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La Congregación Benedictina Sublacense-Casinense ha decretado la suspensión temporal de la vida comunitaria en la abadía de Keizersberg, en Lovaina, Bélgica, como medida disciplinaria ante acusaciones de comportamientos abusivos entre adultos.
El presidente de la Congregación, el abad Ignasi M. Fossas, OSB, ha anunciado una serie de medidas extraordinarias que afectan a varios monasterios de la región de Flandes, incluida una visita canónica extraordinaria, que se extenderá durante los próximos meses.
La declaración oficial, emitida desde Roma, contempla la suspensión de la vida comunitaria en Keizersberg y la restricción temporal del ministerio público de varios monjes. La visita canónica incluirá las abadías de Dendermonde, Affligem, Steenbrugge y Doetinchem/Slangenburg. Su objetivo, según el abad Fossas, es “verificar la situación de cada comunidad y asegurar estructuras de gobierno eficaces”.
El origen de estas decisiones se encuentra en una primera visita canónica realizada en 2022, culminada en enero de este año, y en una comisión de investigación constituida en noviembre de 2024 para abordar las denuncias recibidas.
Casos concretos y medidas adoptadas
En la abadía de Keizersberg, la comunidad fue suspendida desde noviembre de 2024 y sus cuatro monjes reubicados en otros monasterios; uno de ellos fue suspendido del ministerio diaconal por irregularidades en su ordenación y se le prohibió ejercer públicamente como monje hasta que su caso sea evaluado por el Dicasterio correspondiente. En Doetinchem/Slangenburg, el abad ha sido suspendido de su cargo y del ejercicio público del ministerio sacerdotal como medida precautoria, mientras se remite también su caso a la Santa Sede. En la abadía de Affligem no se encontraron delitos, aunque sí se detectaron dificultades estructurales y canónicas por la escasa presencia monástica.
No se trata de abusos a menores
El abad Fossas ha precisado que las acusaciones no implican abusos sexuales a menores, sino “comportamientos transgresores entre adultos”.
Asimismo, ha subrayado que las medidas adoptadas son de carácter precautorio, no punitivo, y que buscan preservar la justicia y el bien común mientras prosigue el proceso canónico.
“El ejercicio de un ministerio queda suspendido temporalmente, pero no suprimido”, explica Fossas, quien también reconoce que la situación ha puesto de manifiesto fragilidades personales y estructurales en algunas comunidades.
Colaboración con la justicia y petición de perdón
El comunicado expresa “tristeza, vergüenza y dolor por el daño causado a las víctimas”, a quienes el abad ofrece su disculpa y solidaridad.
Asegura también la disposición total de los benedictinos a colaborar con las autoridades judiciales y eclesiales.
Fossas reconoce la complejidad del proceso y, al mismo tiempo, reivindica la fidelidad y entrega de muchos otros monjes “que viven con generosidad su vocación al servicio de la Iglesia y de la sociedad”.
La disolución temporal de la comunidad de Keizersberg representa una de las intervenciones más significativas en una provincia benedictina en los últimos años, en el marco de los esfuerzos de la Iglesia por afrontar con seriedad toda denuncia de abuso y renovar sus estructuras de gobierno religioso.
