La congregación sigue guardando silencio sobre lo que ha averiguado del caso de Joaquín Bascuñana, ex delegado de Gobierno del PP en Murcia, que fue religioso en su juventud
El caso de Joaquín Bascuñana, ex delegado de Gobierno del PP en Murcia hasta 2015, acusado este martes de abusos por tres exalumnos del seminario de La Marina de Elche en los años setenta, cuando era hermano marista, no es el único bajo investigación en este centro. La orden investiga otro, remitido por EL PAÍS en su segundo informe sobre abusos en la Iglesia española, con 200 casos inéditos, entregado el pasado mes de junio a la Conferencia Episcopal y al Vaticano. Se trata de la acusación contra J. G. A., un hermano marista de la misma época de Bascuñana, aunque solo estuvo allí dos cursos, de 1975 a 1977. Un exalumno asegura que cometía abusos en la enfermería, donde era el encargado. Después fue enviado a misiones. El otro caso es de años más tarde, el acusado es don Antonio, el sacerdote que hacía de capellán del seminario en 1986. La diócesis de Orihuela-Alicante, de la que depende el cura, por no ser marista, abrió una investigación canónica tras recibir el primer informe de este diario de diciembre de 2021, donde estaba incluida la denuncia. El proceso ha confirmado las acusaciones y ha concluido con la suspensión del sacerdote, confirma el obispado. No obstante, la opacidad y la falta de transparencia, tanto de los maristas como de la diócesis de Orihuela-Alicante, es total en cuanto a los detalles de cada caso y lo que han averiguado en la investigación.
Respecto al caso de Joaquín Bascuñana, los maristas no han dado ninguna información hasta ahora sobre el resultado de su investigación, abierta en julio de 2021, y tras la publicación de la noticia tampoco han querido hacerlo. Pese a que ha transcurrido más de un año de la primera denuncia de uno de los afectados, la orden no se ha puesto en contacto con Bascuñana. Y tampoco ha informado a la diócesis del presunto encubrimiento del capellán del internado en aquel momento, un sacerdote diocesano llamado don Manuel, a quien uno de los alumnos denunció lo que pasaba, sin que tomara ninguna medida. La diócesis de Orihuela-Alicante lo está buscando ahora tras saberlo a través de EL PAÍS. Un canonista que prefiere guardar el anonimato afirma que este caso refleja que la Iglesia sigue cometiendo el mismo error: “Los maristas acogieron a una de las víctimas, la escucharon, pero no incoaron ningún procedimiento. Se han pasado un año sin hacer nada, a pesar de las instrucciones que marca el derecho canónico”.
El primero de los dos nuevos casos que salen ahora a la luz sitúa los abusos de J. G. A. en la enfermería del seminario. “Tenía un dispensario con dos camas. Era famoso porque, fueras por lo que fueras, dolor de cabeza, un tobillo, resfriado, daba igual, lo primero era siempre ponerte un supositorio de glicerina, y luego lo que venía después. Todos lo sabíamos y lo evitábamos”, relata este antiguo seminarista, que solo estuvo dos años en el centro porque fue expulsado. “A mí personalmente me contó lo que le pasó un compañero de Teruel, que después del supositorio empezó a tocarle. Una vez yo fui porque tenía fiebre y lo intentó, pero como ya estaba prevenido, en cuanto me tumbó y me quiso poner el supositorio, dije que no y me escapé. Luego te cruzabas con él y no decía nada, ahí quedaba la cosa. Él lo intentaba y si uno no aceptaba, se iba a por el siguiente. Todos los maristas lo sabían y lo tapaban”. Este religioso luego estuvo varios años de misionero en África. Antes y después pasó por colegios maristas de la Comunidad Valenciana. Los maristas, consultados por este diario, indican que J. G. A. ha sido apartado cautelarmente, siguiendo “lo marcado en nuestros protocolos oficiales y que incluyen, entre otras acciones, el establecimiento de medidas cautelares, mientras se desarrolla el proceso de investigación, hacia personas que son acusadas y que forman parte actualmente de la institución”.
El exseminarista considera que los maristas conocían perfectamente lo que ocurría porque había, al menos, otros dos de los que tiene buen recuerdo porque, de hecho, intentaban alejarlos de las manos de J. G. A. “Había dos hermanos que quiero destacar porque eran los únicos que intentaban protegernos. Uno se llamaba Joaquín Ferragud, y el otro, el hermano Fulgencio. Estaba claro, ahora lo comprendo, que sabían lo que pasaba y siempre que nos veían con el hermano J. G. A. nos llevaban con ellos. Este hermano daba también clase en un taller de pintura, y recuerdo que una vez, al ver que algunos nos íbamos con él, el hermano Joaquín Ferragud intervino y dijo que no fuéramos a clase, que nos fuéramos con él. Si veía alguno en el punto de mira, intervenía”.
Al igual que el relato de uno de los tres primeros denunciantes, este antiguo alumno también asegura que sufrió en el seminario “dos años de total esclavitud”. “Contemplé muchos episodios de malos tratos y de humillaciones. Me mandaban siempre a trabajar a la huerta y la granja. Tenían un terreno de más 150 hectáreas con huerta, naranjos y allí nos ponían a trabajar. Hasta nos hacían ir el 1 de septiembre para recoger la almendra, aunque las clases no empezaban hasta el 15 de septiembre”.
El segundo caso sucede ya en los años ochenta. El acusado es el sacerdote que hacía de capellán del seminario en 1986, identificado solo como Don Antonio por la víctima, que no recordaba el apellido. Esta persona informó a los maristas y supo que recibieron otras denuncias entre 1987 y 1988, pero desconoce si tomaron medidas. Al ser un cura diocesano, no un marista, dependía del obispado de Orihuela-Alicante, que tras recibir la información de EL PAÍS en 2021 abrió una investigación canónica. Identificó al sacerdote, ya anciano, lo apartó y envió la documentación al Dicasterio de la Doctrina de la Fe, el órgano disciplinario del Vaticano, según confirma la diócesis. “Se recibieron el pasado 21 de junio las indicaciones al respecto. Actuamos conforme a ellas, estableciendo las medidas disciplinares al respecto, que incluyen la suspensión del ministerio”, concluye.
No obstante, la transparencia de la diócesis es mínima. Preguntada por este diario, no aclara el nombre completo del cura, ni los destinos y parroquias por las que pasó. Tampoco explica cómo actuó la diócesis en 1986, cuando los maristas ya tuvieron conocimiento de los abusos. El obispo en aquella época era Pablo Barrachina y Estevan. No aclaran si el sacerdote fue apartado o ha seguido ejerciendo y en contacto con menores durante 25 años, hasta 2021, cuando EL PAÍS transmitió la denuncia.
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