La derecha ha movido ficha, a cargo de seis de un total de nueve jueces de la Corte Suprema, tres de ellos nombrados por Trump, miembros vitalicios de un órgano no elegido, determinando qué pueden hacer las personas con su cuerpo y qué no. Si esto no es un indicio del ascenso de la derecha, de un cambio cualitativo de la relación de fuerzas, ¿qué otra cosa es?
Desde que se legalizó el momento Roe, la derecha ha ido construyendo sus fuerzas y sus ideas, condenadas al ostracismo por el movimiento por los derechos civiles y las luchas contra la opresión que impulsó. La derecha ha empleado una estrategia de ataque a las clínicas abortistas, a sus proveedores y pacientes, combinando el escarnio de extrema derecha con una labor legislativa en determinados Estados, y la movilización en la calle con el poder político. Su ardua labor ha dado sus frutos. No se trata de un desliz, o de un revés momentáneo en la marcha de la historia hacia la justicia, y sitúa las tareas de la izquierda en una perspectiva urgente. La izquierda se halla en una posición débil frente al ascenso de la derecha y es preciso reconstruirla.
En nuestra labor de reconstrucción, la defensa sin complejos de la autonomía del propio cuerpo, del acceso al aborto como derecho humano, debe situarse en el centro de nuestro proyecto frente a los ataques frontales de la derecha. Hacerlo significa pensar seriamente sobre nuestras demandas y nuestros objetivos si queremos recuperar terreno perdido, por no decir avanzar mas allá de las limitaciones de la propia sentencia Roe.
La mayoría de la Corte Suprema ha dictado sentencia sobre la base de que la constitución no dice nada del aborto y de que por tanto este no está amparado por la ley federal. Las ramificaciones de esta decisión son inmediatas. Ocho de trece Estados que ya tenían leyes pendientes de entrar en vigor en caso de revocarse Roe han prohibido el aborto sin más, en ellos las clínicas han cancelado los trámites y las personas que querían abortar temen por su futuro.
Hemos vuelto a la época en que los Estados esgrimían sus derechos y argumentos a favor de la esclavitud, y después a favor de las leyes segregacionistas de Jim Crow, antes del surgimiento del movimiento por los derechos civiles. Ahora, los Estados darán la batalla en la esfera legislativa: ¿debe ser legal el aborto? ¿Perderán médicas y enfermeras sus licencias si siguen practicando abortos? (Y si los practican, ¿cómo afectará a la atención médica?) ¿Criminalizarán a la gente y se ofrecerán recompensas para quienes faciliten información sobre personas que reivindiquen ilegalmente su autonomía sobre su propio cuerpo? ¿Quebrantará la gente la ley públicamente y pregonándolo, o el miedo y la amenaza son demasiado fuertes para que se atreva?
Una nueva generación en Estados Unidos está a punto de vivir las consecuencias de las prohibiciones del aborto. Prohibiciones que sabemos que no impedirán que las mujeres traten de abortar cuando no quieran tener un hijo. Incluso en los casos menos malos, estas prohibiciones comportarán muertes, infecciones, denuncias y un acceso privilegiado a la atención sanitaria para las personas ricas que buscan un aborto frente a las pobres, siendo las personas de color las que se verán afectadas de forma desproporcionada. No tenemos que mirar la historia anterior a 1973 para saber qué pasará. Basta con ver lo que ocurre en cualquier país del mundo en el que el acceso al aborto está restringido: el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte, una crisis de salud pública sancionada por el Estado.
Es cierto que ahora tenemos acceso potencial a más formas médicas de aborto, como la píldora abortiva ‒utilizada por primera vez en 1979‒ y el misoprostol ‒un AINE utilizado para tratar las úlceras y que se sabe que puede interrumpir un embarazo de forma segura con determinadas dosis‒. En general, son mucho más seguros que los abortos quirúrgicos clandestinos y podrían distribuirse y conseguirse más fácilmente. De hecho, se han desarrollado muchas redes para facilitarlos por correo y por medio de nuevas empresas médicas virtuales. Existen fondos para el aborto que proporcionan dinero a las personas que ahora necesitan viajar. Nuevos proveedores de servicios de aborto ayudan a las personas a obtener citas más allá de las fronteras estatales.
Estas respuestas de emergencia son de vital importancia y deben ir acompañadas de demandas a nivel estatal y nacional. Podemos prever que más personas traten de provocarse un aborto o de someterse a un aborto clandestino por miedo, aunque exista tecnología para evitarlo. Se cuestionará la legalidad de la ayuda y la incitación a abortar, ya sea por correo, con megafonía o de forma clandestina. Se intentará infundir miedo y amenazar con causas penales a las personas que presten esta ayuda. En este contexto, la ayuda mutua y la asistencia individual es un acto político. Cuanto más lo hagamos públicamente y en abierto desafío, más se podrá visibilizar y adquirirá credibilidad, lo que es difícil de hacer en el contexto de Estados que buscan la criminalización. Pero cuanto más se vea nuestra respuesta, mejor, no sea que nos refugiemos en la miseria individualizada y en una aceptación inaceptable del nuevo statu quo.
Si bien la pérdida de vidas y el sufrimiento humano son la consecuencia más aguda de toda prohibición del aborto, el impacto de esta decisión tendrá un alcance mucho mayor. La visión del mundo de la extrema derecha se basa en el restablecimiento de los roles de género tradicionales, lo que implica que las mujeres pertenecen a sus maridos y que está en tela de juicio la existencia de personas trans/no binarias. Está vinculada a una ideología nacionalista que se construye sobre la base de la negación de la alteridad, la defensa del Estado-nación y el ataque a las minorías raciales, religiosas y étnicas, así como a las personas woke que quieren poder expresar una forma variada de identidad de género, por problemas económicos y sociales. Es una política de dominación y subyugación de las minorías.
Hay una razón por la que todos los proyectos de extrema derecha en el mundo tienen la restricción del aborto como un pilar central de su programa. Tiene que ver con el control de la natalidad, produciendo más trabajadoras y trabajadores ‒y por tanto más competencia entre ellas y ellos‒, pero también un mayor recurso a la reproducción social privatizada de la infancia. Esto ayuda a explicar la flagrante contradicción entre la devoción por el feto y el cuidado y la atención que se presta realmente a su vida futura.
Las mismas personas que se oponen al aborto suelen apoyar programas claramente racistas, xenófobos y contrarios a la clase trabajadora, prometiendo una mayor miseria cuando el feto se convierte en un ser humano. Las restricciones a la autonomía del cuerpo no solo afectan a las decisiones individuales, sino a toda la esfera social. Hemos de entender los derechos reproductivos ‒desde el aborto hasta la atención prenatal, pasando por los servicios sociales, la financiación de las escuelas, el acceso a un salario digno y a una guardería socializada, y el no verse obligada la mujer a dar a luz mientras está en la cárcel‒ como parte de un contexto social más amplio y de una visión del mundo más amplia, disputada entre la derecha y la izquierda.
Sin embargo, a pesar de la calamidad que ha desencadenado la sentencia Dobbs, y del precedente que sienta para socavar el derecho al matrimonio homosexual, la autonomía de género, la protección contra la violencia sexual y otros, es cierto que la mayoría de la gente en Estados Unidos ‒el 61 %‒ opina que el aborto debería ser legal, frente a tan solo el 46% cuando se decidió el caso Roe contra Wade en 1973. Aquí llegamos al meollo de la cuestión estratégica, sobre lo que vamos a hacer para revertir este ataque, y cómo.
En primer lugar, si bien el apoyo en las encuestas es un indicador de lo que es posible, en ausencia de movilizaciones, luchas, huelgas y movimientos no influye en las políticas públicas. Y no debemos engañarnos, la opinión pública no se mantiene para siempre. Si hace 49 años menos gente apoyaba a Roe, es posible que la opinión pública retroceda a medida que las prohibiciones del aborto se normalicen. Por supuesto, esto se verá matizado por la realidad vivida de lo que significa que el acceso al aborto esté restringido, y el desarrollo de nuevas organizaciones y luchas a raíz de la nueva relación de fuerzas. Pero la opinión pública por sí sola no puede cambiar la realidad del predominio de las minorías.
Hemos de entender que hay una razón por la que la derecha ha sido tan capaz de utilizar las instituciones del Estado de un modo que la izquierda no ha conseguido. Buscan el predominio de las minorías en un sistema constitucional creado para defender ese predominio, para protegerlo de la democracia real. Y sus políticas encajan muy bien con una clase dominante y un programa minoritario, mientras que la medicina socializada, por ejemplo, no lo hace.
Sean cuales sean las tácticas que desarrollemos en este nuevo y terrible momento, tenemos que ser honestas y claras sobre el hecho de que las instituciones de este país están amañadas contra nosotras. El sistema está diseñado para que no funcione. En este contexto, ¿qué tipo de soluciones se pueden ofrecer desde arriba? Con el tribunal atrincherado como está, con los Demócratas entregados al oportunismo, evasivos y divididos ‒al servicio de su propia base en la clase dominante‒, ¿qué reforma se puede practicar en las estructuras existentes del Estado para recuperar el derecho al aborto? Por mucho que los Demócratas intenten aprobar nuevas leyes, ¿podrían mantenerse sin una movilización popular frente a las promesas de revancha del juez Clarence Thomas?
Hemos de rechazar toda ilusión sobre una solución a corto plazo. Esta es una batalla generacional. El punto de partida tiene que ser un cambio del orden constitucional vigente, como hicieron en Chile, y como hicieron los movimientos por los derechos civiles, abolicionistas y sufragistas en este país en siglos pasados. A partir de ahí, hablemos de las tácticas, los pasos siguientes y las infraestructuras de disidencia que se pueden construir en torno a las campañas y demandas inmediatas. Tal vez los llamamientos de Alexandria Ocasio-Cortez a la impugnación de los jueces Kavanaugh y Gorsuch podrían contribuir a la reconstrucción de un movimiento nacional para asumir estas cuestiones, pero cualquier táctica debe rechazar la ilusión de que hay una solución institucional a corto plazo en este paisaje infernal antidemocrático.
Solo podemos construir lo necesario si nos centramos en lo que se requiere a largo plazo. Las estrategias legislativas y electorales no han funcionado para defender el acceso al aborto. Necesitamos una estrategia a largo plazo basada en la construcción y el mantenimiento de la resistencia masiva y una alternativa al movimiento por los derechos reproductivos dominado por los socialdemócratas.
Hay que tener en cuenta que las manifestaciones convocadas de urgencia en respuesta a Dobbs se parecieron mucho más a las protestas por el asesinato de George Floyd en 2020, que a las Marchas de Mujeres que se habían producido antes. En lugar de las típicas fotos destinadas a captar votos se congregaron multitudes enfurecidas de jóvenes de todos los colores de piel y expresaron un claro sentimiento de que los demócratas nos han fallado, que votar no es suficiente y que el statu quo es insoportable. En esas multitudes, y en una generación que no se limita a las demandas aptas para ser debatidas en el Congreso, hay esperanza y hay una base para reconstruir las fuerzas que permitan recuperar la autonomía del cuerpo y toda la política que la acompaña.
Cuando nos enfrentemos a la extrema derecha fuera de las clínicas, cuando nos manifestemos, cuando exijamos la deslegitimación de los tribunales y del propio sistema político, nos dirán que nuestras demandas no son realistas y que están haciendo más daño que bien. Solo hay que pensar en la respuesta a la principal demanda de la revuelta tras el asesinato de George Floyd. la de retirar la financiación de la policía, cuando los socialdemócratas, que ahora dicen que les importa un bledo cuando un negro es asesinado por el Estado, dirigieron el ataque contra el movimiento a base de la política de austeridad y unos presupuestos policiales hinchados en una ciudad tras otra.
Cuidado con las fuerzas que dicen que nuestras demandas son demasiado radicales, o que no son suficientemente realistas. La izquierda socialista tiene que organizarse en torno a lo que haga falta para asegurar nuestros derechos, como mínimo. Debe rechazar con firmeza todo intento de acomodar nuestras demandas a una estrategia que tiene gran parte de la culpa del curso de los últimos cuarenta años, de cómo hemos llegado hasta aquí.
Para aclararse con respecto a una estrategia de la izquierda, las radicales, feministas y socialistas verán que en este momento se requieren diferentes condiciones y demandas de un Estado a otro. Todo el mundo necesita involucrarse en la defensa del aborto y en los esfuerzos de ayuda mutua como primer paso. A partir de ahí existe la posibilidad de crear espacios nacionales para mantener estos debates, de modo que podamos trabajar para desarrollar redes nacionales y un movimiento nacional fortalecido. Debemos vincular el trabajo urgente de ayudar a la gente a acceder al aborto y resistir la represión del Estado, con las demandas políticas que exponen y apuntan a las instituciones en bancarrota de este país. La izquierda socialista debe liderar la proyección de una estrategia que se niegue a permitir que el funcionamiento democrático extremadamente limitado de esas instituciones en quiebra limite nuestros objetivos y demandas.
