268 misioneras de Lumen Dei demandaron al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, y al obispo de Cuenca, José María Yanguas.
Sanz «maniobró», según la denuncia, para hacerse con las cuentas y los poderes de esta asociación y vender sus inmuebles.
El juez desestima la petición de los prelados, que consideraban que la justicia española no era competente sino la vaticana.
El 29 de mayo, dos obispos españoles se sentarán en el banquillo de los acusados. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz (considerado como uno de los prelados más ultraconservadores de nuestro país) y el obispo de Cuenca, José María Yanguas, tendrán que responder a la denuncia de 268 misioneras de la Asociación Privada Lumen Dei. Les acusan de haber usurpado la titularidad de su asociación para vender los bienes de la misma por 12,7 millones de euros.
La vista, de medidas cautelares, servirá para que el juez decida si dejar sin efecto los poderes que Sanz se atribuyó ante notario, en 2009, para liderar dicha asociación, lo que le permitió la venta de varios edificios, y el desahucio (finalmente paralizado) de varias de estas religiosas de dos pisos en Barcelona.
El Juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid ha desestimado esta semana la petición de los dos prelados para que fuera un tribunal eclesiástico del Vaticano, y no la jurisdicción civil española, la que resolviera esta demanda.
Así, Sanz y Yanguas consideraban que, en virtud del Concordato, este asunto no compete a la jurisdicción civil española, sino al Tribunal Eclesiástico de la Signatura Apostólica del Vaticano. Sin embargo, los tribunales españoles se han declarado competentes para juzgar la demanda.
Así, el magistrado sostiene que una demanda de protección del derecho fundamental de asociación, recogido en la Constitución, interpuesta por un ciudadano español –buena parte de las misioneras lo son–, contra una asociación inscrita y domiciliada en España, por hechos acaecidos en nuestro país, es competencia de la jurisdicción civil española.
«No es posible estimar una declinatoria de jurisdicción para privar del conocimiento de un asunto a la jurisdicción civil y atribuírsela la jurisdicción eclesiástica porque esta no es una jurisdicción estatal reconocida en nuestra Constitución», precisa el fallo.
Las denunciantes defienden que Lumen Dei se divide en tres organizaciones independientes aunque las tres utilicen las palabras «Lumen Dei». La primera es la Asociación Privada Lumen Dei, aprobada en Valencia en 1975 y que es la que dispone de todo el patrimonio supuestamente sustraído por Sanz. En segundo lugar, la Asociación Unión Sacerdotal Lumen Dei erigida en Cuenca en 1986. Y finalmente, la Unión Lumen Dei constituida en Cuenca en 1986, y que es la única que depende del Vaticano.
Según las misioneras, la Santa Sede nombró a Jesús Sanz comisario pontificio de la Unión Lumen Dei, aunque éste “maniobró”, con la ayuda del obispo de Cuenca para proclamarse también el líder de la asociación. Sanz, por su parte, defiende que las tres asociaciones son una misma y única Lumen Dei, y como tal él es el responsable de todas ellas.
Sin embargo, las misioneras recuerdan que Sanz no ha sido votado ni elegido por los asociados, como así establece el estatuto general de la institución, por lo que no puede destituir a los cargos que sí fueron elegidos previamente ni gestionar un patrimonio sobre el que no tiene potestad alguna.
Ventas «absolutamente fraudulentas»
¿De qué patrimonio estamos hablando? Según los afectados, Jesús Sanz ha procedido a varias ventas «absolutamente fraudulentas» de los siguientes inmuebles: el Colegio Saint Mary of Fatima de Pozuelo, cuya venta ha supuesto unos 6 millones de euros; un inmueble en la calle Maestro Ripoll de Madrid, por un montante de 3,5 millones de euros; y otro en la calle Xuclá de Barcelona, por 3 millones de euros.
Además, «utilizando el poder notarial que altera su nombramiento, el denunciado Sr. Sanz ha intervenido las cuentas bancarias de las que es titular la Asociación Lumen Dei, apoderándose de cantidades superiores a 250.000 euros que había en las mismas y colocándose el propio demandado como autorizado de las citadas cuentas bancarias», prosigue la denuncia.
Los denunciantes incluyen en la denuncia al obispo de Cuenca, la diócesis en la que estaban inscritas ambas instituciones, por haber firmado ante un notario que las tres asociaciones eran la misma y que, por tanto, Sanz Montes también podía disponer, como comisario pontificio, del patrimonio de todo lo relacionado con Lumen Dei.
En 2014, el propio Sanz denunciaba el «itinerario confuso y convulsivo» que había tomado la congregación Lumen Dei, con «formaciones rígidas e insuficientes» de sus seminaristas. Ese mismo año, un 90% de los miembros de Lumen Dei se dieron de baja, aunque continuaron trabajando en colegios y obras de la asociación ahora dividida.
En septiembre del pasado año, Sanz decidió que la Unión Lumen Dei se radicase en Oviedo, momento en que los críticos se han decidido a formalizar la denuncia ante los tribunales. eldiario.es ha intentado obtener la opinión sobre esta polémica del arzobispo de Oviedo, pero no ha obtenido respuesta.
Ni miembro ni presidente
«El demandado –se lee en la denuncia– ni es miembro de la Asociación Lumen Dei, ni ha sido elegido presidente general de la misma, ni ha sido nombrado comisario pontificio de la misma, ni es reconocido por los asociados como integrante de la asociación». Además de lo que ellos entienden como sustracción ilegal de su patrimonio, los miembros de la Asociación Lumen Dei afirman que ha dejado «las cuentas al descubierto», ha utilizado «donaciones y subvenciones» a la asociación «para fines distintos a los que estaban previstos» o «acarreado deudas con la Seguridad Social por impago» de cuotas de autónomos o la Seguridad Social de algunos de los empleados de la asociación.
Tanto es así, que varias misioneras seglares de Barcelona fueron advertidas de desahucio en octubre pasado, puesto que vivían en el edificio de la calle Xuclá que Sanz vendió, sin desalojar a las que se consideran legítimas propietarias. Dicho piso fue comprado por la inmobiliaria Barcelona Reale Estate Expertise, SL., que interpuso una demanda de desahucio para reconvertir la casa en un hotel. Por el momento, el proceso se ha paralizado.
