Las religiosas fueron imputadas en el marco de una investigación sobre la retirada irregular de niños
Carmen Longarela Latas (82 años) y Carmen Vázquez Lamela (88 y en silla de ruedas) son Hermanas Franciscanas del Rebaño de María y están investigadas —junto a su anterior superiora, Isabel Torres, además de funcionarios del Servicio de Menores de la Xunta de Galicia, médicos y trabajadores sociales— por la supuesta retirada irregular de niños a sus padres biológicos para entregarlos en adopción. Pese a su intento de ser declaradas incapaces por la edad y su estado de salud, las dos monjas fueron imputadas en el marco de la conocida como Operación Bebé de Lugo, que reúne una docena de casos de familias presuntamente forzadas o engañadas entre la primera década y la segunda del siglo XXI para despojarlas de sus criaturas.
Las religiosas del Rebaño de María regentan el Hogar Madre Encarnación de Lugo, que mantiene un concierto con la Xunta para acoger a mujeres sin recursos en los últimos meses de embarazo o ya con bebés, y atender también casos de niños declarados en situación de exclusión. Las dos monjas que acudieron este viernes fueron citadas por la anterior magistrada del caso, Sandra Piñeiro, una causa ahora en manos del juez Sergio Orduña, en Instrucción 3 de Lugo. Las dos negaron haber tenido contacto con esos niños a los que sus madres perdieron el rastro y que fueron entregados a otras familias.
Longarela se exculpó asegurando que solo lleva en Madre Encarnación cuatro años. Lamela reconoció que llevaba 20 en la ciudad, pero afirmó, en presencia de todos los abogados de oficio que representan a los progenitores, que ella solo se dedicaba «a coser». Aunque admitió que recordaba a dos de las jóvenes que perdieron allí dentro a sus hijos. Una de estas, después de ser supuestamente presionada para firmar el consentimiento para entregar a su niña en acogida, intentó suicidarse arrojándose desde el sexto piso de un hospital en Pontevedra. A la otra, según ella misma denunció antes de desaparecer sin dejar rastro, la amenazaba un «varón ruso» para que entregase a su niño recién nacido. Ambas son extranjeras y víctimas de las mafias de trata de mujeres.
La segunda de las supuestas víctimas del robo de bebés describió a la policía en su denuncia que una monja le insistía en que el pequeño estaría mejor con otra familia, y que había dos interesadas: una «pagaba más» que la otra. Antes de esfumarse, esta chica dio una pista más. Esa monja se llamaba Carmen, aunque los letrados que investigan a duras penas las retiradas supuestamente irregulares de niños en Lugo todavía no han podido constatar de qué Carmen se trata. Si de una de las dos que declararon este viernes o de una tercera todavía sin localizar.
Además, en esta mañana de declaraciones ha pasado por el juzgado una extrabajadora del Hogar Madre Encarnación, también investigada, que ha aportado nuevos datos importantes a la causa. Victoria Silvarrey fue empleada del centro religioso de acogida entre 2002 y 2009, y niega haber tenido que ver con los procesos de adopción bajo sospecha. Este viernes ha admitido que visitó en el hospital a la mujer que se precipitó al vacío tras quedarse sin la niña y que esta, encamada y parapléjica, preguntaba por la criatura. Durante la gestación, dijo, esta madre estaba ilusionada con el bebé que iba a tener, y después, al dar a luz, lo cuidaba «muy bien». Según ella, «de un día para otro comentó que quería darla en adopción», pero que cuando se llevaron a la pequeña «estaba triste»: «Quería volver a ver a su hija».
Según la educadora, en el centro «nunca se presionó a las madres para que diesen a sus hijos en adopción», pero sí «se les informaba de las posibilidades». Este viernes ha dicho que recuerda a la joven que aseguraba ser amenazada por un hombre de nacionalidad rusa. Ese hombre, según ella, iba a visitarla al Hogar Madre Encarnación.
El sumario incluye los diarios sobre los cuidados de los niños acogidos que cubrían tanto las monjas como las empleadas. EL PAÍS ha tenido acceso a esas libretas, donde se refleja la abundante medicación que recibían algunos de los pequeños retirados a familias biológicas con pocos medios económicos para ser entregados en adopción. Según los abogados que intentan desde hace años desentrañar esta supuesta trama que salpica a la Administración autonómica y a la orden religiosa, el suministro de fármacos ha podido dejar secuelas en la salud de los menores. Además de medicinas para el asma y la bronquitis, algunos de estos pequeños, según estos diarios, recibían ansiolíticos. La trabajadora que ha declarado este viernes asegura que todos estos fármacos estaban bajo llave, custodiados por la superiora.
