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El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, con el objetivo de promover la separación del orden político y social, respecto de los credos religiosos. Es decir, que la fe se mantenga como un acto privado de las personas y que el Estado garantice la libertad de cultos, pero sin que estos intervengan en el ámbito público.
Esta fecha fue elegida en conmemoración de la aprobación de la Constitución de la IIº República española, el 9 de diciembre de 1931 que contemplaba la separación de la Iglesia del Estado, así como de la ley del año 1905, promulgada también un 9 de diciembre, que estableció definitivamente la separación de la iglesia del Estado en Francia.
Iglesia y Estado, asunto bien atado
A mediados del siglo XIV, como respuesta al movimiento de la reforma protestante, la Iglesia Católica decidió imponer obligatoriamente a las parroquias el registro de bautismos, casamientos y entierros en cada localidad. De esta manera, se aseguraba la identificación de las familias conversas, herejes y de aquellos que apostataban de su fe católica. Esta decisión, tomada en el Concilio de Trento, que duró entre 1545 y 1563, cobró vigencia desde 1564 en el reino de España y sus colonias por disposición del rey Felipe II.
En Argentina, recién a fines del siglo XIX, esas normativas fueron cuestionadas con la ley nacional 1420 de Educación obligatoria, gratuita y laica, en 1884; la ley 1565 del mismo año que creó el Registro Civil y la Ley de Matrimonio Civil de 1888. Sin embargo, la constitución vigente hasta el año 1994 imponía el requisito de ser católico para quien ocupara la Presidencia de la Nación.
Sin embargo, con el golpe militar encabezado por José Félix Uriburu en 1930, volvió a fortalecerse el vínculo del Estado con la Iglesia católica. Luego, esos lazos se reforzaron durante la dictadura genocida encabezada por Jorge Rafael Videla, período en el que se sancionaron los conocidos decretos para subvencionar a la Iglesia católica que aún continúan vigentes.
Con la caída de la dictadura, la Iglesia igualmente se opuso a las leyes de Divorcio vincular de 1987, de Educación Sexual Integral de 2006, de Matrimonio Igualitario de 2010 y, por supuesto, a la de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada finalmente en 2020.
Pero, a pesar de haber perdido estas partidas, sobre todo en las últimas dos décadas, no solo la Iglesia católica sino también las iglesias evangélicas ganaron terreno en el Estado.
El gobierno de Eduardo Duhalde, con la crisis abierta en 2001, significó un punto de inflexión, en el que las iglesias evangélicas comenzaron a avanzar en la integración institucional al Estado, de la mano del kirchnerismo y el peronismo. Las redes de asistencia religiosa, paralelas al Estado, que tenían las distintas iglesias se anexaron a la acción estatal creando fuertes estructuras de control y contención social durante los años más críticos de crecimiento de la desocupación y la pobreza.
Con el macrismo, ganaron visibilidad. El reparto de tareas parecería ser entre los municipios, donde predominan los pastores evangélicos como funcionarios de las secretarías de Culto y otros espacios de las intendencias, mientras el mismísimo Vaticano mantiene fuertes vínculos con el funcionariado de Desarrollo Social de Nación, además de patrocinar movimientos sociales como el que dirige Juan Grabois.
Mientras siguen avanzando en los partidos tradicionales, con funcionarios y legisladores que adhieren a los sectores más fundamentalistas de distintas iglesias, también se proponen desarrollar partidos propios, como el de la diputada Cynthia Hotton, aunque aún no alcanzan el poderío que tienen en Brasil, donde transversalmente se nuclean en una bancada cristiana que fue decisiva para dar el golpe institucional al gobierno de Dilma Rousseff.
Es hora de enarbolar los pañuelos naranjas
Lejos de avanzar en la separación de la Iglesia del Estado, se fortalecen las relaciones políticas y económicas a disposición de mantener la gobernabilidad, evitar los desbordes y estallidos sociales y garantizar el orden existente. Un orden de explotación y miseria bendecido por todas las iglesias que, al servicio de los gobiernos de turno, endulzan con sermones religiosos los discursos políticos de la resignación.
Este 9 de diciembre, volvemos a repetir la demanda que se escuchó en las calles, en boca de la marea verde que peleó por el derecho al aborto: ¡Iglesia y Estado, asuntos separados! No lo solucionará ningún gobierno. Como ya sabemos, los derechos no se mendigan, se conquistan. Y éste, como los anteriores, lo haremos solo cuando pongamos en pie un gran movimiento de lucha que retome estas banderas.
