Las fuerzas de seguridad de Mauritania han detenido durante los últimos días a catorce activistas por participar en una «reunión no autorizada» en la capital del país, Nuakchot, y «promover el laicismo«, según han denunciado varias ONG.
Las autoridades arrestaron el 13 de febrero a los catorce activistas, todos ellos miembros de la Alianza para la Refundación del Estado Mauritano, en la vivienda de Mekfula Mint Brahim, miembro de la organización y presidenta de Por Una Mauritania Verde y Democrática, fundada en 2009 y dedicada a proyectos de empoderamiento de la mujer en zonas rurales.
Si bien todos ellos fueron posteriormente liberados bajo fianza un día después, volvieron a ser arrestados el 18 de febrero. Cuatro de ellos han vuelto a ser liberados bajo fianza, mientras que los otros diez permanecen bajo arresto.
Los otros nueve activistas que permanecen detenidos junto a Mint Brahim son Mini Brahim, Cheijani Cheij, Abderahmane Hadad, Ahmed Mohamed Mojtar, Ahmedu Nafi, Uzmani Bubacar, Ahmed Amar, Mohamed Haida y Mohamed Val Isaac. Entre los liberados bajo fianza está Aminetu Mint el Moctar, presidenta de la Asociación de Mujeres Cabezas de Familia.
Según la ONG Front Line Defenders, todos ellos han sido acusados de pertenecer a un grupo que promueve el laicismo, si bien no se han presentado cargos contra ellos ni han sido presentados ante un juez. La organización ha expresado su «profunda preocupación» por lo que ha descrito como «arrestos arbitrarios».
Por su parte, el director regional adjunto de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, Marceau Sivieude, ha resaltado que «el arresto de la activista Mekfula Mint Brahim y otras nueve personas es un signo negativo en un país en el que las nuevas autoridades prometieron recientemente romper con un pasado brutal en materia de Derechos Humanos».
«Las autoridades no deben buscar reprimir la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por el contrario, deberían escuchar a todas y todos y dejar que la diversidad de opiniones sea expresada de forma pacífica», ha manifestado.
En este sentido, Sivieude ha recalcado que «los mauritanos tienen derecho a participar en un debate libre sobre las cuestiones de interés público en el país». «Esto no debe dar lugar al arresto arbitrario de voces disidentes. Estas personas deben ser liberadas inmediatamente y sin condiciones o ser inculpadas de forma oficial», ha zanjado.
Durante esta misma semana, el aparato judicial mauritano ha puesto fin a los procesos contra tres importantes opositores, incluidos el empresario Mohamed Bumatu –primo del expresidente Mohamed Uld Abdelaziz– y Mustafá Limam Chafi, quien fue asesor del expresidente de Burkina Faso Blaise Compaoré, según la emisora Radio France Internationale.
Mohamed Uld Cheij Mohamed Ahmed, conocido como Uld Ghazuani, ha prometido una mejora de la situación de los Derechos Humanos en el país tras acceder al cargo en sustitución de Uld Abdelaziz tras imponerse en las elecciones presidenciales celebradas el 22 de junio de 2019.
Uld Ghazuani, hasta entonces ministro de Defensa del país, concurrió a las urnas como ‘delfín’ de Uld Abdelaziz dado que él ya había llegado al límite de dos mandatos. De esta forma, Mauritania concretó su primera experiencia de transición democrática desde la independencia del país, aliado de Occidente y bisagra entre el Magreb y el Sahel.
El país, denunciado por numerosas ONG por el mal estado de la situación de los Derechos Humanos, hace frente a una difícil situación económica, recrudecida por la falta de tierra cultivable y por una corrupción muy extendida. La situación tiene un impacto especialmente grave sobre niños y mujeres.
