Es parte de la estrategia permanente de la jerarquía eclesiástica de introducir en la institucionalidad del Estado los signos de su fe
El 14 de mayo recién pasado la Cámara de Diputados de Chile aprobó, por 55 votos a favor y 34 en contra, institucionalizar el 25 de marzo de cada año como el Día del que Está por Nacer y de la Adopción, siguiendo la iniciativa impulsada continentalmente por la Iglesia Católica y adoptada originalmente en Argentina en 1998 bajo el nombre “Día del Niño por Nacer”. La Conferencia Episcopal de Chile en su página Web ha celebrado gozosamente este acuerdo.
En el contexto de la multiplicidad de días celebratorios religiosos del año, la oficialización de esta celebración podría pasar desapercibida, y de hecho no ha recibido mayor comentario en la prensa nacional. Sin embargo, no debe pasarse por alto que esta aprobación constituye otro golpe al pretendido Estado laico chileno, perpetrado una vez más desde la jerarquía de la Iglesia Católica, con el pleno respaldo de los partidos políticos del Gobierno de Sebastián Piñera más la gran mayoría de los diputados opositores democristianos, que se sumaron a la aprobación unánime anterior del Senado de la República. Sólo dos representantes del Partido Demócrata Cristiano, Jorge Burgos y Roberto León, se opusieron con su voto a la consumación de esta nueva ofensiva clerical.
La que puede parecer una inocua propuesta de celebración es parte de la estrategia permanente de la jerarquía eclesiástica de introducir en la institucionalidad del Estado los signos de su fe, y asentarlos en la conciencia de los ciudadanos como parte del deber ser nacional. Una vez más, la Iglesia manda a sus políticos a hacer la ley conforme a su particular doctrina, y los políticos le complacen.
La celebración del Día del que Está por Nacer y de la Adopción tiene, como es habitual en las propuestas eclesiásticas, un carácter ambiguo y oblicuo. Apunta aparentemente a celebrar la fertilidad y la esperanza que anida gozosamente en tantas mujeres y parejas que esperan ansiosas al hijo que está por nacer, lo que otorga un carácter atractivo a su formulación. Pero el objetivo eclesiástico de la celebración de este día no tiene nada de gracioso o ingenuo. Por de pronto tiene la marca religiosa del cristianismo al instituirlo en la fecha conocida en el mundo católico como Fiesta de la Anunciación, que señala la que sería la fecha de concepción de Cristo (exactamente 9 meses antes del 25 de diciembre). Pero más allá de este valor simbólico, su objetivo primordial está en establecer “el valor de la vida del que está por nacer, y unir la protección legal que rige desde el momento de la concepción con la adopción”, según lo expresado en la presentación del proyecto por el senador de Gobierno Jaime Orpis.
Los parlamentarios que votaron esta resolución bien saben que en su acuerdo están introduciendo de contrabando un precepto respecto del inicio de la vida humana, que a esta altura sólo defiende la creencia doctrinaria de la Iglesia Católica. Ellos saben que están dando un sostén institucional a los postulados eclesiásticos que niegan los derechos reproductivos de la mujer, y que se expresan en la negación a la despenalización del aborto en Chile, aún en los casos de evidente riesgo para la vida de la mujer, en contraposición al trato generalizado de esta materia en el mundo civilizado.
El acuerdo del Congreso chileno revela una vez más el enorme poder que tiene la Iglesia Católica para establecer por vía de la ley las bases para cimentar su influencia espiritual en la conciencia de los pueblos. Lo que resulta indignante es que los representantes políticos de la ciudadanía, juramentados para servir los intereses generales y permanentes del Estado, se aparten de su obligación de prescindencia en materias de fe, y contribuyan a consolidar la institucionalización pública de dogmas y creencias de una particular doctrina religiosa.
Cámara de Diputados de Chile
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