La Conferencia Episcopal está obligada a rectificar su inacción ante los casos de abusos sexuales perpetrados por eclesiásticos.
El sufrimiento que causan los abusos sexuales va unido a menudo a la incredulidad, el silencio o el rechazo por parte de las personas o instituciones a las que acude la víctima para denunciar la agresión. Es el caso en el que se encuentran numerosos ciudadanos cuyos agresores pertenecían a la Iglesia católica. Al acudir a su jerarquía han chocado sistemáticamente durante años con un muro de silencio o, en casos excepcionales, con buenas palabras y falsas promesas. El resultado de esta actitud obstruccionista ha sido, por un lado, una ausencia completa de justicia —y todavía menos de reparación— y, por otro, una impunidad práctica tanto para los agresores como para quienes les han encubierto.
En octubre de 2018, EL PAÍS comenzó a publicar la que es la mayor investigación realizada sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en España y que abarca desde los años cuarenta hasta la actualidad. Un trabajo riguroso donde se ha aplicado un criterio restrictivo que se inició con la publicación de 34 casos y que, hoy en día, abarca ya más de un centenar. Este periódico ha puesto en marcha la única contabilidad de referencia de casos conocidos en España, también publicados por otros medios, y en este momento ascienden a 364 casos y 956 víctimas, 10 veces más que hace tres años. Durante este tiempo otros centenares de víctimas de abusos perpetrados por clérigos o en el entorno de la Iglesia se han puesto en contacto con este periódico a través de un correo electrónico habilitado a tal efecto. Personas, no necesariamente lectores, que han visto finalmente una instancia donde al menos poder ser escuchadas con objetividad y sin prejuicio alguno. Es un primer paso imprescindible que la jerarquía eclesiástica les ha negado sistemáticamente.
Bajo el principio de que la labor periodística es un servicio a la sociedad y ante la evidente pasividad demostrada hasta el momento por la jerarquía católica española, EL PAÍS ha hecho llegar directamente al papa Francisco —cuya condena tajante de los abusos ha sido explícita y reiterada desde el mismo inicio de su pontificado— un informe con otras 251 denuncias formadas por relatos verosímiles acompañados de indicios creíbles. La mayoría de las órdenes religiosas presentes en España, a las que se ha hecho llegar la documentación, han confirmado que abrirán investigaciones.
Es hora de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) adopte una actitud responsable y corrija su renuencia a encargar una investigación independiente de los casos que afectan a las diócesis. Un trabajo de estas características llevado a cabo por la misma CEE estaría marcado desde el principio por la sospecha inevitable de ser juez y parte. Así lo han entendido durante los últimos 20 años las Conferencias Episcopales de Estados Unidos, Alemania o Francia que libremente han encargado a diversos organismos independientes un trabajo cuyo objetivo prioritario es hacer justicia a niños y adolescentes que vieron traicionada su confianza, primero por los abusos en sí mismos y después por el muro de incredulidad, silencio e incomprensión por parte de la institución a la que pertenecían los agresores y a la que acudieron buscando un amparo que nunca llegó.
