Leo con alegría la sentencia que dice que el despido de la profesora de Religión Resurrección Galera fue ilegal. Que el hecho de casarse con un divorciado no era motivo de despido por parte de la Iglesia católica. Tras esa alegría llega la indignación. Resulta que la justa indemnización que le corresponde, unos 200.000 euros, la tiene que pagar la Junta de Andalucía, es decir, todos nosotros.
Nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias de una decisión, el despido, que, estoy seguro, la mayoría de la sociedad desaprobaba. Si el despido lo hizo la Iglesia católica, debería ser ella la que pagara la indemnización, es lo normal en el mundo real. Pero los obispos no viven en el mundo real. Hacen lo quieren, y si los tribunales no les dan la razón, pues aquí están nuestros impuestos para reparar sus desaguisados. Si pagaran ellos la indemnización, la próxima vez quizá lo pensarían un poco.
