorándum sostuvo que la solicitud de los demandantes para bloquear la nueva política de aplicación se basa en la especulación de un daño hipotético futuro, y por lo tanto no es suficiente para emitir una orden judicial.
El memorándum dijo que la aplicación de la ley de inmigración que afecta a las iglesias había sido permitida durante décadas, y la nueva política anunciada en enero simplemente dijo que los agentes de campo, utilizando “sentido común” y “discreción”, ahora podrían realizar operaciones sin la aprobación previa de un supervisor.
Una parte de ese memorándum podría no aplicarse a la nueva demanda, ya que argumentó que los cuáqueros y sus compañeros demandantes no tienen base para solicitar una orden judicial nacional contra la política de aplicación revisada.
“Cualquier reparación en este caso debe adaptarse únicamente a los demandantes nombrados”, dijo el memorándum del DOJ, sosteniendo que cualquier orden judicial no debería aplicarse a otras organizaciones religiosas.
Los demandantes en la nueva demanda representan una franja mucho más amplia de fieles estadounidenses, incluidos más de 1 millón de seguidores del judaísmo reformista, los aproximadamente 1,5 millones de episcopales en 6700 congregaciones en todo el país, casi 1,1 millones de miembros de la iglesia Presbyterian Church (EE. UU.) y los aproximadamente 1,5 millones de miembros activos de la Iglesia African Methodist Episcopal Church, la denominación predominantemente negra más antigua del país.
Entre los otros demandantes se encuentran la iglesia Christian Church, con más de 3000 congregaciones; la iglesia Church of the Brethren, con más de 780 congregaciones; la Convención Bautista Hispana de Texas, que abarca alrededor de 1100 iglesias bautistas hispanas, entre varias más.
“La escala masiva de la demanda será difícil de ignorar”, dijo Kelsi Corkran, abogada con la institución, Institute for Constitutional Advocacy and Protection, en la universidad llamada Georgetown University, de la demanda.
Los demandantes se unieron a la demanda, dijo, “porque sus escrituras, enseñanzas y tradiciones ofrecen unanimidad irrefutable sobre su obligación religiosa de abrazar y servir a los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes en su medio sin tener en cuenta la documentación o el estatus legal”.
Antes del reciente cambio en la administración Trump, Corkran dijo que los agentes de inmigración generalmente necesitaban una orden judicial u otra autorización especial para realizar operaciones en iglesias y otros “lugares sensibles” como escuelas y hospitales.
“Ahora es ir a cualquier parte, en cualquier momento”, dijo a AP. “Ahora tienen amplia autoridad para abalanzarse, han dejado claro que atraparán a todas las personas indocumentadas”.
Citó un incidente reciente en el que un hombre hondureño fue arrestado fuera de la iglesia de su familia en el área de Atlanta mientras se celebraba un servicio en el interior.
La demanda incluye detalles de algunos de los demandantes sobre cómo podrían verse afectadas sus operaciones porque la gente podría temer participar en los servicios o recursos que ofrecen.
La Conferencia de Obispos Católicos de los EE. UU., que dirige la denominación más grande del país, no se unió a la demanda, aunque ha criticado las medidas enérgicas de Trump contra la migración. El martes, el papa Francisco emitió una importante reprimenda al plan de deportación, advirtiendo que la expulsión forzosa de personas simplemente por su estatus migratorio ilegal las priva de su dignidad inherente y “terminará mal”.
Muchos líderes religiosos conservadores y expertos legales en los EE. UU. no comparten las preocupaciones sobre la nueva política de arrestos.
“Las iglesias son para el culto y no son santuarios para actividades ilegales o para albergar a personas que se dedican a actividades ilegales”, dijo Mat Staver, fundador de la organización legal cristiana conservadora Liberty Counsel.
“Los fugitivos o criminales no están inmunes a la ley simplemente porque entren en un lugar de culto”, dijo por correo electrónico. “Esto no es una cuestión de libertad religiosa. No hay derecho a violar abiertamente la ley y desobedecer a las fuerzas del orden”.
La profesora Cathleen Kaveny, que enseña en el departamento de teología y en la facultad de derecho de Boston College, cuestionó si los demandantes ganarían con el argumento de la libertad religiosa, pero sugirió que la administración Trump podría no ser prudente al ignorar la visión tradicional de las iglesias como lugares de santuario para personas vulnerables.
“Estos edificios son diferentes, casi como embajadas”, dijo. “Pienso en las iglesias como pertenecientes a un país eterno”.
Se utilizó inteligencia artificial generativa para traducir el contenido original del inglés al español. El texto fue revisado por una periodista de habla hispana.
