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Educación sólo debatirá con la Iglesia sobre el futuro de la clase de Religión

El Ministerio de Educación no debatirá con la Conferencia Episcopal sobre la situación laboral de los profesores de Religión, toda vez que el Gobierno entiende que la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación (LOE) automáticamente incluye a estos docentes en el Estatuto de los Trabajadores, con lo cual, a partir del próximo curso, cualquier remoción (despido) de estos profesores habrá de estar «ajustada a derecho».

 

En otras palabras: como adelantó ABC, los obispos habrán de justificar toda no renovación de los contratos. En la actualidad la Iglesia no estaba obligada a dar razones del cese.

Así las cosas, la próxima reunión de la Comisión Técnica Educación-Iglesia para abordar los desarrollos de la LOE, que se celebrará el 29 de junio en la sede ministerial, únicamente tendrá como orden del día el debate sobre el futuro de la asignatura de Religión y su alternativa. El encuentro, anunciado por fuentes ministeriales, podría tener continuación en julio.

Disparidad de criterios

Aunque ambas partes trataron de hacer ver que la reunión del pasado 25 de mayo transcurrió dentro de la normalidad, lo cierto es que durante la misma no se llegó a ningún acuerdo, constatando únicamente la disparidad de criterios entre Gobierno e Iglesia en esta materia. De hecho, tal y como señalan responsables ministeriales, los miembros del Episcopado eludieron dar una rueda de prensa conjunta en el Ministerio de Educación, tal y como estaba previsto, convocando a los periodistas una hora después en la sede de la Conferencia Episcopal.

Durante aquella reunión, la primera desde que a finales de julio los obispos dieran por cerradas las negociaciones con el Gobierno después de que éste aprobase en Consejo de Ministros la LOE, se habló fundamentalmente del estatus laboral de los profesores de Religión. En la misma, la Iglesia defendió la vigencia de los Acuerdos de 1979 en materia de contratación y renovación de los contratos (que no obliga al Episcopado a dar razón alguna de la remoción de los mismos), mientras que el Ministerio adujo que, en virtud de la disposición adicional tercera de la LOE, de aplicación inmediata, no se iba a aceptar ningún cese de estos docentes que no estuviera justificado.

Por otro lado, el diputado socialista y presidente de la Fundación Cives, Victorino Mayoral, afirmó ayer que ni la Iglesia católica ni el Estado tienen legitimidad para obligar a los alumnos que no deseen la clase de religión confesional a recibir una asignatura alternativa. Mayoral aseguró que en nuestro país la libertad religiosa y la de conciencia están garantizadas, pero en la cuestión de la igualdad entre las distintas confesiones y creencias existen «grandes limitaciones».

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